El pasado 29 de diciembre se cumplieron quince años del decreto 2741 que otorgó la libertad a los ex jefes de la Junta. Hoy la situación ha cambiado. La decisión del Congreso primero y el fallo de la Corte que a mediados de este año declaró la nulidad de las leyes de impunidad aceleraron procesos que con mucha dificultad llevaron adelante los organismos de derechos humanos en cada punto del país. En este momento, existen 503 personas denunciadas en el marco de alguna causa penal por crímenes de lesa humanidad; 204 están detenidas, 50 desde el fallo de la Corte. Excepto en los casos de apropiación de menores y algún caso aislado, no hay condenas firmes por desaparición forzada de personas y homicidios, un motivo de aliento para las excarcelaciones, diez de las cuales se otorgaron este año. Durante 2006 se iniciarían los primeros juicios orales, cinco de ellos previstos en el marco de las megacausas de Capital y provincia de Buenos Aires.

Los datos surgen de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de organismos querellantes en el interior del país y de la Unidad de Asistencia a causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación a cargo de Félix Crous, desde donde acaba de concluir un relevamiento de cada una de las fiscalías del país. El cuadro contiene datos sobre causas en trámite, imputados, detenidos, prófugos, perspectivas de juicios orales durante el próximo año y necesidades de las fiscalías, en buena parte de los casos desbordadas por la tarea. Aunque con varias excepciones, los procesos contra los represores en el interior son los que poseen mayor grado de dificultad, en general trabados por el desempeño de los jueces. La reforma judicial del año 1992 que fue renovando lentamente los cuadros del Poder Judicial de la Capital Federal no tuvo el mismo impacto en las provincias, donde los juzgados en ocasiones continúan a cargo de la generación formada durante la dictadura.

Causas abiertas

Hasta hoy los registros señalan unas 1004 causas abiertas en todo el país. No todas son iguales ni siguen los mismos criterios de investigación y de colección de pruebas. Aunque muchos expedientes derivaron de causas penales impulsadas por “Juicios por la Verdad” o de las viejas causas de apropiación de menores, un gran universo derivó de la reapertura de las causas paralizadas en los ’80 y aún se halla centrado en torno a la antigua zonificación militar. Aún así crecen las reagrupaciones de causas en torno a centros clandestinos de detención como los expedientes que investigan los crímenes en Arsenales o Jefatura de Policía en la provincia de Tucumán. De acuerdo con ese criterio errante la Procuración ha elaborado el siguiente cuadro de causas abiertas:

Fuero criminal y correccional

Los números más precisos reconocen un total de 503 personas denunciadas de una u otra forma en las causas penales en curso. La mayoría formó parte del Ejército.

Poco más de 40 por ciento de ese universo está detenido y procesado. Son 204 personas, siete de ellos militares en actividad. El dato incluye a los dos últimos generales del Ejército detenidos por orden del juez federal de Azul Juan José Comparato, en el marco de la causa abierta por el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita de abril y mayo de 1976.

* Los incapaces son Emilio Eduardo Massera; ex general de Brigada Julián Capanegra imputado en la causa 450 . 14.216/03 del I Cuerpo del Ejército; ex general Juan Bautista Sasiaiñ imputado en la causa 450; Plan Sistemático de Apropiación de Menores, en la causa por la desaparición en Córdoba del estudiante Darío Hunziker y excarcelado en el caso de Javier Vildoza; ex general de división José Antonio Vaquero imputado en el expediente del Plan Cóndor y la causa por los fusilamientos del ERP en agosto de 1974 y el ex general de división Rodolfo Wehner, jefe del área III subzona Capital Federal entre 76 y 77, jefe de subzona 22 desde 1980 e imputado en la causa 450-I Cuerpo.

Los datos muestran un significativo aumento de 82 nuevos detenidos respecto de diciembre de 2004. Los presos pasaron de 122 a 204 en diciembre de 2005. En contra de lo que pregonaban algunos sectores, no hubo capturas indiscriminadas ni masivas. Todos quedaron presos en el marco de causas cuidadosamente instruidas. Los procesamientos en primera instancia generalmente terminaron confirmados por las Cámaras aunque muchos fueron apelados y aun esperan una resolución en Casación donde se hallan frenadas como en un cuello de botella causas sobre las que se ha pedido el juicio oral o la elevación a plenario, de acuerdo al viejo código de procedimiento.

Los avances en las causas de 2005, en tanto, se toparon con un dato no menor: ninguno de los detenidos está condenado, excepto en los casos que fueron juzgados por apropiación de menores como el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex médico Jorge Antonio Bergés condenados a 7 años de prisión por sustitución de identidad. Ese punto es uno de los aspectos que preocupa a la Procuración y a los organismos querellantes en las causas en miras al próximo año. Existe un buen número de represores que está detenido desde hace años sin condena y, por lo tanto, en condiciones de obtener la excarcelación. Aunque en general los jueces federales han decidido la imposición de la prisión preventiva a imputados por delitos de lesa humanidad con una interpretación tradicional del Código Procesal Penal de Nación y en función de la gravedad de los delitos imputados, desde fines del año pasado se diez nueve excarcelaciones.

Excarcelaciones

Un caso paradigmático fue el del represor Juan Carlos Rolón, parte del grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada detenido sin condena desde agosto de 2001. A pesar de un fallo en contra del juez de primera instancia y de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el 22 de junio de 2005 la sala III de la Cámara de Casación dispuso su libertad con la interpretación del carácter “restrictivo” y “excepcional” de la prisión preventiva. El marino salió en libertad en el marco de la causa por la desaparición y apropiación de bienes de Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. Pero volvió a la cárcel un mes más tarde en el marco de otra causa porque el juez federal Sergio Torres ordenó su arresto junto a otras 17 personas por el crimen de Rodolfo Walsh. Hoy diez de los nuevos detenidos tienen procesamiento firme.

A fines del año pasado, tres militares quedaron excarcelados en la causa del centro clandestino San Lorenzo de Rosario y en octubre de este año la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones dispuso el cese de la prisión preventiva de los ocho imputados en la causa en la que se investiga el plan sistemático de apropiación de menores. En su mayoría llevaban más de cinco años en prisión. Entre los beneficiados se encuentran Jorge Videla, Cristino Nicolaides, Santiago Riveros, Antonio Vañek, Jorge “el Tigre” Acosta, Jorge Olivera Róvere, Héctor Febres, Rubén Franco y Benito Bignone. Aunque solo Bignone y Franco quedaron libres –el resto continúa en prisión por otras causas–, la delicada decisión de la Sala I abre un camino difícil de zanjar con las demoras pendientes. Y exige que comiencen a realizarse lo antes posible los juicios orales.

El informe anual del Cels incluyó un párrafo sobre la resolución de la Cámara, su legitimidad, el contexto y los debates pendientes. “Las decisiones judiciales reseñadas son respetuosas del principio constitucional de inocencia y de los tratados internacionales de derechos humanos, y continúan una tendencia positiva en materia de prisión preventiva que comenzó a trazarse hace algunos años en el marco de causas no relacionadas con el terrorismo de Estado”. La exorbitante duración de los procesos penales en Argentina en los que la prisión preventiva es concebida como la condena, la desconfianza en la Justicia y los últimos veinte años de impunidad, son algunas de las razones para que estas decisiones resulten controvertidas, continúa el informe. “Para que el debate en torno al uso de la prisión preventiva sea zanjado, resulta imperioso que se lleven a cabo en forma inminente los juicios orales (o se alcance la etapa del Plenario en aquellas causas que tramitan bajo las reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal) y se condene a los responsables.”

Los fallos 2005

El dato más relevante de 2005 fue sin duda el fallo del 23 de junio de 2005 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el marco de las desapariciones de Gertrudis Hlaczik, José Liborio Poblete y la apropiación de su hija por el que está acusado el represor Julio Héctor Simón (El Turco Julián) de El Olimpo. El fallo sentó jurisprudencia y continuó la línea declarativa del Congreso al momento en el que se pronunció en contra de las leyes. La decisión tuvo varios efectos, entre ellos generó un nuevo impulso en las causas en trámite en todo el país. No por casualidad, 50 de los 82 detenidos de 2005 se dieron después del fallo.

Otro caso emblemático de 2005 fue la suspensión de dos camaristas y la exoneración de la secretaria de una fiscalía por su intervención como fiscal ad hoc en la causa por la masacre de Margarita Belén. El 13 de octubre el Consejo de la Magistratura suspendió y acusó ante el jurado de enjuiciamiento a los jueces a Tomás Inda y María Fernández, parte de la Cámara de Apelaciones de Resistencia que el 22 de julio de 2003 liberó a los diez militares imputados por la masacre con una pronunciación a favor del hábeas corpus de la defensa. En el fallo también habían declarado de forma irregular la incompetencia del juez Carlos Skidelsky que recién este año pudo retomar la causa. El 28 de abril de 2005, Skidelsky ordenó otra vez la detención de los diez militares, procesados desde el 9 de diciembre. La decisión de la Magistratura, el inicio del jury de enjuiciamiento sobre los jueces y la decisión del procurador General de la Nación sobre la fiscal Ana María Torres –exonerada por su actuación en el expediente– tuvieron efectos correctivos en el interior del país donde las causas más trabadas comenzaron a moverse.