El año empezó muy bien para Carlos Menem. La Justicia lo sobreseyó en otra de las causas que investigan su supuesta participación en hechos de corrupción durante los diez años de su gobierno: el pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles bonaerenses. En su fallo, el juez federal Jorge Urso estimó que el ex presidente y actual senador por La Rioja “no cometió delito” y que, de acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la diferencia de costos “de alrededor del 9 por ciento” –unos 25 millones de dólares– superior a los establecidos en la adjudicación está dentro de los “parámetros de flexibilidad”. La decisión judicial también benefició al ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, al ex director de Asuntos Penitenciarios Horacio Aparicio y al ex titular del Servicio Penitenciario Carlos Verón.

El día previo al inicio de la feria judicial de enero, Urso determinó la desvinculación de Menem –y del resto de los ex funcionarios procesados– en la causa por el pago de sobreprecios en la construcción de las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, en la que el ex presidente estaba imputado por supuesto fraude a la administración pública. En base a una serie de pericias realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el magistrado concluyó que la diferencia en los costos previstos y los que finalmente se pagaron es “de alrededor del 9 por ciento” y está dentro de los “parámetros de flexibilidad”. Si la medida no es apelada, la decisión quedará firme.

A pesar que la rúbrica presidencial era inusual para este tipo de contratos, Menem firmó en febrero del ’98 el decreto 203 que adjudicó la construcción de las dos unidades carcelarias al consorcio Techint Hotchief-Impregilo-Iglys, que a través de la modalidad de leasing (alquiler con opción de compra) embolsará 4.650.000 dólares trimestrales durante 15 años, más IVA e intereses. Sólo las cuotas trimestrales a lo largo de todo el contrato suman 279 millones de dólares, por lo que “una diferencia” del 9 por ciento supera los 25 millones de la misma moneda.

La causa se abrió en 2000, luego de que todos los fiscales federales recibieron una denuncia anónima que aseguraba que se pagaron sobreprecios de hasta 60 millones de dólares cuando durante su segundo gobierno, Menem llamó a licitación para construir los penales. Al asumir como secretaria de Política Penitenciaria, durante el gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich también se sumó a la denuncia y agregó que las obras se habían realizado con material de calidad mucho menor a la pactada.

Durante el expediente, se investigó la confección de pliegos de bases y condiciones para la ejecución de la construcción de los Complejos Penitenciarios I y II (Ezeiza y Marcos Paz). Entonces, Urso indagó a todos los imputados, quienes negaron el pago de sumas extras. Pero en 2004, cuando Menem fue citado a declarar, éste prefirió refugiarse en Chile y Urso solicitó su captura internacional a Interpol.

Desde el otro lado de la cordillera, el ex presidente denunció una “feroz persecución” del juez que lo encarceló en 2001, acusado de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y manifestó su temor “a pasar la vida en prisión”. Luego de numerosas escaramuzas jurídicas, Menem logró que la Cámara Federal lo eximiera de ir a la cárcel cuando regresara al país y finalmente se presentó en el juzgado, donde –a través de un escrito de su abogado Pedro Baldi– aseguró que la firma del decreto había sido una decisión política “no judiciable”. Si bien la indagatoria se concretó recién en abril de 2005, Urso decidió aguardar el resultado de las pericias para dictarle el sobreseimiento a Menem y entendió que “la conducta por la cual se lo convocó no configura delito”.

Pese a su desvinculación de este expediente, Menem aún enfrenta un panorama judicial complicado. Este año puede enfrentar un juicio oral por “omisión maliciosa” de una cuenta bancaria en Suiza en su declaración jurada. Además, puede ser llamado a declarar en las causas en la que se investigan irregularidades en el fallido contrato que le adjudicó a la empresa alemana Siemens la confección de los DNI y en la que indaga sobrela concesión del espacio radioeléctrico a la francesa Thales Spectrum. Aunque su condición de senador nacional por La Rioja le proporciona fueros parlamentarios que –salvo su desafuero– evitarían que volviera a parar a la cárcel en caso que se comprobara su culpabilidad.