Si lo que se busca es celeridad y rendimiento, “el Consejo de la Magistratura sería más eficaz sin jueces”, aseguró Beinusz Szmukler, representante de los abogados en el organismo. Según el consejero, la experiencia indica que las mayores trabas al momento de resolver sanciones a magistrados o de votar la apertura de juicios políticos suelen originarse en el sector de los magistrados. Su análisis agrega un enfoque novedoso al debate sobre la reforma que impulsa el kirchnerismo y que hasta ahora tuvo como blanco primordial de las críticas la prevalencia del estamento político que el kirchnerismo apunta a introducir en la composición del cuerpo judicial.

“Los jueces, hay que decirlo con todo respeto, son muy corporativos”, advirtió Szmukler al hacer su balance del organismo. Eso se traduce, ilustró, en la falta de sanciones disciplinarias a los magistrados y en las trabas que aparecen al momento de aprobar juicios políticos en el plenario. Pero a su entender, aclaró, Sus Señorías no actúan solos sino con “acuerdos con los legisladores”.

Szmukler explicó que en la Comisión de Disciplina los jueces son tres y su peso es fuerte, de ahí la falta de apercibimientos y multas pese a que hay cientos de denuncias. También dio ejemplos de procesos de juicio político que quedaron truncos por lo que analiza como una asociación entre jueces y políticos: “Raúl Acosta, juez de San Rafael; Luis Petra, camarista federal de Mendoza, y José Casals, juez federal de Misiones”. En esos casos, la Comisión de Acusación –que no está integrada por jueces– formuló los cargos pero el plenario no. “Cuando un juez vota una acusación en el plenario es porque realmente no tiene forma de defender a su colega”, dijo Szmukler en un reportaje que publicó Diario Judicial.

En su intento de achicar el Consejo, el Gobierno argumenta que hasta ahora se comportó como una institución ineficaz y “corporativa”. El cuestionamiento se refiere al sector de los jueces y también al de los abogados. El propio Néstor Kirchner los mencionó la semana pasada al referirse a “un pacto permanente entre los distintos sectores de poder”. Aun así, en la reducción de 20 a 13 miembros que propone el proyecto K, el grupo de los magistrados no sería el más recortado: ahora son cinco, con el presidente de la Corte, y quedarían tres. Los abogados perderían más espacio: de los cuatro actuales quedarían dos y de los dos académicos sobreviviría sólo uno. La representación legislativa pasaría de ocho a seis consejeros, de los cuales cuatro serán kirchneristas y dos radicales. Las segundas minorías estarán excluidas. Queda un delegado del Ejecutivo.

Según Szmukler, con el proyecto que promovió Cristina Fernández de Kirchner “el sector político de tener, como tiene ahora, el 45 por ciento de los representantes pasa a tener más del 50 por ciento, con siete representantes”. Ese es el punto que más cuestiona también la oposición legislativa, bajo la advertencia de que el oficialismo podría bloquear decisiones que se toman por mayoría de dos tercios. Para Szmukler, además, reducir la representación de los abogados “es como reducir la participación de la sociedad”. “Se nos acusa de corporativos y no hay nada menos corporativo que los abogados. ¿En qué podría actuar como corporación? En materia de honorarios y que no vengan a sacarnos trabajo los contadores y los escribanos. Ninguno de esos temas está en el Consejo”, fundamentó. Los académicos, dijo, están en igual situación.

El proyecto que debatirá Diputados, según el consejero-abogado, “es claramente violatorio de la Constitución”. “Siendo benévolo –añadió– podría decir que están equivocados, que tienen las mejores intenciones, que quieren tener la acumulación de poder para hacer todo maravillosamente pero que cometen un grave error.” “Si se llegara a aprobar así, va a ser declarado inconstitucional por el primer juez que le caiga”, vaticinó, incluso dijo confiar en que la Corte Suprema “no va a someterse a la presión política”. Szmukler planteó que hay problemas por resolver de funcionamiento en el Consejo. Aun en ese contexto, sostuvo que los políticos sólo “apuran las cosas en las que tienen interés”. Los jueces, advirtió, “deberían analizar su conducta”.