El Gobierno busca mejorar los ingresos de los trabajadores por una vía que le genere menos conflicto con las cámaras patronales. El camino de las recomposiciones por decreto ya está archivado y tampoco convoca al Consejo del Salario Mínimo. La alternativa es apuntar a uno de los sectores más perjudicados desde la devaluación: los empleados en negro. El Ministerio de Trabajo anunció ayer el lanzamiento de una campaña de inspección que se realizará en los lugares turísticos durante el verano y continuará con un aumento de las fiscalizaciones a lo largo del año.

“Vamos a colocar 500 inspectores en la calle, además de 35 nuevos vehículos para verificar la situación laboral en las zonas turísticas”, informó el jefe de la cartera laboral, Carlos Tomada. Los operativos de este mes se realizarán en varios destinos turísticos de Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires.

El ministro señaló que los inspectores controlarán el cumplimiento de las normas previsionales y laborales en sectores clave como la gastronomía, el transporte y la hotelería.

De acuerdo con el último dato oficial del Indec, el empleo en negro afecta al 46,2 por ciento de los ocupados, luego de un pico de más del 50 por ciento en el peor momento de la crisis. “Esta es la primera vez que se reduce el trabajo en negro en Argentina, se dio un cambio de tendencia y eso es consecuencia de la decisión del Gobierno de poner este tema como central en la agenda”, señaló Tomada.

El ministro recordó que esta caída se produjo además porque “los nuevos puestos de trabajo que se están creando son mayoritariamente de empleo en blanco”. El objetivo de la cartera laboral es llegar este año a las 200.000 inspecciones, para lo que amplió el presupuesto asignado a los controles del empleo en negro a 30 millones de pesos. “En este primer tramo aspiramos a controlar unas 10.000 empresas con 50.000 trabajadores”, explicó la secretaria de Trabajo, Noemí Rial.

Para Tomada, la “base para la reducción del empleo en negro es el control y la fiscalización, pero además estamos trabajando en otras medidas como la simplificación registral para facilitar la regularización de los trabajadores”. Las multas que deben pagar los empresarios si los inspectores detectan empleados no declarados son poco significativas: van de los 1500 a los 6000 pesos, pero si el empleador reconoce al trabajador antes de que se sustancie el sumario correspondiente por la irregularidad, ese monto se reduce significativamente, a sólo 300 pesos.

En los primeros once meses del año, al cartera laboral controló 25.685 empresas con 101.345 trabajadores y detectó infracciones en el 47 por ciento de las compañías, con un 28 por ciento de los trabajadores no registrados sobre el total de los verificados. Luego de la inspección, el 34 por ciento de los trabajadores fueron regularizados por sus empleadores antes de la audiencia de descargo.

Según los datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, Neuquén es la provincia con mayor porcentaje de trabajadores en negro, con un 76 por ciento, seguida de Jujuy (66 por ciento), Río Negro (58 por ciento), San Juan y Formosa, las dos con un 55 por ciento del empleo no declarado. En la vereda de enfrente, las estadísticas ubican a Tierra del Fuego sin empleo en negro, aunque con la salvedad de que sólo se realizaron en esa provincia dos inspecciones; mientras que La Pampa y Córdoba exhiben un nivel de empleo irregular del 8 por ciento, aunque con una mayor cantidad de inspecciones.