Cerca de doscientas familias que ocupaban casas construidas por el gobierno de Chaco en Puerto Vilelas fueron violentamente desalojadas ayer por la policía de esa provincia. El desalojo dejó nuevamente en la calle a esas familias que se habían instalado allí desde que un temporal destruyó sus viviendas hace unas semanas y no distinguió siquiera a los chicos, que se contaron también entre los heridos que provocó la represión policial y de la que no se salvaron tampoco un par de periodistas que cubrían el hecho. La administración de Roy Nikisch remarcó que “la usurpación no es la metodología para acceder a viviendas” y afirmó que la fuerza policial sólo “respondió” a las agresiones de “un grupo de encapuchados” del que recibió “una lluvia de objetos contundentes”.

La violenta represión que ejerció la policía chaqueña tuvo por escenario un barrio construido por el Instituto Provincial de la Vivienda y próximo a ser terminado e inaugurado en Puerto Vilelas, una localidad ubicada a 21 kilómetros de Resistencia. Las familias desalojadas –de condición humilde y en muchos casos beneficiarias de planes sociales– se establecieron allí después de un temporal que el pasado 16 de diciembre arrasó sus propias casas en una villa cercana.

“Vinimos acá porque nuestros ranchos se rompieron todos con la tormenta de la vez pasada y queríamos arreglar la situación legalmente, pero nos hacen esto; nos trataron como a animales”, se quejó tras el desalojo Juana Gómez, una madre de siete hijos cuyas pocas pertenencias fueron arrojadas a la calle por la policía como las de los otros desalojados. Sobre la represión, la mujer relató que “no perdonaron a nadie, ni a los viejos ni a las criaturas”.

Del operativo participaron unos 300 policías de distintas divisiones de esa fuerza. La orden de desalojo la impartió el juez de garantías Héctor Geijo a partir de un pedido del gobierno chaqueño.

La policía entró al barrio a fuerza de palos y balas de goma; también con caballos. Las escenas más violentas tuvieron lugar en los pasajes peatonales que dividen las distintas parcelas, donde los jefes de familia y sus hijos adolescentes intentaron hacer frente a los policías.

Varios de ellos, esposados y ensangrentados, fueron subidos a las camionetas policiales y llevados a comisarías bajo el cargo de resistencia a la autoridad y desobediencia judicial. Otros tuvieron que ser atendidos en el mismo lugar por las heridas que recibieron o trasladados a centros asistenciales. Un camarógrafo fue herido en la cabeza y el fotógrafo Germán Pomar recibió 12 perdigones de goma en su pierna izquierda entre la rodilla y el tobillo.

Según el diputado provincial del Frente Grande Daniel San Cristóbal, quien se acercó al lugar y prometió interceder en la situación, unos 50 desalojados, entre ellos varios menores de edad, resultaron lesionados y dos de ellos fueron hospitalizados.

El gobierno del radical Nikisch no precisó cuántos heridos hubo entre los desalojados, pero sí que 17 policías sufrieron heridas, “uno de ellos con traumatismo ocular de pronóstico reservado y otro con quemadura de sus miembros”. Y, además, dio otra versión de los hechos por medio de un comunicado de prensa.

El relato oficial fue que “se cumplió con la orden judicial de desalojar a las personas que usurparon las viviendas Fonavi de Puerto Vilelas” y que “la policía de la provincia acató lo dispuesto” por la Justicia. El texto difundido por la gobernación chaqueña agregó que, “aunque la mayoría de las personas se retiraron con normalidad y por sus propios medios, un grupo de encapuchados arrojó una lluvia de objetos contundentes a los efectivos policiales, quienes actuaron rápidamente para neutralizar la situación”. Las autoridades provinciales aseguraron, además, que durante el operativo fueron secuestrados “un número importante de botellas, bombas caseras tipo molotov, un arma blanca y tumberas” y denunciaron que las personas desalojadas cometieron destrozos y “robaron sanitarios, puertas internas, medidores de electricidad y cables”.