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En un primer informe sobre el violento desalojo producido hace dos semanas en el Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos destacó que la cúpula de la policía aún está dirigida por “una jerarquía formada durante la última dictadura militar”. La cartera a cargo de Eduardo Luis Duhalde realizó una gestión en la provincia que gobierna Roy Nikisch para ver cómo avanzan las causas abiertas tras la represión que sufrieron unas doscientas familias en el complejo habitacional de Puerto Vilelas. Allí fueron recibidos por el vicegobernador Eduardo Moro, quien al informar sobre la actuación policial hizo referencia a la vinculación de la cúpula con el terrorismo de Estado. En este sentido, el gobierno nacional cuestionó que sea la Oficina de Control Interno la que haya quedado a cargo de las investigaciones sobre el incidente, y reclamó que el expediente pase a la Justicia. Según informaron varios funcionarios, el desalojo fue realizado a partir de “una habilitación de feria, sin fundamento. No se notificó a las partes y el procedimiento se realizó sin supervisión”. Asimismo destacaron que el juez de garantías que había dado la orden nunca se presentó en el lugar y sólo apareció un juez de paz cuando terminó el operativo. Las familias desalojadas permanecían en el lugar desde el temporal que se sufrió en la zona en diciembre y terminó arrasando con sus casas en una villa cercana.