La amenaza de un debut escolar con huelga en la provincia de Buenos Aires, el distrito en el que se concentran 4,5 millones de los poco más de 10 millones de alumnos del país, tiene en vilo a las autoridades. El gobernador Felipe Solá decidió explicar la oferta salarial el lunes en conferencia de prensa con abundancia de power point. El ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, salió ayer por radio a decir que “la propuesta de Buenos Aires es superior a la que hizo la Nación”. Una evaluación que no es ingenua teniendo en cuenta que la Nación acordó con la Ctera un piso salarial de 840 pesos en once jurisdicciones más cien pesos para todos los maestros de esas provincias, y en territorio bonaerense el gremio de base de Ctera calificó de “irrisoria” la propuesta y anunció una consulta con sus bases para definir el plan de lucha.

Por decisión de Solá, la directora de Escuelas, Adriana Puiggrós, salió ayer de la primera línea de fuego con los gremios y tomaron la posta los ministros de Economía, Gerardo Otero; el de Trabajo, Roberto Moulleron, y el jefe de Gabinete, Florencio Randazzo. Los funcionarios bonaerenses explicaron que la oferta, rechazada por el Frente Gremial, contempla elevar el salario inicial a 840 pesos, otorgar una suma fija de 100 pesos por cargo, incorporar al salario básico 50 pesos que se cobran en concepto de presentismo, que al convertirse en bonificables por antigüedad se llegan a elevar hasta 200 pesos; la capacitación gratuita de 40 mil docentes y el armado de la carrera docente para jerarquizar a los directivos.

El Frente Gremial, integrado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb), reclama la incorporación al básico de 177 pesos. Los hombres de Solá cuantificaron el pedido y lo consideraron de imposible satisfacción. “Cada peso que se incorpora al básico (hoy en 400 pesos) representa 12 millones de pesos anuales más en el presupuesto. El reclamo gremial implica 1200 millones de pesos más, mientras que la masa total de la que dispone la provincia para incrementar los salarios de todo el sector público es de 1400 millones de pesos”, señalaron y detallaron que “nuestra oferta implica un incremento de 700 millones de pesos para este año”.

La decisión de los dirigentes de Suteba, Roberto Baradel, y de la FEB, Mirta Petrocini, fue rechazar la oferta, anunciar una jornada de protesta para el 1° de marzo y sugerir la posibilidad de paros a partir del 6 de marzo, la fecha prevista para el inicio de clases. Ante el desplante, desde la provincia dijeron que no hay posibilidad de mejorar la oferta, aunque anoche dejaron trascender que si se retoma el diálogo se podría discutir convertir en remunerativos parte de los 100 pesos de suma fija que se otorgarán siguiendo lo anunciado por Nación y la habilitación de líneas de crédito preferenciales en el Banco Provincia para docentes.

Baradel apuntó ayer contra Solá y dijo que los docentes “estamos indignados porque nos están utilizando junto a los alumnos de Buenos Aires de rehenes en una disputa de Solá con el presidente Néstor Kirchner, que no pueden resolver en términos de refinanciamiento de deuda o de vencimiento de deuda”. Tras bambalinas, el gremialista acusó al gobernador de hacer lobby para que la Nación adelantara el anuncio salarial antes de que se hubiera sellado un acuerdo provincial.

Desde La Plata desestiman la acusación y, al contrario, se quejan porque otorgar una suma fija no remunerativa ni bonificable de 100 pesos es “pésimo” para la política salarial que se había logrado alcanzar durante la gestión de Mario Oporto. Recuerdan también los duros cruces entre Puiggrós y Filmus durante algunas reuniones reservadas del Consejo Federal de ministros de Educación por una vieja deuda de 320 millones de pesos que la provincia le reclama a la Nación por la transferencia de los institutos terciarios y secundarios. “Según la información con la que contamos, en el 2004 entre 170 y 180 millones de pesos fueron girados por Economía a Educación para que nos pagaran y a nosotros no nos llegó nada”, repiten a sabiendas del malestar que el reclamo provoca en el Palacio Sarmiento.

Hace tres semanas, Filmus les informó a los ministros que estaba negociando un acuerdo con la Ctera para elevar el salario inicial de 700 a 800 pesos. Según comentan teniendo en cuenta el peso del sistema educativo bonaerense, el criterio habría sido que “el valor lo fija Buenos Aires”. A principios de semana, Solá habló con Filmus después de conversar con el presidente Néstor Kirchner y éste le informó la decisión de elevar el piso a 840 pesos. Anteayer, al hacerse público el anuncio, Solá se alineó con la recomposición que contempla el financiamiento de Nación para las once jurisdicciones más postergadas y la mejoró pensando conjurar la protesta. Hasta anoche, el objetivo no se había logrado. En ese marco, las declaraciones de Filmus elogiando el esfuerzo bonaerense superador de la oferta nacional apunta a descomprimir un conflicto que estallaría en la cara de Solá pero salpicaría también a la Nación.