El rumor que anoche sobrevolaba la causa Banco Río es que el “ingeniero” podría terminar colaborando ampliamente con los fiscales a cambio de que se busquen las fórmulas para que la eventual pena esté mucho más cerca del mínimo que del máximo. Da la impresión incluso de que García Bolster aspiraba a que le admitieran el argumento de que colaboró porque estaba amenazado.

La supuesta confesión es nula porque no se hizo ante un funcionario de la fiscalía y, sobre todo, porque no puede hacerse sin la presencia de un abogado defensor. De manera que, si existió, no tiene validez legal. Y si la confesión se la hizo a los policías que lo traían, fue una especie de preanuncio de que está dispuesto a contar lo que sabe, a cambio de que le mejoren su situación.

Por de pronto, el argumento de que actuó bajo amenaza suena a poco creíble, ya que –según parece– se quedó con una parte del botín. También tendría que probar que la amenaza continuaba, de qué forma se hacía, por qué no hizo la denuncia y otra serie de elementos que hacen tambalear su versión.

Si su participación en la banda consistió en diseñar o realizar el túnel, será considerado partícipe necesario y su pena es igual a la de los principales imputados. Todo indica que será robo agravado por el uso de armas, con un rango que va de los cinco a los quince años de prisión. Sucede que para ese delito no existe ley del arrepentido que abra las puertas para una reducción de pena, por lo que su única chance es pelear por el mínimo. A menos que los fiscales acepten la versión de las amenazas.

En todo caso, si aporta elementos para encontrar al resto de la banda, los jueces podrían escribir una fórmula tradicional que suele aparecer en los fallos: “El imputado mostró su voluntad de colaborar”. Tal vez eso le permita acercarse a una pena de cinco años y no a una de 15.