La puerta del juzgado de Instrucción de Pico Truncado está bien custodiada. Hay un policía entrado en kilos que cumple tareas de portero. Sentado detrás de un mostrador, parece divertirse retaceando información a los periodistas. Pero no está solo. Lo acompañan dos gendarmes, un oficial y otro muy joven, que se supone brindan seguridad adicional. Hasta hace un mes era imposible ver uniformes verdes en el edificio de dos plantas que reúne todos los fueros –penal, civil, laboral– del departamento judicial de la zona. La presencia de Gendarmería es otra de las consecuencias del crimen del policía Jorge Sayago. En el segundo piso de este tribunal tiene su despacho la jueza Graciela Ruata de Leone, a cargo de la instrucción por el homicidio. La jueza tiene seis días –el plazo vence el miércoles próximo– para decidir si procesa o libera a los cinco detenidos del caso. Están presos en Puerto Deseado, a 280 kilómetros de su lugar de residencia.

Los familiares de los detenidos organizaron varias marchas para denunciar palizas y vejámenes durante los procedimientos de la policía de Santa Cruz. En los primeros reclamos se vivieron situaciones tensas –hubo escraches a políticos y una sesión del Concejo Deliberante estuvo a punto de suspenderse–; luego los convocantes optaron por hacer marchas de silencio. Armando Pérez y Violeta Gómez, padres de uno de los detenidos (Alexis Alihuen Pérez), hicieron una denuncia en el juzgado. Revelaron que durante el traslado de su hijo a Puerto Deseado, los policías abrieron la puerta del vehículo, le sacaron medio cuerpo afuera y amenazaron con tirarlo de la camioneta en movimiento. En el juzgado dicen que tratarán la denuncia con atención. “No fue la Brigada de Caleta Olivia. Fue el GOE”, escucha Página/12 muy cerca de la jueza.

El GOE es el Grupo de Operaciones Especiales de la policía. Son los que visten con ropa camuflada de infantería, usan cascos y pasamontañas para ocultar sus rostros. En el juzgado dicen que la mayoría vinieron de Río Gallegos. Esos efectivos fueron los que detuvieron al menor de 14 años, a Alexis Pérez, a su hermano Eric y al padre de los tres, Armando. De los cuatro, el único que sigue preso es Alexis. La detención del adolescente –estuvo preso el fin de semana, fue liberado el lunes– causó cierta conmoción en Las Heras. Algunos vecinos acusaron a la jueza de no respetar los derechos del menor. En el juzgado se defienden y avalan la actuación de la magistrada: “Se cumplió con el procedimiento de una causa tutelar. Le mandamos al equipo técnico y al cura (Juan Carlos Molina, quien actuó como mediador en el corte de ruta de los petroleros). No se lo pudo liberar antes porque el domingo estuvimos tomando declaraciones en Puerto Deseado”.

La investigación del caso parece estar en un intervalo. Tras las detenciones de hace una semana, que siguen presentes en las charlas cotidianas (“Lo que vi la otra noche parecía la dictadura”, dice por ejemplo la hermana de José “Quico” Barría, detenido y liberado), Las Heras vive días de relativa tranquilidad. Pero las cosas pueden cambiar hoy. Cerca de la jueza anticipan que en estos días se “tomarán nuevas diligencias”. No dan más precisiones por el secreto de sumario. Quienes siguen de cerca la investigación y conocen cómo actúa la Brigada de Investigaciones creen que eso podría significar nuevas detenciones: a los policías de Caleta Olivia les gusta arrestar los viernes, porque por el fin de semana los detenidos quedan incomunicados hasta el lunes. Dicen que eso les da más tiempo para que los presos “se quiebren”.

Como en todo pueblo chico, en Las Heras abundan los rumores. Sobre el homicidio de Sayago, las versiones indican que de los cinco detenidos (Pérez, Darío Catrihuala, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao y Juan Domingo Bilbao, alias “Chomingo”), tres estarían más comprometidos que el resto. Las versiones son reproducidas por periodistas de la zona y fuentes cercanas al municipio, que tiene mucho interés en el asunto (el intendente, José Luis Martinelli, no intervino en el conflicto de los petroleros disidentes y quedó bastante enfrentado con ellos). En el juzgado, en tanto, lo único que hicieron fue aconsejar a los periodistas. “Mañana (por hoy) estén atentos”, fue el consejo.

Previsiblemente, la prioridad de la jueza pasa por la recopilación de pruebas. A veces las declaraciones testimoniales resultan insuficientes para demostrar que una persona cometió un delito. Además, en Las Heras existen varios antecedentes de crímenes sin resolver, que no tuvieron condenas. “Hay otros elementos probatorios”, dicen cerca de Ruata de Leone. Las nuevas pruebas serían armas secuestradas en algunos allanamientos y un informe recientemente terminado por el cuerpo criminalístico de la policía provincial. Con esos elementos la magistrada deberá decidir si procesa o dicta la falta de mérito para los cinco detenidos. ¿Habrá más?