El conflicto entre un empresario gastronómico y el Estado –origen de la oferta para instalar un comedor popular en Puerto Madero– tiene su raíz en la irregular situación en que se encuentran funcionando los locales comerciales en ese barrio porteño. La gran mayoría de los restaurantes –muchos de los cuales funcionan desde hace 10 o 15 años– no tienen habilitación definitiva y muchos de ellos ni siquiera tienen los planos aprobados de los edificios que ocupan, según reveló un fiscal contravencional.

Los restaurantes de Puerto Madero funcionan violando varias normas:

- Algunos han cerrado las recovas que dan hacia los diques, con superficies vidriadas, lo cual está prohibido por el Código de Planeamiento Urbano, ya que convierte en privados espacios que son considerados públicos.

- Cuando en esos espacios cerrados ilegalmente colocan sillas y mesas destinadas a comensales, están cometiendo además una contravención: realizan una actividad lucrativa en un espacio público sin autorización. (La misma falta se aplica a los vendedores ambulantes.)

- Si además en esos restaurantes, en determinado momento, corren las mesas para convertir el lugar en una pista de baile, están cometiendo una falta que, para las autoridades porteñas, implica un riesgo para la seguridad de las personas, dado que el local no está habilitado (ni preparado) para esa actividad.

Esta última fue la infracción que cometió Miguel Doñate, el dueño del restaurante Tocororo: el 4 de diciembre, inspectores de la Secretaría de Seguridad le hicieron una clausura preventiva al descubrir que el lugar se utilizaba como local bailable. Desde entonces, Tocororo no recibió más sanciones por ese motivo.

Pero ya estaba en curso una denuncia realizada por la Corporación Puerto Madero –la entidad pública que maneja el diseño urbanístico del barrio– contra los restaurantes que invadieron el espacio público. “En total hay cinco cuerpos de denuncias con 12 establecimientos cada uno, lo que hace un total de sesenta”, dijo a Página/12 el fiscal contravencional Martín Lapadú, a cargo de la causa. “Recién vamos por el segundo cuerpo. En enero clausuramos los lugares en infracción en nueve locales, secuestramos sillas y mesas. Ayer hicimos dos procedimientos: se clausuró uno pero en Tocororo no había mesas en el sector prohibido. Sólo se notificó al gobierno de la ciudad por el cierre con vidrios de la recova. Pero ésa no es una contravención”, explicó el fiscal.

–De los 24 que ya vieron, ¿cuántos tienen habilitación definitiva?

–Ninguno.

En los expedientes que tiene Lapadú figuran varias notificaciones de la Corporación Puerto Madero, vía carta documento, señalando a los restaurantes la irregular ocupación del espacio público. “Los comerciantes respondieron que no era competencia de la Corporación sino del gobierno de la ciudad”, señaló el fiscal.

Pero las cosas allí tampoco están en regla. Los comerciantes se quejan porque desde hace años trabajan con una “habilitación en trámite”, no definitiva. Ocurre que, según la Secretaría de Seguridad, ninguno cumple con los requisitos edilicios exigidos para la habilitación definitiva. “Cuando Menem y Grosso lotearon Puerto Madero, se autorizó el funcionamiento de restaurantes en edificios centenarios que no reunían las condiciones que exige el Código de Habilitaciones”, dijo a este diario una fuente de la Secretaría de Seguridad. Por eso, por indicación del vicejefe de Gobierno a cargo del Ejecutivo, Jorge Telerman, en esa cartera se trabaja en el diseño de una nueva normativa para habilitaciones que contemple la situación de Puerto Madero.Ayer, ningún funcionario de la Corporación Puerto Madero salió a dar explicaciones. En cuanto al comedor de Castells, en principio, no hay impedimentos legales para que funcione en el lugar donde está previsto. “El único control que se va a hacer es el de Higiene y Seguridad Alimentaria”, dijeron en el Gobierno porteño. “El lugar, donde hasta ahora funcionaba un kiosco con mesas al aire libre, estaba entre los denunciados. Pero un comedor comunitario no es una actividad lucrativa, por lo que la ocupación del espacio público que van a hacer no es una contravención”, aseguró Lapadú.