El ex juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor ingresó al club de los sospechosos de enriquecimiento ilícito. A partir de una investigación por lavado de dinero que Suiza abrió en su contra, el juez federal Norberto Oyarbide lo denunció porque cree que hay suficientes datos como para suponer que aumentó su patrimonio en forma ilegal. Según la Justicia helvética, entre 1994 y 2002 el ex supremo giró a ese país desde la Argentina, vía Uruguay, algo más de 4 millones de dólares.

La presentación contra Moliné O’Connor llegó por sorteo al juzgado de María Servini de Cubría pero volvió como un boomerang al de Oyarbide. Otro juez, Ariel Lijo, que reemplaza a Servini por unos días, fue el que resolvió devolver el expediente. Consideró que era lógico porque Oyarbide ya viene investigando al ex integrante de la mayoría automática menemista desde fines de enero a pedido de los tribunales de Suiza.

La Confederación Helvética puso la lupa sobre Moliné después de detectar “procedimientos sospechosos de blanqueo” de capitales por sumas que superarían los 4 millones de dólares. Eso es lo que le informó formalmente a la Cancillería argentina a la vez que pidió la cooperación de los tribunales porteños para conocer la situación judicial del ex vicepresidente de la Corte, destituido hace dos años.

El exhorto diplomático que recibió Oyarbide incluye detalles sobre los movimientos bancarios de Moliné O’Connor. Para el juez fueron suficientes como para hacer una denuncia penal por enriquecimiento ilícito. El ex supremo (también dirigente de tenis) y su esposa, según los investigadores, abrieron una cuenta en Zurich, en una entidad ahora llamada SG Private Banking. En 1994 los depósitos fueron movidos a una cuenta numerada bajo el nombre “Rosario”, explicaron fuentes judiciales. Entre 1994 y hasta 1998 hubo al menos una transferencia importante por año. Todo indica que el dinero salió de la Argentina y fue girado a través de la Financiera Meridional de Uruguay a Suiza. Aparecen giros de alrededor de 400.000 dólares, 1,5 millón, 250.000, 600.000 y 900.000. Después de 1998 surgen más transferencias por montos de 18.000 a 200.000 dólares que se habrían concretado a través de otra financiera de Montevideo.

La documentación está firmada por el procurador Tobías Kaver, la procuradora Sabina Winkler y la secretaria Andrea Gujer, los tres de la delegación judicial de Zurich. También fue enviada al fiscal Gerardo Pollicita, porque es quien está a cargo de determinar si los ex supremos automáticos cometieron el delito de prevaricato cuando resolvieron el famoso caso Meller, un asunto que motivó que los llevaran a juicio político y que selló la destitución de Moliné y de Antonio Boggiano. La Corte menemista había convalidado, en 2002, el fallo de un tribunal arbitral que daba lugar a un reclamo del grupo Meller: un pago irregular de 30 millones de pesos a la ex ENTel.

El juez que finalmente investigue el patrimonio de Moliné –todavía no es seguro que sea definitivamente Oyarbide– deberá rastrear qué más tiene en su haber, además de los 4 millones en el exterior que señala Suiza, y analizar si pudo conseguirlo con sus ingresos como juez (cerca de 12 mil pesos mensuales). El ex supremo tendrá que explicar cómo obtuvo todo eso. Por el delito de enriquecimiento ilícito, que prevé hasta seis años de cárcel, María Julia Alsogaray fue condenada a prisión, el ex ministro Raúl Granillo Ocampo fue procesado y el ex secretario presidencial Alberto Kohan podría correr la misma suerte.