El escritor y periodista Tomás Eloy Martínez le ganó un juicio al represor Antonio Domingo Bussi, quien le había reclamado una indemnización de 100 mil pesos por daño moral porque lo llamó “tirano”. Martínez había descripto a Bussi como “feroz exterminador de disidentes”, en un artículo publicado en 2004 referido al traslado de indigentes desde Tucumán a Catamarca cuando era gobernador de facto tucumano en 1977.

El juez civil Daniel Alioto rechazó la demanda de Bussi explicando que las expresiones de Martínez –quien vive en Estados Unidos– son “estimaciones en asuntos que interesan a la cosa pública, en relación con las cuales no cabe interpretar que actuó con mala fe”.

La nota, titulada “La expulsión de los mendigos” y publicada el 10 de enero de 2004 en el diario La Nación, relataba que Bussi había impartido la orden de recoger a “quince o veinte” de ellos, para luego “arrojarlos en los descampados de Catamarca”. Y agregaba que “todos eran inofensivos; a casi todos se los tragó el infierno del desierto”. Al señalar la responsabilidad del represor en la expulsión, había indicado que quien comandó el traslado, el teniente coronel Mario Zimermann, había sido ascendido por Bussi un mes después de los hechos a secretario de Estado de Planeamiento y Coordinación.

Bussi se sintió ofendido por las consideraciones que sobre él se vertían en el artículo: “pequeño tirano”, “feroz exterminador de disidentes” y “tiranuelo de Tucumán”. En cambio, el juez Alioto consideró que “no toda expresión potencialmente lesiva, aun la que conlleva afirmaciones irritantes, ásperas, hostiles o cáusticas, se transforma objetivamente en una injuria susceptible de reparación si no se aprecia el propósito primario de lesionar el honor o causar daño”.

El magistrado agregó que “la protección del honor de las personas públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público, en comparación con la que se brinda a simples particulares”. Alioto recordó que Bussi no sólo participó activamente de la dictadura, sino que después escogió continuar con la vida política y ocupó varios cargos electivos. En tal sentido, entendió que las personas públicas “tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir por noticias difamatorias”, agregó.

El juez realizó un pormenorizado análisis etimológico de los términos “tirano” y “exterminador” y los puso en el contexto temporal en que se produjo aquella repudiable expulsión de indigentes de Tucumán, en plena dictadura. “Se llama tirano al jefe de una facción que obtiene el poder de manera irregular y gobierna una ciudad sin la distribución de competencias propias de un régimen republicano”, indicó Alioto, casi como una definición del rol que le cupo a Bussi durante la dictadura. En cuanto a “exterminador”, el magistrado sostuvo que se trata “de un lenguaje polémico, propio de este tiempo y de sus contextos” y descartó que “perjudique la reputación” de Bussi “a la luz de sus antecedentes y de los registros de algunas circunstancias de su actuación pública”.

El fallo, que es de primera instancia y puede ser apelado ante la Cámara Civil, impuso a Bussi el pago de las costas del proceso, en el cual Martínez fue patrocinado por el estudio Monner Sans. Actualmente, el represor y ex gobernador tucumano cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.