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Por Claudio Zlotnik
y David Cufré

La misión del FMI que audita la economía argentina empieza a delinear sus proyecciones para el año, en base a las cuales negocia con el Gobierno. Los números son escalofriantes. El equipo de catorce personas que comanda John Thornton estima que la inflación ascenderá al 100 por ciento, en un marco de dramático achique de la actividad económica. El Producto Interno Bruto (PIB) caería 15 por ciento contra 2001. Una de las consecuencias de ese derrumbe sería el salto del desempleo, que el organismo de crédito calcula en 29 por ciento para las fiestas de fin de año. Aun así, los emisarios del Fondo reclaman un estricto cumplimiento de la meta de ajuste fiscal en las provincias. A diferencia de otros acuerdos con el organismo de crédito, esta vez se discuten duras metas mensuales, incluida una de reservas. Eso deja al Gobierno en una posición difícil porque al menor traspié deberá asumir su responsabilidad por la ruptura del acuerdo, mientras que Washington quedará a salvo de cualquier crítica.
Las proyecciones fueron confiadas a Página/12 por participantes en la negociación con el FMI del Ministerio de Economía y el Banco Central. A modo de consuelo, los funcionarios dijeron que los delegados del Fondo trabajan con las hipótesis más pesimistas para cubrirse por si la crisis se agudiza luego de la firma del acuerdo. Sin embargo, admitieron que las estimaciones oficiales no son mucho mejores: la inflación sería del 46 por ciento entre junio y diciembre, y del 84 por ciento en todo el año. El PIB, en tanto, bajaría el 12 por ciento.
Roberto Lavagna y Mario Blejer comandaron ayer una reunión de una veintena de funcionarios de Economía y el Banco Central que están en contacto con los técnicos del FMI. El encuentro fue en el Palacio de Hacienda. Un largo capítulo estuvo dedicado, justamente, a la revisión de las proyecciones económicas que se están definiendo en la negociación.
Una lectura optimista de la crisis que se hizo allí es que después del acuerdo con el Fondo la economía empezaría a encontrar un rumbo, al menos para detener la velocidad de la caída. “La segunda mitad del año no tendrá feriados bancarios ni cambiarios, mejorará la cadena de pagos y habrá mayor superávit comercial”, enumeró un colaborador de Lavagna. Pero admitió que todavía falta un doloroso proceso de reestructuración del sistema bancario, que dejará a muchas entidades en el camino –por cierre o por fusión– y a miles de personas sin trabajo.
La visión del Gobierno es que habrá acuerdo en julio, y en el peor de los casos, que se conseguirá una prórroga semestral o anual de los vencimientos con el FMI que se vayan produciendo hasta que finalicen las negociaciones. La presión del Grupo de los 7 en favor de un acuerdo y la agudización de la crisis en América latina juegan a favor del Gobierno. Esos factores políticos llevaron cierto optimismo al Poder Ejecutivo. A nivel técnico, sin embargo, cerca de Lavagna reconocen que las discusiones son difíciles. Hay varios temas importantes sobre los que empieza a haber definiciones.
u Reservas. El Banco Central resignará entre 1100 y 1300 millones de dólares de reservas para intervenir en el mercado de cambios. Con ello espera contener la cotización del dólar para que no vaya más allá de 3,80. La aspiración es que a fin de año se ubique en torno a 3,60. La misión del FMI fijará una meta de reservas, tal como hizo en su momento en los acuerdos con México y Brasil. La autoridad monetaria estima que terminará 2002 con 10.500 millones de dólares de reservas, porque a los 9974 millones actuales se le agregarán 2000 millones que reintegrarán los organismos internacionales luego del acuerdo, por los pagos que se efectuaron en lo que va del año. Thornton todavía no dio su aprobación a este plan. Más bien, insiste para que el Central deje de intervenir. Hay una demanda clara de cuidar las reservas, y en ese sentido también se reclama un corte a los redescuentos bancarios. Blejer le dijo a Thorntonque es imposible eliminarlos por completo, porque habría una sucesión descontrolada de cierre de bancos.
u Corralito. De hecho, el programa monetario incluye una pauta de emisión de 3500 millones de pesos para asistir a los bancos que tengan que devolver depósitos por los amparos judiciales. De ese total, 2300 millones serán por ajuste cambiario. Esto quiere decir que el Estado asumirá el costo de la devaluación. Los ahorristas que obtengan amparos a su favor se llevarán la cantidad de pesos suficiente como para comprar los dólares que tenían depositados. Pero las entidades financieras se harán cargo de un dólar a 1,40, mientras que el Estado pagará la diferencia hasta la cotización de la moneda estadounidense en ese momento (hoy, 3,60). Para achicar el gasto por los amparos, el Gobierno presiona ante la Corte Suprema por un fallo que siente jurisprudencia.
u Metas mensuales. El FMI dejará en la Argentina una “Comisión Permanente de Evaluación”, con un equipo de técnicos que revisará el cumplimiento de las metas establecidas en el programa. Las metas fiscales, monetarias y de reservas serán mensuales, lo que muestra la dureza del trato del FMI. El Gobierno estará rindiendo examen todo el tiempo. Ante el menor incumplimiento, se caerá el programa y el Fondo trasladará la responsabilidad a la Argentina.
u Déficit fiscal. La misión del FMI puso como condición para un acuerdo que todas las provincias firmen pactos definitivos con la Nación, comprometiéndose a reducir sus déficit en un 60 por ciento. Eso obligará a reducir programas de asistencia social, justo cuando el desempleo treparía a niveles desconocidos en la historia del país.