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”Es absurdo, nunca dije eso”, afirmó el secretario de Inteligencia, Carlos Soria, en la presentación espontánea que hizo el viernes pasado en la causa en la que está imputado por haber reclamado a jueces federales el arresto del ex ministro Domingo Cavallo y de los hermanos banqueros Carlos y José Rohm, y Eduardo Escasany, bajo amenaza de ponerlos en comisión. En su primera declaración pública sobre el asunto, Soria dijo que el resultado de esos encuentros ocurridos en enero había sido una denuncia promovida por la SIDE sobre un grupo infiltrado entre los caceroleros que habría tenido la intención de atentar contra la democracia. Sin embargo, Página/12 pudo saber que la causa se inició con anterioridad a las cuestionadas reuniones y que los investigados son un grupo de “carapintadas de derecha”. Además, el juez de la causa Claudio Bonadío decidió ayer no seguir interviniendo en la investigación de los hechos por “violencia moral”.
El 7 de abril Horacio Verbitsky publicó en este diario los detalles de sendas reuniones ocurridas el domingo 17 de enero. A la mañana se encontraron en un departamento particular los jueces de la Corte Suprema Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor, los camaristas Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo, y todos los jueces federales a excepción de Norberto Oyarbide y Sergio Torres. A la tarde apareció Torres pero no asistió Servini y se hizo presente el jefe de los espías, Carlos Soria. Nazareno y Moliné llevaron la inquietud del Gobierno por informes de inteligencia sobre las movilizaciones populares y los cacerolazos contra el corralito. Soria dijo que el Gobierno pretendía el encarcelamiento Cavallo y de los Rohm, del Banco General de Negocios (BGN) y de Escasany, del Galicia. Carlos Rohm fue preso a los pocos días por orden de Servini, su hermano José está prófugo, Escassany aún no perdió su libertad y el ex ministro de Economía entró y salió de la prisión en la causa sobre la venta de armas. Los abogados de Cavallo presentaron una denuncia contra Soria que recayó en manos de Bonadío, pero fue inmediatamente recusado por el fiscal Oscar Amirante y por los defensores del ex ministro.
Ayer ese juez rechazó las recusaciones porque entendió que no fue testigo de los hechos tal como los describe el fiscal, según explicó a Página/12 una alta fuente judicial. Quienes conocen al juez cuentan que dice haber llegado más tarde al encuentro y que por ese motivo no habría escuchado la frase de Soria. Sin embargo, el magistrado decidió inhibirse porque se sintió “violentado moralmente” por los “ataques e intimidaciones” desplegados, según él, por el abogado Luis Moreno Ocampo. El ex fiscal llevó a la OEA el caso de la presunta privación de Justicia a la que habría sido sometido Cavallo. Ahora la causa se empantanará porque cualquiera de los jueces federales que salga sorteado debiera excusarse de intervenir por haber concurrido a las reuniones, a excepción de Oyarbide. Pero el imputado Soria participó del juicio político del que ese magistrado salió airoso, de modo que tampoco quedaría el caso en su juzgado. Los investigadores deslizan que debe intervenir la justicia ordinaria.
El viernes 15 el secretario de Inteligencia acudió al despacho de Bonadío para realizar una presentación espontánea. Si bien su descargo tendría efecto si hubiera sido hecho en una declaración indagatoria, la actitud de Soria fue leída en Tribunales como la de un asumido imputado. De hecho, de ahora en más deberá pedir permiso a la Justicia cada vez que quiera salir del país. El jefe de la SIDE se expresó en términos similares a los utilizados en su aparición en el programa “Hora Clave”. “En enero tuve infinidad de reuniones con magistrados y fiscales debido a la situación social que reinaba en ese momento”, recordó. Y enfatizó que “nadie puede creer que yo les dije que manden preso a alguien, bajo la amenaza de ponerlos en comisión”. Soria aseguró que fue invitado a la reunión del 17 a la tarde por Riva Aramayo y aportó cinco carpetas en laque los espías enumeran la cantidad de cortes de ruta, cacerolazos ocurridos entre el 15 y el 20 de enero, y describen la modalidad de las movilizaciones.
Los involucrados en el hecho consultados por Página/12 tienen un discurso común: la reunión existió pero Soria no fue tan explícito en pedir las detenciones, y todos concurrieron convocados por su “responsabilidad institucional”, afligidos por la explosiva situación social que se vivía en los calientes días de diciembre y enero. También coincidieron en describir que descartada la creación de una comisión de fiscales y la reimplantación del estado de sitio, quedó en pie la idea de realizar una denuncia penal en el marco de la flamante Ley de Inteligencia, con los datos recogidos por los espías sobre los diferentes grados de movilización y agitación social. Sin embargo, este diario pudo saber que la denuncia ya había sido realizada por la SIDE cuando se desarrollaron las reuniones. Una alta fuente judicial confirmó que la misma tuvo el impulso del fiscal Gerardo Di Masi por el presunto delito de atentado contra el orden institucional. En Tribunales se excusaron de dar más detalles por la vigencia del “secreto de sumario”, pero fuera de ese ámbito Página/12 averiguó que los investigados son “un grupo de carapintadas de derecha que se habrían infiltrado entre los caceroleros”. La SIDE está participando de la pesquisa en la que habrían surgido “elementos interesantes”, pero aún nada que indique la preparación de un alzamiento armado.