La jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García renunció a su cargo, luego de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aconsejara su destitución. El proceso se inició en el año 2000, a raíz de un artículo de Página/12 donde se revelaba que la misma jueza que daba luz verde a un pedido de hábeas data del represor Jorge Olivera había participado en las maniobras de desapoderamiento de los bienes de Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma, secuestrados y asesinados en la ESMA. En los seis años que mediaron entre la presentación hecha por el ex diputado pampeano Pablo Fernández y su actual renuncia, la jueza García fue llamada a declarar ante el Consejo en dos oportunidades y en ambas dio versiones diferentes acerca de su actuación en los sucesos que se le imputaban. El dictamen acusatorio se fundó en el rol cumplido por García, en la posterior omisión de denuncia, en el intento de enturbiar la verdad y en su intervención en el caso de Olivera.

En noviembre de 2000, este diario informó que la misma jueza que acababa de autorizar los archivos de la Conadep a pedido del mayor Jorge Olivera, responsable del asesinato de Marie Anne Erize, había sido a fines de los años ‘70 la síndico de Will-Ri, una invención financiera destinada a transferir a la jefatura naval las tierras de Chacras de Coria pertenecientes al bodeguero Victorio Cerutti, al contador Horacio Palma y al abogado Conrado Gómez. Los tres hombres, además de Omar Masera Pincolini, yerno de Cerutti, habían sido secuestrados y trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada, de donde no volvieron a salir vivos. Con la colaboración del escribano Ariel Sosa Moliné –también interviniente en el caso de la desaparición del empresario Fernando Branca, socio y víctima del ex almirante Emilio Massera–, del contador de la Armada Mario Cédola, del abogado mendocino Manuel Campoy y de Emilia Marta García, los oficiales de Marina Francis William Wahmond, Miguel Benazzi, Felipe Pagés, Alejandro Spinelli, Alberto González Menotti, Jorge Radice y Jorge –“Tigre”– Acosta lograron urdir la trama legal mediante la que concretaron el despojo de las tierras que irían a engordar finalmente la fortuna de la familia Massera. Además de sus labores como síndico, Emilia Marta García acudió junto a su marido a la aparatosa inauguración del barrio que se construyó en el predio usurpado.

A principios de los ’80 un magistrado de Mendoza recibió la primera declaración de García. Lo hizo en calidad de testigo y, ayudada por el desgano de sus interrogadores, dijo desconocer la existencia de cualquier irregularidad en la venta de las tierras y explicó que en la escribanía de Sosa Moliné sólo realizaba una suerte de pasantía. A fines de 2001, en el curso de la primera citación del Consejo de la Magistratura, la ahora renunciante repitió en líneas generales la primera versión, pero agregó un elemento más: en esas fechas, relató, una de sus hermanas, Graciela, militante montonera, se hallaba desaparecida, “si bien no teníamos la menor idea de dónde estaba o si estaba muerta”. En la segunda citación, en 2005, y quizás abrumada por las evidencias, García empezó a confesar medias verdades: reconoció su participación en el despojo, aunque lo justificó aduciendo que estaba de por medio la vida de sus hermanas, una de ellas, Graciela, secuestrada en la ESMA. Los argumentos de García fueron rebatidos, punto por punto, por la contundente declaración de Federico Gómez, hijo del abogado asesinado. “Espero que ahora pueda ser indagada y procesada por el juez Torres porque formó parte de una asociación ilícita –comentó Gómez ayer, al enterarse de la renuncia–. Yo la denuncié en Ginebra, en la ONU, en la Liga Internacional de Derechos Humanos, en París, y en el sumario de Garzón. La cuestión es saber si el Presidente aceptará su renuncia o, en cambio, permitirá que la destituyan para que no reciba el beneficio de la jubilación.” La nieta de Victorio Cerutti, María José, fue igualmente drástica: “Me alegro de su renuncia, pero lo importante es que el juez actúe ya y logre que Emilia García revele cuál fue el entramado que rodeó las desapariciones de mi abuelo, de mi tío, de Gómez y de Palma”. Los hechos de Chacras de Coria no sólo parecen haber cortado la carrera judicial de García, también terminaron con las aspiraciones políticas de Fernanda Ferrero, la ex legisladora que formó parte de Vanexva, la financiera donde Massera y sus hijos lavaron los bienes y el dinero mal habidos, entre ellos los terrenos de Chacras de Coria.