Tres semanas antes de la tragedia en Luis Viale al 1200, en la que murieron calcinados seis bolivianos que trabajaban en condiciones de semiesclavitud, el Gobierno había recibido de la Federación Internacional de Trabajadores Textiles de Vestuario y de Cuero una nota de protesta por “el abusivo empleo de trabajadores inmigrantes en condiciones que rayan en el trabajo forzado”, que finalizaba instando a las autoridades a “emprender acciones urgentes para acabar con esa práctica”. Por su parte, el sindicato local también venía denunciando decenas de casos concretos tanto al Ejecutivo nacional como a los máximos funcionarios responsables del control laboral en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

El documento de la Federación Internacional que nuclea a 220 sindicatos del ramo en 110 países del mundo lleva la firma de su secretario general, Neil Kearney, y fue remitida al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con fecha 8 de marzo de este año. Además de la queja ya citada, le pregunta “qué medidas están siendo tomadas para evitar semejantes abusos a los procedimientos laborales y a los derechos fundamentales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo”.

La carta a la que accedió Página/12 menciona la existencia de “talleres clandestinos donde prevalecen condiciones deplorables”, y entrando en mayor detalle señala que “los trabajadores son a menudo inmigrantes bolivianos o indigentes recogidos en la calle; y hay casos que se acercan al tráfico de personas, con agentes que llegan a viajar a Bolivia para reclutar trabajadores a los que se les promete un mejor futuro, pero que cuando llegan se encuentran encerrados en las instalaciones de un taller, con documentos de identidad confiscados y con salarios retenidos con el pretexto de que se los pueden robar o para que no lo malgasten”.

Sobre la base de informes proporcionados por el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), la Federación Internacional también le indica al Ministerio de Trabajo argentino que “muchas de las personas explotadas han sido diagnosticadas con enfermedades respiratorias, anemia y tuberculosis”, y agrega que, “según los testimonios que nos llegan, se trabaja largas jornadas hasta que el sueño vence a los obreros frente a su máquina de coser, y ni siquiera pueden salir a procurarse servicios médicos cuando están enfermos”. El relato continúa con la situación de las “embarazadas que son obligadas a permanecer trabajando hasta justo antes de que nazca la criatura”, y sobre situaciones de literal violencia física apunta que, además de “acoso sexual” frecuente, “los hijos a menudo no pueden ir a la escuela y muestran signos de haber sido golpeados”.

Ayer, el ministro Tomada admitió la recepción de la nota de la Federación, pero adujo que esa cartera no puede realizar determinadas inspecciones por “superposición de funciones” con otras áreas (ver aparte).

Las advertencias no sólo provienen del exterior y son dirigidas al gobierno nacional. Por ejemplo, Soiva denunció por nota dirigida al ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouilleron, “una lista de talleres que no cumplen con las leyes vigentes, como ser gente indocumentada, que es obligada a trabajar con cama caliente y durante largas jornadas en condiciones deplorables que rayan en el trabajo forzado”. Con ese texto fueron señalados talleres ubicados en Domingo Millán 796 de Villa Madero, y en Donovan 1645 y José Alico 260, ambos de Tapiales, que en conjunto explotan a 105 personas. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, también hay denuncias sobre casos similares en Laferrère (Tres Cruces 4493), Lomas del Mirador (avenida Mosconi 1179), Ituzaingó (Tel Aviv 6346), Ramos Mejía (Las Heras 782) y en la ciudad de Las Flores, por citar sólo algunas de las presentaciones que realizó el sindicato, previo a que el horror llamara la atención pública a raíz de las muertes del 30 de marzo pasado. Las denuncias realizadas con anterioridad a esa fecha al gobierno porteño son innumerables. Muchas respecto de “talleres clandestinos”, como en el barrio de Flores (Lafuente 1373, Yerbal 2952), en Floresta (Elpidio González 3552), en el Once (Viamonte 2644, La Rioja 1828), en Boedo (Asamblea 189), en Villa Crespo (Darwin 750), en Mataderos (Guaminí 2013). Como se aprecia, el espanto está esparcido por todos lados fue anticipado por varios, pero caía en saco roto.