A las 20.15, Carlos Tomada recibió un nuevo llamado de Néstor Kirchner, uno más en una jornada de nervios. Al Presidente lo había acompañado el malhumor desde muy temprano y antes de cenar con su familia en El Calafate quería saber cómo evolucionaba el conflicto de los subtes. El ministro de Trabajo fue expeditivo y llegaron a la misma conclusión: que la persistencia de la protesta obedece a razones esencialmente políticas y no a gremiales.

Tomada, reproduciendo la solicitada publicada ayer por Metrovías, aseguró que las trabajadores tercerizados gozan de los mismos beneficios que aquellos regidos por el convenio de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), con sueldos de 1796 pesos más antigüedad, y jornadas laborales de seis horas.

El ministro también admitió que en una o dos de las nueve empresas que prestan servicios para la compañía puede que se esté incumpliendo un acuerdo sellado el año pasado y que en ese caso la empresa de Benito Roggio tiene que poner las barbas en remojo. Por eso, la cartera laboral iniciaría inspecciones el próximo lunes para cerciorarse de que se cumplan los contratos. Al margen de ello, Tomada consideró “irracional” la presión que vienen ejerciendo los delegados de subterráneos.

El trámite de encuadramiento tiene plazos establecidos. Por eso para el Gobierno no resiste ninguna lógica gremial pretender violarlos. Dicho en criollo: desde hace unos días la CGT está en condiciones de decidir si los trabajadores tercerizados quedarán encuadrados o no en el convenio de la UTA. Concretamente, el comité arbitral de la central cuenta con 60 días para expedirse y, sólo si no lo hiciera durante ese período, quedaría la posibilidad de una intervención del Ministerio de Trabajo.

En voz baja se descuenta que, de tomar una resolución, a la CGT no le quedaría otra alternativa que favorecer a los trabajadores tercerizados. ¿Y por qué no se apura esa resolución? Por la interna sindical: una medida de ese tipo sería para Juan Manuel Palacios, el titular de la UTA, incorporar a las filas del gremio a sectores que lo enfrentan abiertamente.

En su charla con Tomada, Kirchner se interesó particularmente por ese trámite. El ministro de Trabajo recordó que se estaban cumpliendo con todos los plazos legales, que el Gobierno no estaba en falta y que la pelota ahora había pasado al terreno de la CGT.

Donde hubo mayor presión oficial fue sobre Metrovías. El Presidente no salía de su asombro por el caos que generaba en la ciudad el paro, justo en vísperas de Semana Santa. La empresa dijo no tener inconvenientes en poner en marcha los servicios mínimos –como la intimó Tomada–, pero pidió colaboración para liberar los andenes. De allí la rapidez del accionar del Ministerio del Interior.

La empresa de Roggio no tiene facultades para resolver un conflicto de encuadramiento. Pero en el Gobierno tampoco la creen ajena al origen del problema. Metrovías supo tercerizar áreas como “asistencia de pasajeros” o “control de evasión”, cuando ésas eran tareas propias de la compañía.

De ponerse en marcha algunas formaciones, con la irregularidad que permiten los servicios de emergencia, el foco mediático estará puesto en los túneles de Constitución, donde predican su resistencia los delegados. En el Gobierno dicen que no van a reprimir y no temen que la prolongación de la protesta transforme el conflicto en un “Garrahan II”.

“Acá hay que cumplir con la formalidad. Si nosotros entregamos lo que ellos quieren y en los tiempos que ellos quieren, van a estar diciendo: ‘Les rompimos el culo al Gobierno y a la UTA’, así que tendrán que aceptar las reglas de juego y hacer menos política. Y las reglas de juego imponen plazos legales”, razonaban los voceros del Ejecutivo. Poco después, aparecería la propuesta de Pérez Esquivel (ver nota central).