A última hora de la noche, los delegados y trabajadores de todas las líneas de subterráneos volvieron a autoconvocarse en la estación Constitución para analizar una propuesta de mediación planteada por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel ante el Ministerio de Trabajo. Al cierre de esta edición, una asamblea decidiría la suerte de la iniciativa, cuyos términos no habían trascendido, o si harán una confraoferta para levantar el “paro por tiempo indeterminado” que habían aprobado una hora antes.

En vísperas del feriado de Semana Santa, la ciudad se pareció a un infierno, abajo y en la superficie. En Primera Junta, la Policía Federal desalojó por la fuerza y llevó detenidos a delegados de los trabajadores que tenían paralizadas desde el martes al mediodía las cinco líneas de subterráneos y el Premetro, en demanda del encuadramiento en la UTA a los empleados de las empresas tercerizadas. Mientras, el núcleo duro de los huelguistas se preparaba para resistir un eventual desalojo en Constitución, con la Guardia de Infantería apostada en la estación.

Poco después de las 19, sólo las líneas A y D reanudaron el servicio con un cronograma de emergencia que no alcanzaba para descomprimir la demanda de los usuarios, en medio de los muchos problemas de tránsito. El Ministerio de Trabajo intimó a la empresa y a los gremios a cumplir con los servicios mínimos. La cartera laboral y Metrovías insistían en que la demanda de reencuadramiento sindical debe resolverla la CGT, pero su titular, Hugo Moyano, dijo anoche que el conflicto se había politizado y sobrepasado a las organizaciones gremiales. Sin negociaciones, los trabajadores habían dispuesto la continuidad del paro “por tiempo indeterminado”, pero pasada la medianoche volvían a analizar la situación luego de la intermediación de Pérez Esquivel.

Fue el cierre de una jornada complicada. Por la tarde, en la hora pico, el funcionamiento de sólo dos líneas y la escasa frecuencia no alcanzó para cubrir la demanda de los usuarios en la hora pico ni para descomprimir el caos de tránsito que generó la continuidad del paro.

Las escaramuzas que comenzaron el martes tuvieron ayer su prolongación. Con todas las líneas y el Premetro paralizados, Metrovías intentó poner en marcha algunos servicios con personal jerárquico, pero los trabajadores lo impidieron. Esta vez sin arrojarse a las vías pero exponiendo su integridad física: se sentaron en los andenes con sus piernas colgando para que los trenes no pudieran entrar en las estaciones.

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, calificó como “una locura” la medida de fuerza y advirtió que Metrovías podría aplicar sanciones porque no se trata de “una medida de fuerza institucionalizada”. En tanto, la cartera laboral intimaba a Metrovías y a los gremios a asegurar los servicios mínimos bajo “apercibimiento de cancelación de la personería gremial y aplicar multas económicas”.

La situación se tensó. A las 15, la Guardia de la Infantería desalojó por la fuerza a los trabajadores que mantenían el piquete en Primera Junta y detuvo a diez. El jefe del operativo, el comisario Ricardo Faranna, aseguró que respondía a “una decisión del Ministerio de Interior” para “garantizar la circulación y evitar el riesgo de electrocución de los trabajadores”, que se encontraban protestando en las vías y con una “orden muy precisa: garantizar la libre circulación de los pasajeros”. Después, el ministro Aníbal Fernández aseguró que actuó “por orden judicial”.

Los trabajadores desalojados en Primera Junta salieron a la calle y cortaron Rivadavia y Centenera para reclamar la liberación de los empleados detenidos y marcharon hasta la comisaría 12ª de Caballito. Tras ser liberados, los trabajadores repudiaron la “brutal actitud de la policía”. Totalmente afónico, Jorge Morinigo, delegado de la tercerizada empresa de seguridad CMS, también arrastraba su pierna izquierda: “Estoy lleno de moretones, me dieron una patada en la pierna que apenas me deja caminar”, le dijo a Página/12. Manuel Company, delegado de subterráneo, mostraba el corte en la frente. “Fue con uno de los palos”, afirmó a este diario. Su abogado, Luis Orellana, confirmó que los liberados quedaron afectados al sumario ordenado por el juez Raúl García por “obstrucción del transporte público y resistencia a la autoridad, pero nadie exhibió la orden judicial de desalojo antes que se desatara la represión”.

El principal foco de resistencia lo ofrecían los trabajadores de Metrovías y de las empresas tercerizadas en la estación Constitución. Hasta allí llegó la policía con la orden de desalojo: “Restaurar el servicio en la fecha por medio de las facultades reglamentarias y constitucionales. El derecho a peticionar se encuentra limitado cuando las conductas exceden el mismo y quedan calificadas como delito”, decía el escrito judicial que no llevaba sello ni firma.

En Trabajo se sucedieron las reuniones entre funcionarios de la cartera laboral con Metrovías y la UTA. Desde el ministerio y la empresa insistían en que el conflicto por el reencuadramiento sindical era una resolución que dependía de la CGT. Pero los popes sindicales sólo respondieron por escrito: “En el conflicto del subte, con la petición de dos organizaciones sindicales hermanas confederadas en la misma Central, la decisión pasa por el Comité Arbitral, condición por la cual nos abstenemos de cualquier declaración”, decía el escueto comunicado.