El Banco Mundial condicionó el financiamiento de las papeleras a que completen el estudio de impacto ambiental. El organismo dijo que su junta directiva decidirá si concede los créditos sólo después de que estén terminados los informes sobre los efectos “ambientales y sociales” de las plantas, para lo que Botnia y Ence no han dado todavía toda la información requerida. El anuncio, que se dio a conocer con un comunicado de prensa, fue interpretado por el Gobierno como una postergación en la aprobación de los créditos. “No hay dudas” de que los reclamos de la Argentina sobre la “falta de información” fueron escuchados y, por eso, “el Banco Mundial decide postergar el financiamiento hasta que haya un cambio de actitud de Botnia”, sostuvo el canciller Jorge Taiana. En la jornada hubo otro cimbronazo para las compañías de celulosa; la abogada Romina Picolotti informó que el banco holandés ING Group –asesor financiero del sindicato de bancos privados de los proyectos– se apartó de ese rol.

Las dos noticias, que afectan la ingeniería crediticia de las plantas, dieron al Gobierno un sabor a triunfo. Pero el Banco Mundial salió a relativizar los alcances de su propio anuncio. La vocera Adriana Gómez dijo a Página/12 que los créditos “no han sido denegados, no están suspendidos ni postergados”.

“Lo que hay es un proceso que sigue en marcha”, agregó. “Estamos trabajando en un plan de acción sobre cómo seguir, que se dará a conocer en los próximos días. Vamos a terminar el proceso de evaluación y en ese momento la CFI (la consultora contratada por el BM para el estudio de impacto ambiental) presentará un proyecto ante la junta directiva del banco, que tomará la decisión final”.

Los créditos pendientes del BM para las papeleras son de 400 millones de dólares, 200 para Botnia y 200 para Ence. Según datos de la Cancillería, en el caso de Botnia (el que más preocupa) esto representa el 10 por ciento de sus necesidades de financiación. La empresa pondrá un 30 por ciento de capital propio y tomará el resto de la banca privada.

Así, lo del BM es un porcentaje menor en el paquete de fondos. Pero una demora en su aprobación puede afectar al conjunto, si los inversores privados lo toman como señal de riesgo del proyecto.

Consultados sobre el tema, en Botnia quitaron importancia a la situación. La empresa “no tiene la impresión” de que peligren los créditos, señaló Encarnación Ezcurra, vocera de la firma. Por esto “seguirá adelante con las obras sin desacelerar su ritmo”. La consultada agregó que la compañía “está preparando las aclaraciones pedidas por el Banco Mundial” y considera que “el BM no es clave para su financiamiento”.

La pelea en el frente financiero de las papeleras pasó a un primer plano el martes, cuando la Corporación Financiera Internacional –perteneciente al Banco Mundial– difundió su informe de estudio ambiental sobre las papeleras. El trabajo es clave porque de él depende que el BM libere el último tramo de los fondos. En diciembre, el organismo dio a conocer un borrador del informe, favorable a la instalación de las papeleras, que fue cuestionado por la Argentina. La principal objeción fue que las empresas no habían dado una información completa sobre cómo trabajarán, por lo que es imposible evaluar sus potenciales efectos. En la nueva versión del informe, la CFI dijo que “la preocupación de que las plantas causen daños ambientales catastróficos carece de sustento”, pero reconoció que la queja Argentina es fundada. Entre otras cosas, el informe dice que:

- Botnia y Ence no han suministrado suficiente información sobre procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas.

- Falta hacer “una auditoría de las estimaciones de vertido” de desechos al río.

- Las empresas no han dado información suficiente sobre las características del diseño de sus plantas.

- Todavía no se analizó cómo será afectado el turismo.

Los expertos encargados de evaluar el impacto ambiental plantearon que, por estas faltas, no pueden hacer una evaluación del impacto ambiental.

Ayer, desde la Cancillería, Taiana remarcó que el problema es el mismo que alimenta el conflicto entre Uruguay y Argentina. “Esta falta de información, que ahora confirman los expertos y que insistentemente viene solicitando la Argentina, fue la razón por la cual cayeron durante más de una año todas las instancias de diálogo entre los dos países por la intransigencia de las empresas a brindar los datos que les pedimos.”

Taiana agregó que el gobierno nacional “viene hace seis meses pidiendo información de impacto ambiental, que ni Uruguay ni Botnia escucharon”. Con el informe de la CFI, “no quedan dudas de nuestro planteo, ahora que el Banco Mundial decide postergar el financiamiento hasta que haya un cambio de actitud por parte de Botnia”.

En cuanto a la decisión del ING Group de separarse del proyecto de las papeleras, la abogada Picolotti dijo que se trata “del banco más importante de Holanda”, que ha tomado esta medida luego de conocer las quejas presentadas por la provincia de Entre Ríos y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente. “Hemos hecho un rastreo, hemos investigado qué bancos tienen pedidos de financiamiento de las papeleras y qué principios están obligados a cumplir. En base a eso los estamos demandando frente a sus propios directorios, a los accionistas y en Naciones Unidas. Es un recurso cuasi jurídico, pero que está dando resultados.” Reclamos similares, agregó la abogada, fueron presentados también ante las agencias crediticias de España y Finlandia.

Las demandas tienen como base un mismo argumento: que la construcción de las papeleras no debió ser autorizada sin tener previamente el estudio de impacto ambiental. Para la abogada, esto constituye “un acto de ilegalidad” que los bancos deberán tomar en cuenta antes de expedirse.