Hace sólo quince días presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional amenazado por varios pedidos de juicio político que investiga el Consejo de la Magistratura. El Gobierno todavía no le contestó, pero Angel de Jesús Toledo espera la decisión bien parado. Como en las épocas más activas, el único juez federal de Santiago del Estero se puso a trabajar en alguno de los expedientes que hasta ahora permanecían prácticamente paralizados. Entre ellos se encuentra una acusación emblemática de los organismos de derechos humanos contra Jorge D’Amico, un oficial de inteligencia detenido hace más de dos años por la desaparición de un concejal santiagueño en los días previos al golpe. Ayer, Toledo decidió excarcelarlo. La decisión disparó críticas de los organismos locales y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que apelará la medida.

Jorge D’Amico es uno de los personajes más simbólicos en Santiago. Como oficial de Inteligencia del Ejército participó del Operativo Independencia antes del golpe de Estado y fue uno de los nexos operativos entre las provincias de Santiago del Estero y Tucumán después de marzo de 1976. Como sucedió con buena parte de la estructura política de la provincia, D’Amico se recicló con la democracia: hasta el año 2003 estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Carlos Juárez.

Su detención se produjo en medio del proceso de intervención federal a la provincia, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en una causa por la desaparición de Emilio “Chongo” Abdala, un concejal santiagueño que desapareció –según la denuncia– desde el despacho del ministro del Interior antes del golpe de Estado. D’Amico, el ex comisario Musa Azar y el propio Carlos Juárez quedaron imputados y fueron detenidos por su responsabilidad en esa desaparición.

En diciembre del año pasado, distintos referentes de los organismos de derechos humanos locales llamaron la atención sobre la forma en la que no avanzaba la causa. “Esto era un resultado esperado”, le dijo anoche a Página/12 Luis Garay, ex preso político y miembro de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

D’Amico se ganó la excarcelación porque desde hace más de dos años está detenido sin condena. “Corresponde el otorgamiento, sin dilaciones, del cese de prisión”, dijo su abogado Juan José Saín luego de apelar al incumplimiento de las garantías constitucionales y el vencimiento de los plazos fijados por el Código Procesal Penal. Esos argumentos pusieron en medio de una encrucijada a los organismos de derechos humanos santiagueños como sucedió días pasados con los organismos del resto del país que reclaman el aceleramiento de las causas sobre terrorismo de Estado para llegar a las condenas y evitar nuevas excarcelaciones.

Por esa razón, los organismos de Santiago no cuestionaron la excarcelación en sí misma sino la lentitud del proceso judicial que permitió la salida de D’Amico: “Toledo ha dejado vencer plazos procesales, nosotros veníamos denunciando su actitud porque iba a terminar en esto”, agregó Garay.

Acosado por una serie de pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, Toledo presentó su renuncia el último 28 de marzo. Ahora, la decisión quedó en manos del Ejecutivo. Si se acepta, Toledo vivirá de su jubilación y evita el proceso de juicio en el Consejo. Si sucede lo contrario, el proceso de juicio seguirá adelante. En este momento, su situación no es ni la una ni la otra. En coincidencia con alguna de las posiciones de la Secretaría de DD.HH., los organismos locales piden al menos una “suspensión” para detener su trabajo frente a las causas.