“Para que el Nunca Más en la Argentina sea efectivo tiene que haber sanciones ejemplares, por lo tanto no podemos convivir en este Congreso con alguien que tiene manchadas las manos con la sangre de nuestro pueblo.” Con esta frase concluyó su alegato el diputado Remo Carlotto, uno de los impugnantes del represor Luis Patti, y lo acusó por la desaparición de cuarenta y seis personas en Escobar. El diputado electo ayer no apareció en la comisión que define su destino; prefirió que su defensa la ejercieran sus abogados y difundió una gacetilla (ver aparte). “La inhabilidad de Patti está acreditada en forma judicial y extrajudicial”, aseguró otro de los impugnantes, el diputado Miguel Bonasso. El próximo martes, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja emitirá su dictamen sobre la idoneidad moral del ex subcomisario para asumir la banca que ganó en las elecciones de octubre. El 23 de mayo una sesión especial definirá si queda afuera o adentro del Parlamento.

Bonasso lamentó que el represor “no haya venido para que nos explique mirándonos a los ojos todos estos hechos” y puntualizó que Patti supo ensañarse con periodistas –como el desaparecido Tilo Wenner, a quien homenajeó–, jóvenes estudiantes secundarios y sindicalistas. Del mismo modo, Carlotto le atribuyó violaciones a los derechos humanos antes, durante y después de la dictadura.

Cerca del mediodía, el segundo piso del anexo se fue poblando de diputados, asesores y público, entre quienes estuvieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y militantes de la agrupación H.I.J.O.S. de diferentes partes del país, además de los hijos de Gastón Gonçalves y del ex diputado Diego Muñiz Barreto. A la izquierda de la presidencia, a cargo del kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, se ubicaron los impugnantes y los diputados de la comisión afines a ellos, en su mayoría oficialistas y del ARI. Enfrente, junto a los abogados defensores de Patti, estuvieron los tres diputados del Paufe, junto a Pablo Tonelli (PRO) y Marina Cassese (ex duhaldismo duro).

Carlotto fundamentó los aspectos jurídicos y políticos del proceso. Tras señalar que el artículo 64 de la Constitución establece la facultad de las Cámaras del Congreso para evaluar la idoneidad de los títulos de sus miembros, citó el dictamen del procurador Esteban Righi y los antecedentes de la misma comisión en el caso de Antonio Domingo Bussi, cuando se impidió su ingreso a la Cámara. “En este proceso se analiza la idoneidad moral laica, alejada de todo relativismo político, la moral pública no privada del impugnado, y en la Argentina posterior a la reforma constitucional de 1994 no es posible tener por idóneo a quien haya participado de violaciones a los derechos humanos”, dijo el diputado.

Respecto de los cuestionamientos que apuntan a que la impugnación avasalla los derechos políticos de Patti, Carlotto citó al jurista italiano Luigi Ferraioli: “Los derechos humanos incorporan valores previos y más importantes que los políticos”. Y agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no pueden acceder a cargos públicos, y esto no vulnera sus derechos políticos. Bonasso dejó en claro que “la soberanía popular es un requisito de la democracia, pero también lo es la plena vigencia de los derechos humanos”, y enfatizó que “la impugnación debe ser un instrumento de excepcionalidad absoluta y no puede convertirse en un vehículo de persecución política”.

Carlotto aseguró que las 46 desapariciones que pesan sobre Patti en Escobar “son delitos permanentes que se siguen cometiendo, al menos hasta que no explique dónde fueron arrojados o enterrados”. Esto alude al argumento de la defensa del represor, que invoca que las causales de remoción de un diputado deben ser por actos posteriores a su elección. Los impugnantes sostienen que la Carta Magna también contempla la posibilidad de impedir la asunción por hechos cometidos en el pasado, pero cuyos efectos se prolongan hasta el presente, como es el caso de los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles.

Luego de repasar los testimonios del horror recogidos por la comisión, Carlotto comparó el fraguado enfrentamiento con el cual encubrieron el asesinato de su hermana Laura y el que habrían protagonizado Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. “Mintió el diputado electo (Patti) cuando dijo que mató a dos valientes montoneros, los fusiló por la espalda”, bramó a su turno Bonasso. Los otros dos impugnantes que alegaron fueron Araceli Méndez de Ferreyra y Héctor Tinnirello.

La defensa de los abogados Silvio Duarte y Rafael O’Gorman apuntó a invalidar los testimonios, pero careció de elementos contundentes. Su única argumentación se basó en la ausencia de denuncias judiciales sobre algunos hechos mencionados por testigos. “La idoneidad de Patti para ser diputado se la dieron 400 mil votos, hay que respetar la opinión del pueblo, y si no lo hacen estarán cometiendo un acto fascista”, se permitió advertir O’Gorman a los diputados que ya se estaban levantando para irse.