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Se definen como “economistas de izquierda”, se proclaman “socialistas” y tienen una propuesta “para superar la crisis nacional”. Plantean que es necesario crear un “diseño de plan productivo” para terminar con la depresión, pero advierten que esa idea “no puede (ni debe) apoyarse en la expectativa de inversiones extranjeras”. El proyecto vincula algunas recetas clásicas de la izquierda, como la “suspensión inmediata del pago de la deuda pública” y la “expropiación de los banqueros”, con ideas que han sido aplicadas en Europa, como la reducción de la jornada laboral para reducir el desempleo, y que parecen menos utópicas por imposición de la realidad, como la reestatización de las empresas de servicios privatizadas, que ya se concretó en la provincia de Buenos Aires con la proveedora de agua Azurix.
Cuatro años atrás, su programa económico habría sido ignorado por el clima de época, con los profetas del neoliberalismo exaltando los beneficios de la convertibilidad, sin distinción entre ortodoxos y heterodoxos. Pero la Argentina de 2002 es otro país, con la depresión sin final a la vista y la crisis económica que se expande hacia toda Latinoamérica. En ese contexto, entonces, las ideas de un equipo de economistas inscriptos en lo que llaman el “proyecto estratégico socialista” funcionan como una muestra de la plataforma de una de las alternativas políticas que competirá –con buenas chances, según las encuestas– en las elecciones del año que viene.
El grupo está integrado por varios intelectuales y expertos en teoría económica, como Luis Becera, José Castillo, Alberto Bonnet, y entre ellos participa Claudio Katz, profesor universitario de la cátedra Economía II de la carrera de Sociología de la UBA. Katz asesora en temas económicos al diputado Luis Zamora, posible candidato a presidente por el flamante movimiento Autodeterminación y Libertad. El viernes pasado, estos “gurúes” que representan a distintos sectores de la izquierda expusieron su programa “para acabar con el genocidio social” en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
Las propuestas de Katz y sus colegas, además, dejan traslucir un par de internas que recorren el arco político que va de la izquierda a la centroizquierda: en su paper, el equipo de economistas, que representa el pensamiento de Zamora en la materia, asegura que la teoría del “shock redistributivo” –basado en la hipótesis del derrame– quedó superado por la realidad y la crisis económica. “Sabemos que la riqueza disponible se redujo en una cuarta parte desde el comienzo de la depresión y que redistribuiremos la miseria si la superación de la emergencia social no es acompañada por una acelerada reconstrucción de la actividad económica.”
Con ese argumento, el think tank de izquierda cuestiona de forma sutil a la propuesta de redistribución de la riqueza que desde hace muchos años impulsa la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Con una intención similar, el grupo de economistas critica al Plan Fénix, que se propone negociar una “reestructuración” de la deuda externa con los acreedores. Para Katz y compañía, en cambio, “hay que romper con el FMI” porque sólo de esa forma se podrán financiar las medidas necesarias para salir de la depresión, dar trabajo y elevar el nivel de actividad. En ese punto, precisamente, se oponen Zamora y Elisa Carrió, a quienes muchos querrían ver compartiendo una fórmula presidencial.
Pero la ruptura con el Fondo es sólo una de las “medidas de emergencia” que sostiene el documento. Para cumplir con el objetivo inmediato, “revertir el genocidio social”, los firmantes proponen una serie de puntos que permitirían terminar con el “empobrecimiento criminal que está sufriendo el pueblo”. Estos son, a saber:
- Implementar un “seguro de empleo y formación” de 380 pesos para jefes o jefas de hogar, porque los planes actuales, de 150 pesos, han sido afectados por la devaluación y terminan funcionando como un “piso que reduce el piso de los sueldos”.
- Reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo disponibles, “manteniendo el salario y con la supervisión obrera sobre los ritmos y la intensidad del trabajo”.
- Elevar el salario mínimo a 700 pesos, cuando ese derecho actualmente ronda los 200 pesos, y unificar todas las jubilaciones y pensiones en vigencia en una “cobertura universal de 500 pesos”.
- “Expropiar a las AFJP” y reemplazarlas por un “sistema único de jubilaciones solidarias” que funcione “bajo control de los trabajadores en servicio y retirados”.
En este punto, la propuesta parece, a simple vista, coincidir con lo que han dicho públicamente varios funcionarios del Ejecutivo. Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, quien luego de ser nombrada aseguró a Página/12 que “habría que reformular el sistema de jubilación privada”. Sin embargo, los economistas de izquierda rechazaron esa comparación: “Esta propuesta difiere radicalmente de la estatización que promueven algunos sectores del Gobierno, que quieren destinar los fondos a pagar los intereses de la deuda pública”.
El documento sigue con una declaración de prioridades, “la alimentación, el tratamiento de enfermedades masivas y la alfabetización”, que se llevarían a la práctica a través de determinadas políticas sociales. Claro que entonces, como con todo lo descripto anteriormente, surge una pregunta, ¿cómo financiar esos gastos?
Para responder a consulta, un tanto inquietante, el grupo de economistas propone “establecer impuestos directos sobre los beneficios”, “intervenir en los bancos para investigar el destino de los fondos fugados”, “expropiar sin indemnización a los bancos que estafaron” e implementar “formas democráticas de gestión” (al estilo de los nuevos modos de participación de las asambleas) en las empresas de servicios públicos que hayan sido expropiadas.