Ocho represores de la ESMA, acusados de la desaparición de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y de otros siete integrantes del grupo que solía reunirse en la iglesia Santa Cruz en busca de familiares secuestrados, fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Sergio Torres, que también les trabó un embargo de doce millones de pesos a cada uno. El magistrado, además, le agregó al ex marino Alfredo Astiz y al capitán (RE) Antonio Pernías un procesamiento por la privación ilegal de la libertad y las torturas sufridas por seis ex detenidos.

“Nos encontramos ante la actividad de los integrantes de la Unidad de Tareas 3.3.2, con base operativa en la ESMA, que tenía entre sus objetivos el de detener a los integrantes de las incipientes agrupaciones formadas por familiares de personas que permanecían en condición de desaparecidas, que se reunían en distintos puntos de la ciudad a efectos de organizarse para reclamar por sus seres queridos, cuyo destino era ocultado por aquellos que detentaban el poder”, escribió Torres en una de las resoluciones que firmó ayer.

El juez se refería, en este caso puntual, a quienes se reunían en la iglesia Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, donde estaba infiltrado Astiz, con el seudónimo de Gustavo Niño, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Entre el 8 y el 10 de diciembre fueron secuestradas Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, que fueron fundadoras de Madres de Plaza de Mayo; también las monjas Domon y Duquet, y completan la lista Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Todos ellos, explica el fallo, estuvieron detenidos en la ESMA, alojados en los sectores conocidos como “capucha” y “capuchita” y “fueron sometidos a tormentos”.

Astiz, Pernías, Jorge “Tigre” Acosta y otros miembros de la patota de la ESMA ya habían sido procesados por esas desapariciones. Ahora el juzgado amplió las imputaciones a otros integrantes del grupo de tareas que actuaba desde ese centro clandestino: los marinos Raúl Enrique Scheller, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Enrique Perren y Néstor Omar Savio, el mayor del Ejército Julio César Coronel y el policía Ernesto Frimon Weber.

Estos represores operaban, en su mayoría, como agentes de inteligencia. Scheller, según relatos de sobrevivientes, interrogaba y torturaba. Weber también: lo llamaban “220”, porque aplicaba picana eléctrica. Perren estuvo asignado al Centro Piloto París, armado durante la dictadura para generar campañas de prensa y propaganda para descalificar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Para negar secuestros con eco internacional, como el de Domon y Duquet, a la primera le hicieron escribir una carta diciendo que la había secuestrado “un grupo disidente del gobierno de Videla”. Y obligaron a un detenido a fotografiar a ambas en un sótano de la ESMA con una bandera de fondo que decía Montoneros, una imagen que hicieron llegar a la prensa francesa.

Torres basó los procesamientos en los testimonios de sobrevivientes de la ESMA y en los estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ya logró identificar los restos de Villaflor, Ballestrino, Ponce, Duquet y Aguad. Sus cuerpos habían sido sepultadas como NN en el cementerio de General Lavalle, después de aparecer en playas bonaerenses. Fue la primera evidencia científica de los “vuelos de la muerte”.

En otras dos resoluciones, el juez procesó a Astiz por el secuestro, la detención y las torturas en la ESMA de Ricardo Coquet, María Inés Imáz de Allende, Alfredo Margari, Josefa Prada de Olivieri y María Eva Bernst de Hansen. Le trabó un embargo de cinco millones de pesos. A Pernías le imputó el caso de Prada y de Amalia Larralde. Lo embargó en dos millones. Astiz sigue preso en la Base Naval de Zárate, aunque no tiene grado militar. Pernías también está en dependencias de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa reclamará que pasen a una cárcel común, pero todo indica que la resolución del trámite demorará.