La Iglesia Católica le trasmitió formalmente ayer al Gobierno su preocupación por la reforma a la Ley Federal de Educación, cuyos futuros ejes serían anunciados por el presidente Néstor Kirchner en pocos días más. Los mensajeros de la inquietud fueron los miembros de la Comisión Episcopal de Educación, en una reunión que mantuvieron con el ministro del área, Daniel Filmus. El funcionario les aseguró que la Iglesia “no será excluida” del debate y que la intención de esa cartera es mantener los contenidos referidos a los valores presentes en la actual ley.

En los despachos oficiales vienen trabajando desde hace tiempo en la reforma de la Ley Federal de Educación. Fuentes de la cartera educativa anticiparon que la intención es que Kirchner y Filmus presenten los primeros lineamientos de los cambios.

La modificación de la Ley Federal de Educación preocupa a la Iglesia y así se lo trasmitieron a Filmus los integrantes de la Comisión Episcopal de Educación, encabezados por su titular y obispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti. De la reunión con el ministro participó también el presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), el sacerdote jesuita Hugo Salaberry.

Los obispos pretenden que la futura ley mantenga el “espíritu” de la vigente, surgida del Congreso Pedagógico Nacional. En síntesis, quieren que se respete la libertad de enseñanza, el papel subsidiario del Estado, el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos y la apertura de los contenidos a los valores trascendentes.

La decisión del Gobierno de reformar la ley fue tema de análisis del plenario del Episcopado. Y, de hecho, los obispos reunidos en Pilar expresaron el último sábado su inquietud al respecto.

En línea con lo conversado en el plenario del Episcopado, Garlatti le comentó a Filmus que para la Iglesia la actual ley “sigue siendo, todavía hoy, un instrumento muy valioso para la educación argentina, ya que posibilitó muchos avances, aun cuando no ha sido aplicada integralmente”. Según trascendió, aun así el prelado admitió que hay que revisar “aspectos estructurales e instrumentales” y, sobre todo, “corregir lo corregible para que la ley tenga la operatividad funcional que la sociedad argentina reclama y para que la igualdad de oportunidades y la educación de calidad sean una realidad”.