“No soy un hombre de Inteligencia, sino de barcos”, se excusó ayer el ex director de Inteligencia Naval vicealmirante Pablo Rossi ante el conjuez federal Luis López Salaberry, que investiga el espionaje ilegal en la Base Almirante Zar de Trelew. Rossi es el primero de los imputados que acepta contestar las preguntas de Su Señoría, con excepción del cabo Carlos Alegre, que denunció las tareas de inteligencia política a las que se negó a participar. El marino llegó al tribunal escoltado por su abogado y evitó hacer declaraciones a la prensa. Durante las cuatro horas que duró su indagatoria, sostuvo que no ordenó hacer inteligencia política y que nunca vio ninguno de los documentos de espionaje ilegal. También manifestó que no es un espía, sino un marino que se capacitó para ocupar el cargo.

“Sólo puedo confirmar que mi defendido declaró, pero no voy a dar más detalles”, sostuvo, escueto, Eduardo Iglesias, uno de los abogados del vicealmirante.

Rossi, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, es uno de los altos oficiales de la Armada que fue relevado inmediatamente de su cargo cuando se conoció el caso de espionaje en la Base Almirante Zar, en marzo de este año. El otro fue el contraalmirante Eduardo Avilés, que en ese momento era el número tres de la fuerza. Avilés deberá asistir a la indagatoria el próximo lunes. No es el único de los altos mandos que concurrirá.

Como en Z, del director griego Constantin Costa Gavras, la semana próxima habrá un largo desfile de uniformes por los tribunales: al capitán de Navío Gustavo Ottogalli, actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada, le toca el miércoles próximo; al capitán de Navío Jorge Janiot, el jueves, y el viernes al jefe de la Base Almirante, capitán de Navío Félix Medici.

Esta semana se negaron a declarar los marinos que habrían realizado las tareas de espionaje ilegal en la Base Almirante Zar: el director del área de Inteligencia de la Base, capitán de Corbeta Gustavo Monzani; el suboficial principal Alfredo Luis Andrade y los suboficiales segundos Daniel Guantay y Vicente Claudio Rossi. Todos sostuvieron que estarían “violando secretos militares” si hablasen. Con el mismo argumento, su abogado defensor, Guillermo Hervida, intentó querellar al cabo Alegre, pero el juez López Salaberry desestimó la denuncia. Alegre sufrió castigos por negarse a colaborar en las tareas de Inteligencia, que llegaron al punto de negarle incorporar a su familia a la obra social y hasta impedirle hacer deportes durante un año.

Entre los archivos, que se conocieron luego de la denuncia del cabo Alegre al CELS, se encontraron seguimientos a la ministra de Defensa, Nilda Garré, al primer juez que instruyó la causa, Jorge Pfleger, y a políticos y organizaciones sociales de Chubut. Los espías tuvieron un especial interés en los actos que se hacían en Trelew para recordar el fusilamiento de 16 presos políticos en la misma Base Almirante Zar.

Informe: Werner Pertot.