En el marco de la Convención Americana por los Derechos Humanos (CIDH), la Argentina llegó a un acuerdo de solución amistosa con Rodolfo Correa Belisie, el militar que había sido arrestado por haber declarado en contra de sus superiores en el juicio por el asesinato del soldado Omar Carrasco. “La solución amistosa” del planteo del oficial ante el tribunal internacional fue posible por el compromiso del Estado argentino de modificar el Código de Justicia Militar que, entre otras cosas, no garantiza el derecho a defensa ni la posibilidad de contar con jueces imparciales ni presentar pruebas. La Cancillería y el Ministerio de Defensa, en representación del Estado, “presentó sus más sinceras disculpas” a Correa Belisie y se comprometió a enviar al Congreso el proyecto de modificación del sistema de Justicia militar. De hecho, el acuerdo –que no limita al militar a seguir en la Justicia argentina la causa por un resarcimiento pecuniario– es ad referendum de la promulgación de la nueva ley.