Fue uno de los campos de concentración y desaparición más grande de la última dictadura militar, junto con la ESMA. Muy pocos sobrevivieron a él. La causa que investiga los crímenes cometidos allí, en Campo de Mayo, estuvo confinada a un archivo hasta hace muy poco y ayer, finalmente, fueron detenidos cuatro represores acusados de privación ilegal de la libertad, torturas y robos. Adrián Gómez, uno de los abogados querellantes, dijo que habría más detenciones y que apuesta a que se sumen más denuncias y testimonios. En esta investigación, además, por primera vez testificarán quienes hicieron el servicio militar en 1976 en Boulogne.

La disposición del juez federal de San Martín, Alberto Martín Suárez Araujo, alcanza a los oficiales Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni; al director de la Escuela de Infantería, Osvaldo Jorge García, quien estuvo a cargo del área de Vicente López, y a Alberto Angel Aneto, que trabajaba en la comisaría de Villa Martelli. A todos ellos se los acusa de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, robo agravado y allanamientos. Además de Campo de Mayo, en esta causa se investigan los crímenes cometidos en lo que se conoce como la Zona IV, un extenso territorio que incluye desde municipios del Norte del conurbano bonaerense, como San Isidro o Vicente López hasta Campana.

La causa había quedado paralizada a raíz de que la Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Ni siquiera el fiscal apeló. Si no fuera por los abogados querellantes, esto quedaría en la nada”, contó Gómez. Fue la Cámara de Casación la que resolvió que se reanuden, entre otras, las investigaciones sobre el secuestro de Matilde Lanuscou, una beba que habría sobrevivido a la matanza de sus padres y sus dos hermanos de cinco y seis años, aunque se simulara su muerte (se dijo que cinco subversivos habían fallecido luego de un enfrentamiento) y los diarios de la época publicaran la versión oficial. También se reactivó la causa por el secuestro y asesinato del joven Florián Avellaneda, hijo de un reconocido dirigente del Partido Comunista, cuyo caso fue denunciado por el desaparecido escritor y periodista Rodolfo Walsh en su “Carta abierta a la Junta Militar”.

“Hace un mes, mientras un colimba terminaba de declarar sobre el caso Lanuscou-Miranda, comentó: ‘Yo pensé que me había llamado por la muerte del Pollito Fernández Meijide (el hijo de la ex dirigente de la Alianza, Graciela Fernández Meijide). Yo estuve cuando la subdirectora de su colegio vino a denunciarlo por subversivo’”, contó otro de los abogados querellantes, Pablo Llonto, quien representa a la familia Lanuscou. Muchos de los 250 soldados que prestaron servicio militar en el batallón de Arsenales Esteban de Luca de Boulogne colaboraron con la Justicia brindando este y otros datos, hasta ahora desconocidos, sobre la represión y desaparición de otras personas y de compañeros de ellos en Campo de Mayo, desde donde se sospecha que salieron muchos de los vuelos de la muerte. También está tomando forma la hipótesis de que hubo colimbas especialmente adiestrados para reprimir.

Además de un museo de la lucha “antisubversiva” y una guardería para los hijos de los desaparecidos, “Campo de Mayo se utilizó como lugar de exterminio de la gente del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y creemos, incluso, que hay gente enterada allí”, informó Llonto, quien elogió al juzgado que lleva adelante las causas, por las que también podría quedar imputado el jefe de la Zona IV, Santiago Omar Riveros, actualmente detenido por ser considerado uno de los organizadores del Plan Cóndor, que coordinó el accionar represivo de las dictaduras del Cono Sur.

Informe: Emilio Ruchansky.