Probablemente en los próximos meses hubiese tenido que dar cuenta de cómo hace para mantener dos cocheras y 600 metros cuadrados del departamento de Marcelo T. de Alvear y Suipacha donde vive con un sueldo de juez federal. Ese era uno de los puntos que investigaba, hasta ahora, el Consejo de la Magistratura y que formaba parte de los tres expedientes que tenían en las puertas del juicio político al juez federal Jorge Urso. Pero ayer todo cambió: a un día de que la Comisión de Acusación del Consejo se reuniera para tomarle declaración y analizara el avance del juicio, el cuestionado magistrado presentó su renuncia al cargo por “razones de salud”. El presidente Néstor Kirchner aceptó la renuncia.

“No le digo que se las vio negras porque voy a ser acusado de discriminación, pero esta vez el juez se habrá dado cuenta de que la investigación en el Consejo venía en serio”, especulaba anoche Beinusz Szmukler, consejero a cargo de la instrucción de uno de los tres grandes expedientes que pesan sobre la carrera judicial del funcionario.

Urso es el mismo juez que ordenó la prisión preventiva de Carlos Menem en 2000 por la venta de armas a Ecuador y Croacia, en un caso que luego fue revisto por la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, el magistrado acumula varias denuncias en su contra, tres de las cuales había empezado a analizar la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para decidir si iniciaban el juicio político.

La primera causa se originó con una vieja denuncia del Tribunal Oral Nº 3 que sumó otra de la Cámara Federal por múltiples nulidades procesales de resoluciones de distintos sumarios en causas por tenencia de estupefacientes para la comercialización. Paralizada durante varios años, la causa volvió a reactivarse recién en 2002 a partir de la denuncia de tres consejeros que fue publicada por Página/12. Quienes conocen el peso de la investigación sostienen que el funcionario no hizo todos los procedimientos necesarios.

Otro motivo de peso es la investigación de una presunta causa paralela en una pesquisa sobre adulteración de combustibles que llevaba adelante la Justicia federal de Lomas de Zamora. Según la denuncia de mal desempeño promovida por los consejeros, Urso ordenó allanamientos en distintas empresas y una serie de detenciones, pero varios testigos lo acusaron de pedir coimas para dejarlos en libertad.

El último expediente reúne las dos causas tal vez más conocidas. Ambas contienen acusaciones por supuesto cohecho: una se inició con la denuncia en televisión de su mucama y la otra por el testimonio de un antiguo secretario del juzgado. Para buscar las pruebas, los instructores del Consejo pedirán una serie de medidas sobre su patrimonio como el dato sobre el mantenimiento del departamento de Marcelo T. de Alvear. Según la información de los consejeros, como el inmueble no está a su nombre se preguntan cómo logra pagar un alquiler de dos o tres mil dólares con un sueldo de juez federal, de unos ocho mil pesos.

Pero estas causas no prosperarán. La renuncia podría dejar las investigaciones archivadas. Hasta este momento, Urso estaba gozando de una licencia por “cuestiones de salud”, un beneficio que obtuvo en los últimos días porque debió someterse a varios chequeos médicos y a la atención de algún “pico de presión”, según dijeron en Tribunales. Una versión complementaria de parte de los allegados del juez señalaba ayer que tomó la decisión de alejarse después de un fuerte ataque de presión que sufrió el último fin de semana y que precipitó su alejamiento del Juzgado Nº 8, cuyo cargo ocupa desde 1995. Aunque ayer no se sabía en qué momento exactamente presentó su renuncia, durante la tarde voceros del Gobierno confirmaron que había sido aceptada a través de “los canales correspondientes”. En ese contexto, explicaron que el presidente Kirchner decidió aceptarla a través de un decreto que firmó en las últimas horas y confirmaron las “razones de salud”.

Urso debía estar presente hoy a las 10.30 en el Palacio de Justicia donde los consejeros iban a empezar a analizar el expediente sobre presunto mal desempeño de la causa sobre drogas. En ese contexto, se esperaba una eventual declaración del juez dado que los consejeros tenían previsto solicitar una virtual citación a indagatoria frente a las imputaciones que pesan en su contra.

La renuncia de Urso sorprendió en Tribunales e incluso a los miembros del Consejo de la Magistratura. Más que su estado de salud, para los consejeros fue la inminencia de la investigación sobre sus casos lo que habría acelerado la decisión de alejarse de sus funciones. No es el primer funcionario judicial que renuncia en medio de un proceso parecido. Un caso semejante fue el de Martín Silva Garretón, recordaban anoche algunos consultados. El funcionario también dejó su cargo cuando estaba a punto de ser citado por una investigación que sumaba una serie de pruebas complicadas. Pero en su caso la decisión fue más notoria porque se había postulado para ocupar otro puesto en la Cámara.