La Cámara de Casación Penal concedió ayer un recurso extraordinario a la AMIA, la DAIA, la agrupación Familiares de las Víctimas y al fiscal Raúl Pleé para que el caso del atentado sea tratado por la Corte Suprema de Justicia. “Se concede el recurso a fin de extremar el derecho de las víctimas a ser oídas –en este caso por el más Alto Tribunal de la Nación–- teniendo especialmente en cuenta los hechos que se ventilan en estas actuaciones, que por sus características superan el solo interés de las partes”, dice la brevísima resolución de los jueces Juan Fégoli, Pedro David y Gustavo Mitchell. En otras palabras, que el atentado es un caso de gravedad institucional y por lo tanto corresponde que intervenga la Corte. Ahora habrá que ver si el máximo tribunal acepta tomar el caso.

Como se sabe, el Tribunal Oral Federal Nº 3 absolvió a los policías bonaerenses imputados, además de al doblador de autos Carlos Telleldín, considerando que toda la investigación y la acusación fue un fraude “al servicio de políticos inescrupulosos”.

Contra ese fallo se presentaron apelaciones de dos tipos. AMIA-DAIA–Familiares cuestionó toda la resolución del Tribunal Oral e insistió en que los policías y Telleldín fueron cómplices del atentado. El fiscal Raúl Pleé, en cambio, se concentró en otro aspecto: dijo que en el juicio quedaron probados numerosos delitos de los policías y que el Tribunal, al anular gran parte de la investigación, impidió una justa condena a esos policías por extorsiones, un enriquecimiento ilícito asombroso y otros delitos.

La Cámara de Casación no sólo ratificó el fallo del Tribunal Oral sino que fue aún más dura con la investigación realizada en su momento por el juez Galeano. Los doctores Fégoli, David y Mitchell –elegidos porque se habían excusado o fueron recusados los integrantes de la Cámara Federal–- emitieron un fallo lapidario en el que confirmaron las absoluciones y reiteraron que la investigación se centró en el armado de una pista falsa.

Ahora el caso llega a la Corte, que deberá decidir primero si acepta el recurso y se mete en el expediente y, en tal caso, no podrá expedirse sobre las pruebas y los hechos, sino sobre los encuadres jurídicos del Tribunal Oral. La Corte, incluso, podría ordenar un nuevo juicio oral, aunque son pocos los que creen que ordenaría tirar por la borda tres años de un juicio que no fue cuestionado por las partes, salvo en su fallo final.