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El Gobierno convocó para el martes próximo a las tres centrales sindicales, a empresarios y a representantes de los partidos políticos a iniciar el proceso de concertación con la finalidad de consensuar políticas de Estado. La idea que había despuntado en los estertores del gobierno aliancista cobró impulso dentro de la propia Iglesia Católica que ofreció “su ámbito” para encauzar el diálogo con la presencia del ahora presidente Eduardo Duhalde. El ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, fue el encargado de formalizar la invitación después de reunirse con la CGT oficial encabezada por Rodolfo Daer. La determinación de un salario de inclusión social de hasta 200 pesos, el diseño de políticas destinadas a promover microemprendimientos y el establecimiento de un mecanismo de concertación permanente son los tres ejes de la propuesta oficial.
El encuentro se realizará en la Iglesia de Santa Catalina de Siena, en pleno centro porteño. Allí, el titular del Episcopado, Estanislao Karlic, actuará de anfitrión y el diplomático español Carmelo Angulo oficiará como mediador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Duhalde se había comprometido el lunes delante de los obispos a conducir esta iniciativa “amplia y plural”, siempre y cuando contara con el apoyo espiritual de la Iglesia, que ante la gravedad de la crisis apuró las gestiones para ponerla marcha lo antes posible.
Desde la cartera de Trabajo se le dio impulso al encuentro a través de las conversaciones con los sindicalistas. Daer confirmó su participación en la concertación y también fueron invitados el titular de la CGT disidente, Hugo Moyano –quien el mismo martes se reunirá con el ministro de Trabajo–, y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor De Gennaro.
Daer adelantó que “en ese ámbito de la Iglesia trabajaremos en temas urgentes, como la asistencia inmediata a todos los compañeros desprotegidos que no tienen empleo”. “El martes se van a constituir comisiones tripartitas y en no más de 20 a 25 días tienen que producir las conclusiones correspondientes para ensamblarlas en una propuesta de plan económico que tenga el sustento de los sectores políticos, laborales y empresarios”, agregó. Desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, evitaron precisar plazos para obtener resultados en el complejo proceso de conversaciones intersectoriales.
Con respecto a la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Daer dijo que ese tema “no se trató”, aunque lo consideró “uno de los capítulos en el acuerdo económico social”. Aseguró que impulsarán también “una política muy activa desde la CGT, denunciando a los formadores de precios que están remarcando y que tienen una actitud totalmente especuladora sobre los salarios empobrecidos de los trabajadores”. Aludió a las protestas contra el “corralito” y dijo que “uno está en contra de que la gente no pueda disponer del salario, pero también le reclamamos al Presidente, a través del ministro Atanasof, que se investigue a quienes facilitaron durante la administración de Fernando de la Rúa la fuga del país de 20.000 millones de dólares”.
Por su parte, Edgardo Depetri, secretario de Organización de la CTA, dijo que “en la concertación que propone el Gobierno vamos a presentar nuestra propuesta de aplicación de un seguro de empleo de 380 pesos para todos los jefes de familias desocupados y la participación popular para resolver la crisis institucional y de representración que hoy vive la Argentina”, añadió. El titular de la CTA, Víctor De Gennaro, dijo a su vez que son “los grupos financieros y grandes grupos económicos que se han enriquecido durante la última década los que deben pagar la crisis”. “Si las 87 primeras empresas deudoras del país devolvieran sus préstamos a los bancos, se le podría restituir la plata al 99 por ciento de los ahorristas” atrapados en el “corralito”, ejemplificó.
El diputado radical Leopoldo Moreau anticipó que la UCR participará de la reunión del martes y exhortó a “encontrar caminos de coincidencias que permitan salir de la crisis”. “Ojalá que pueda ser un símil del Pacto dela Moncloa”, dijo Moreau en referencia al acuerdo sellado en España en 1977 entre diferentes sectores sociales y políticos, en la transición que puso fin a la dictadura franquista.