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Por J. M. Pasquini Durán

Los ciudadanos reclaman justicia. Los excluidos más pobres quieren volver al sistema de producción y consumo. Las clases medias y los asalariados, cuyos fondos han sido incautados por la fuerza, reclaman la restitución de sus derechos a la propiedad privada, principio esencial del dogma capitalista, porque consideran que si alguien debe ser sacrificado esta vez le toca a quienes más beneficios recibieron durante la última década. Ninguna persona de juicio honesto podría negar la legitimidad de esas demandas y no hay lógica de poder democrático, por muy “realista” que se pretenda, en capacidad de ignorarlas sin arriesgar la estabilidad institucional. Eduardo Duhalde será eyectado de la Casa Rosada si insiste en cometer el mismo error que sus antecesores, o sea creer que el futuro es posible sin desanudar la trama espesa de la economía nacional tal como fue reorganizada por los conservadores, neoliberales les dicen, desde mediados de los años 70 en adelante.
Hasta ahora, pese a sus proclamas por una nueva alianza entre el poder político y la comunidad productiva, la gestión del gobierno sigue atrapada en las redes de los neoliberales que han usado coronita en el último cuarto de siglo. Sólo así puede entenderse que las petroleras multimillonarias tengan la oportunidad de regatear el monto de sus aportes económicos a la crisis general, mientras que los pequeños y medianos ahorristas son obligados a contribuir con bienes y salarios, sin apelación posible. ¿En nombre de qué razón puede justificarse semejante desigualdad? La proporción es tan inequitativa que pierde toda razón y resulta hasta inmoral. No es inevitable que sea de ese modo, pero hay que traspasar las fronteras de la lógica del “pensamiento único”: el “modelo” no puede ser mejorado, tiene que ser sustituido. Claro que desarticular un programa económico que adquirió vigencia universal es una tarea inmensa, que requiere coraje, audacia y talento, más propia de revolucionarios que de reformistas, pero el propósito tiene a su favor que el “modelo neoliberal” retrocede en todo el mundo puesto que le falta un proyecto para el porvenir, salvo repetirse a sí mismo como una trágica letanía sin final.
Friedrich August von Hayek publicó en 1944 The Road to Serfdom (La ruta hacia la servidumbre), a lo mejor sin saber que el texto sería el certificado de nacimiento del neoliberalismo. El carozo de la teoría era un ataque apasionado contra toda limitación impuesta por el Estado al libre funcionamiento de un capitalismo nuevo, duro y sin reglas que sería llamado “el mercado”. Pretendía que la desigualdad es un valor positivo –de hecho indispensable como tal– del que tienen necesidad las sociedades occidentales. Este mensaje permaneció en estado teórico por más de veinte años, hasta que en 1974 los países capitalistas desarrollados entraron en una profunda recesión. Ahí, Von Hayek y sus camaradas volvieron a la carga con su teoría del Estado mínimo y el mercado máximo. No hace falta enumerar los detalles de la propuesta, porque los argentinos los han sufrido en carne propia, sin que falte ninguno, con los resultados que están a la vista de todos. La hegemonía del programa neoliberal no se impuso de un día para otro; demandó algo más de un decenio. La oleada derechista de esos años permitió reunir las condiciones políticas necesarias para la aplicación de las recetas neoliberales, consideradas como salida a la crisis económica. Al comienzo, sólo los gobiernos de derecha se arriesgaron a ponerlas en práctica, pero después los demás, incluidos los eurosocialistas, rivalizaron con los primeros en fervor neoliberal.
Hubo razones para el suceso del neoliberalismo: en los países de la OCDE bajó la tasa de inflación y aumentaron las de ganancia industrial, desempleo y reducción salarial, mientras los valores de la Bolsa triplicaban o cuadruplicaban su cotización (ver P. Anderson, Historia ylecciones del neoliberalismo, Universidad de Los Angeles, EE.UU.). “Por lo que se refiere a sus objetivos –caída de la inflación, los empleos y los salarios, y aumento de la tasa de ganancia– podemos decir que el programa neoliberal ha triunfado”, concluye Anderson. Pero fracasó en la promesa de reactivar las economías capitalistas y restaurar las tasas de crecimiento estables que existían antes de la crisis de los años 70. ¿Por qué razones la recuperación de las tasas de ganancia no ha conducido a una recuperación de la inversión? Porque la desregulación de los mercados financieros (libertad de movimientos de capitales, de compra y venta de obligaciones, creación de nuevos productos financieros y otros) ha conducido a que las inversiones especulativas sean más rentables que las productivas. “El aspecto rentable, parasitario del funcionamiento capitalista, se ha acentuado fuertemente en el curso de estos años”, puntualiza el citado informe del pensador británico. Reagan y Thatcher fueron los abanderados neoliberales en Estados Unidos y en Europa, mientras que en América latina la nómina destaca a Pinochet en Chile, Salinas de Gortari en México, aquí Carlos Menem, Pérez en Venezuela y Fujimori en Perú. De los cinco mandatarios latinoamericanos, dos fueron al destierro y tres pasaron algún tiempo en prisión, tal vez no el suficiente según ameritaba la obra de cada uno.
No siempre fueron necesarios regímenes autoritarios para imponer políticas neoliberales. A veces, bastó con procesos hiperinflacionarios para disciplinar a la población y convencerla de las supuestas bondades de los dogmas del mercado máximo y del Estado mínimo. También en Argentina, durante casi toda la década de los años 90, buena parte de la sociedad siguió el canto de esa sirena hasta que la cruda realidad terminó con el efecto hipnótico. Aun los núcleos acomodados de las clases medias saben hoy que la voracidad del neoliberalismo es interminable. Deberían comprender también que el Estado mínimo, ese que dejaron exangüe y corrompido en la década pasada, es insuficiente para confrontar con los poderes más concentrados de la economía. Los primeros que deberían llegar a esta comprensión son los actuales administradores del Estado y los dirigentes políticos y sociales. En ese caso, en lugar de espantarse por la reacción popular deberían ir a su encuentro, para restablecer una alianza previa a la que propone Duhalde, que es la alianza entre la política y la ciudadanía.
Sobre esa base, podrán recuperar el vigor suficiente para doblarle el brazo a los privilegiados que se niegan a compartir, en su debida proporción, el costo de la reactivación. Es un momento para que los obispos católicos, que están auspiciando con el Gobierno y la oficina local de Naciones Unidas un programa para el diálogo y la concertación entre las representaciones más amplias del país, ensanchen los límites de su compromiso con la actualidad: hay que reconstruir dimensiones éticas y humanistas para la política y para el Estado, sobre todo si el Presidente declara que su inspiración esencial está en la Doctrina Social de la Iglesia. Aquel propósito estratégico –la definición acordada por las mayorías de un proyecto de país– no debería eximirlos de actuar en la urgencia práctica: ¿acaso es tolerable para los que hicieron “opción por los pobres” el criterio economicista de seguir descargando el mayor peso de los esfuerzos sobre los agobiados hombros de la mayoría popular?
No es hora para indiferentes, sordos o timoratos, mucho menos para ocultarse detrás de la pantalla de TV en lugar de poner el cuerpo al lado de los que marchan, en pacífica y bulliciosa protesta, por sus auténticos derechos. Tampoco hay salidas fáciles o gratuitas. Aquí tendrán que pagar todos, los de arriba y los de abajo, el que cuenta millones y el que gastó su vida para acumular una modesta caja de ahorro, encima en dólares porque los de arriba les dijeron que era seguro y eterno. Sin embargo, la austeridad y el sacrificio serían soportables si se distribuyeran con justicia, en proporciones equilibradas y con algún sentido claro y transparente. Dicho de otro modo, cuando el ministro Remes Lenicov explique la situación de los banqueros sin las simplificaciones näif de Anteojito: por esta punta entran los depósitos y por esta otra salen los préstamos, de modo que si todos piden su plata los bancos se hunden, dijo. Olvidó referirse a las operaciones de evasión, elusión, lavado, fuga de divisas, intereses usurarios y maniobras especulativas, que formaron parte indisoluble de las prácticas generalizadas en los grandes bancos en todos los años pasados, ni tampoco contabilizó todas las decisiones que los favorecieron, incluida la última bancarización forzada y la incautación más reciente. El Gobierno habla todo el tiempo de alentar a la pequeña y mediana empresa, pero la tarjeta de consumo para desocupados que prepara la primera dama sólo podrá gastarse en los hipermercados, en lugar del verdulero, carnicero o panadero del barrio, sin tomar en cuenta que esas corporaciones liquidaron comercios pequeños y medianos como si fueran una plaga de piojos.
Para empezar con más realismo, Duhalde quizá debería recordar que Perón, cuando los conservadores de su tiempo rechazaban la legislación laboral, reunió a los empresarios y les advirtió: “Mejor que resignen algo, en lugar de correr el riesgo de perderlo todo”, palabras más o menos textuales. Así será hoy, también, mientras nadie haga caso a la desobediencia civil. Si, por ejemplo, los consumidores en masa renuncian a la obligación de pagar las cuentas de los servicios públicos o los impuestos, ¿habilitarán estadios de fútbol para detener a los infractores? ¿Emitirán bonos hasta empapelar las rutas nacionales con ese cuasi dinero, a la manera de la República de Weimar? Por lo pronto, el Gobierno tendrá que asumir que navega a media agua, sin complacer al Fondo Monetario ni a los neoliberales, pero tampoco a los ciudadanos de los piquetes y las cacerolas. Tendrá que elegir su destino.