La causa AMIA parece haber quedado presa de un juego de apuestas. Ayer, y a sólo días de la orden de detención emitida por la Justicia argentina contra ex funcionarios del gobierno iraní, el fiscal general de Irán instó al fiscal de Teherán que disponga la captura internacional de varios magistrados argentinos. Entre ellos se encuentra el fiscal del caso (se trataría del fiscal especial Alberto Nisman), el ex juez de la causa Juan José Galeano y “sus cómplices”, según señaló una emisora de radio de Teherán en referencia a la solicitud. Para los observadores internacionales, la decisión de Irán no estaría fundada jurídicamente sino que es parte de una represalia.

El “efecto Irán” contra la resolución de la Justicia argentina comenzó a sentirse el fin de semana cuando el fiscal general Ghorgan-Ali Dori–Najafabadi ordenó la medida contra los funcionarios argentinos. De acuerdo con los cables de agencias internacionales, el propio Dori-Najafabadi instó al fiscal de Teherán, Said Mortazavi, a pedir la captura de quienes intervinieron en la causa del atentado de 1994 contra la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

En el listado de los iraníes apareció el nombre del propio Galeano, aunque fue apartado del caso por irregularidades en el procedimiento. Aun así, para los iraníes sigue siendo una figura clave. Galeano siguió durante nueve años la causa y fue quien atribuyó la responsabilidad de la operación a Mohsen Rabbani, asesor cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires y la persona sobre la que recayó el pedido de prisión dictado el último jueves por el nuevo juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

“¿Qué pruebas tiene, qué pruebas nuevas tiene?”, se preguntó ayer Rabbani, el ex agregado cultural de la embajada consultado por la televisión argentina. “Sin pruebas dijeron ‘Irán’ porque es un país independiente y eso no lo quiere Estados Unidos”, concluyó.

En tanto, a través de una radio de Teherán también se escuchó la voz del fiscal general y los motivos de su orden. “Galeano –dijo– fue condenado por soborno y falsificación de expedientes contra los responsables de la República Islámica” y “algunos círculos sionistas pagaron sobornos en este caso”. Según esa lógica, el fiscal sería responsable porque, “tomando como base afirmaciones infundadas, acusó de nuevo a nuestro país”.

Aunque los iraníes no dieron el nombre del fiscal, todo hace suponer que se trata del jefe del equipo de fiscales a cargo de la investigación, Alberto Nisman. “En la medida en que realizar una acusación que todavía no ha sido probada va en contra de las leyes internacionales –explicó el fiscal general– es un delito, hay que ordenar el arresto de Galeano y de sus cómplices para que Interpol los detenga y los entregue a Irán.”

Canicoba Corral emitió la orden de detención internacional contra los iraníes por “crímenes de lesa humanidad” e incluyó en la lista al ex presidente Akbar Hachemi Rafsandjani, a Rabbani y a otros dirigentes iraníes, acusados junto a la milicia chiíta libanesa Hezbolá de estar detrás del atentado contra la AMIA. Pero para Irán las órdenes de captura “carecen de fundamento legal y las acusaciones son infundadas”.

El secretario general de la AMIA, Eduardo Gorenberg, buscó relativizar la decisión de la Justicia argentina. “Nadie está aún condenado –dijo–, sólo se reclama la comparecencia de dichos funcionarios ante los tribunales argentinos que, a esta altura de los acontecimientos, tienen pruebas e indicios suficientes que justifican sus presencias.”