Cuando se están por cumplir tres meses de la búsqueda de Jorge Julio López, la Corte Suprema estableció que su desaparición debe ser investigada como privación ilegal de la libertad y no como la mera averiguación de paradero de una persona perdida. Al resolver un conflicto de competencia entre dos jueces de La Plata, el tribunal consideró que el tema tiene que quedar en manos de la Justicia federal, en este caso del juez Arnaldo Corazza, por ser quien instruye las causas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio bonaerense. De este modo, cobra protagonismo la hipótesis sobre la relación entre la ausencia del albañil y su declaración durante el juicio que terminó en la condena a prisión perpetua del represor Miguel Etchecolatz.

El fallo, de apenas una carilla, advierte que en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que están en marcha existe una “presunta obstaculización” que “se estaría materializando por medio de una serie de intimidaciones sufridas por diversos testigos que declararon en el juicio contra Miguel Etchecolatz” y “por la presunta desaparición de Jorge Julio López”. “Razones de una mejor administración de justicia aconsejan que, por el momento, en el hecho que dio lugar a esta contienda continúe también radicado ante el magistrado federal”, definieron los supremos.

López, de 78 años, desapareció dos días antes de la sentencia en el juicio contra Etchecolatz. Todo el mundo esperaba verlo en la jornada de los alegatos, pero nunca apareció. La primera denuncia que hizo su familia quedó a cargo de la jueza de Garantías Marcela Garmendia, que se limitó a intentar establecer el paradero. Después de la aparición de un cadáver calcinado en el Camino Negro –que resultó ser una persona de entre 30 y 35 años– y a raíz de las amenazas recibidas por Nilda Eloy, otra testigo del juicio al ex comisario, los abogados de “Justicia Ya!”, una entidad que nuclea a varias organizaciones de derechos humanos, hicieron una denuncia en el fuero federal, que comenzó a instruir Corazza. Mientas el juez investigaba, Eloy siguió recibiendo intimidaciones. No sólo fueron llamados telefónicos, sino que en una ocasión al volver a su casa alguien había comido las empanadas que ella había dejado sobre la mesa.

En ese contexto en el que coexistían dos expedientes paralelos, los organismos plantearon que el caso de López debía ser calificado como una privación ilegal de la libertad ligada al juicio a Etchecolatz. A los pocos días, la jueza Garmendia le pidió a Corazza que se abstuviera de intervenir con el argumento de que sólo le corresponde hacerlo en situaciones de excepción. El juez le advirtió que se equivocaba y que no se podía descartar un secuestro teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la desaparición de López, testigo, víctima y querellante en el proceso contra el represor de la Bonaerense. Dijo que no se podía descartar una “posible afectación a la seguridad nacional”. De hecho, desde un comienzo Corazza buscó analizar a quiénes imputó López en su testimonio y qué relación podían tener con su desaparición.

Como ninguno de los dos magistrados cedió, la disputa llegó a la Corte. En el ínterin, integrantes del “Encuentro 30 años Memoria, Verdad y Justicia” que trabajan en equipo con “Justicia Ya!” de La Plata, pidieron una audiencia en el alto tribunal, donde fueron recibidos por Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti, y reclamaron que la investigación se encuadre como un secuestro. Finalmente la Corte les dio la razón.

Al ordenar que investigue el juez federal, el fallo convalida la línea que considera a López como un desaparecido. Fue firmado por Petracchi, Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Sólo votó en disidencia Carlos Fayt. Adhirió a la postura del procurador general Estaban Righi, cuyo dictamen decía que la competencia corresponde a la Justicia ordinaria porque hasta ahora, dijo, las pruebas “no permiten afirmar de modo fehaciente que López se encuentre privado de su libertad” y “existen numerosos testimonios de personas que manifiestan haberlo visto con posterioridad a su desaparición”.

“Tal como pedíamos, la Corte reconoce la desaparición de una persona y el fracaso de la averiguación de paradero. Sitúa el caso en el contexto de las investigaciones por delitos de lesa humanidad”, dijo Myriam Bregman, abogada de López en el juicio a Etchecolatz. Su coequiper, Guadalupe Godoy, añadió que “esta nueva situación nos va a permitir tener un mayor acceso como querellantes a la investigación”. Las abogadas tienen la expectativa de que el juez Corazza ahora encauce el expediente, como solicitaron ellas, directamente como una desaparición forzada.

En relación con la situación de los testigos, los supremos ya habían instado al Gobierno a fin de septiembre a que les otorgue “la debida protección”. Ante las amenazas, de las que también fueron blanco decenas de jueces y fiscales, dijeron que no se pueden tolerar “este tipo de actitudes antidemocráticas”.

Es posible, dicen allegados a la causa, que con la pesquisa bajo supervisión del juez Corazza haya un control más efectivo sobre las fuerzas de seguridad que intervienen. Y que, a la vez, se profundice la línea que investiga el papel de las propias fuerzas de seguridad en la desaparición de López, no sólo de las policías y las Fuerzas Armadas, sino del Servicio Penitenciario Federal.