El kirchnerismo adelantó el debate en el Congreso por la creación del Instituto Nacional de Datos Genéticos y lo perdió. A las dos de la madrugada del jueves, y luego de varias e intensas horas de negociaciones, una intervención de la diputada radical por Santa Fe Alicia Tate generó el consenso necesario para frenarlo. La eliminación del Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand, dijo la diputada, “significa un grado de retroceso de las garantías constitucionales”. Por decisión de la mayoría, la iniciativa encontró una solución elegante para irse: volverá a la comisión autora del proyecto y (por ahora) no será archivada.

El debate por la creación del Instituto Nacional de Datos Genéticos que intentaba reemplazar al Banco Nacional que funciona en el Durand fue un reflejo de las polémicas y cuestionamientos que había disparado la propuesta del diputado Remo Carlotto desde su concepción.

El nuevo instituto iba a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sería autárquico y tendría el objetivo de “facilitar la búsqueda e identificación de los hijos e hijas de personas desaparecidas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983” que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. Esa tarea ahora la cumple el Banco de Datos Genéticos del Durand creado por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1984. Para Remo Carlotto, el traslado era necesario para acelerar las causas de las víctimas, cuyo tratamiento está pendiente porque el Durand no tiene dedicación exclusiva.

A medianoche, con la presencia de Eduardo Luis Duhalde en el Congreso, los diputados aceptaron adelantar el tratamiento del proyecto a raíz de un pedido de Carlotto. Pero la estrategia no lo ayudó. Como estaba previsto, el proyecto sumó en contra todo el arco de la oposición, desde el ARI hasta PRO, y recogió críticas dentro del propio oficialismo que llegó a la hora del debate profundamente dividido.

Una de las intervenciones clave de la oposición estuvo en manos de la diputada radical Alicia Tate. No objetó la creación de un nuevo instituto, sino “la eliminación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la apropiación de sus bienes y de su información” porque significa, dijo, “un retroceso para las garantías constitucionales”. A ese punto le sumó una crítica al concepto de “atención exclusiva” para las víctimas de la represión. Punto de coincidencia de varios sectores. Un banco genético, dijo, “no sólo está referido a los derechos humanos sino a resolver otras temáticas vinculadas a la identidad de personas”.

Su intervención logró sintetizar los argumentos centrales de la oposición y alineó detrás suyo a quienes se pronunciaron más tarde. Fue el caso de Norma Morandini. La cordobesa juecista se quejó por el desmantelamiento del banco “para crear un instituto político” y remarcó que el nuevo instituto atenderá sólo “los casos de lesa humanidad” pero dejará afuera otros de filiación. Si es así, dijo “estaríamos discriminando en calidad de víctima y derechos”, una de las objeciones que alinearon a diputados con los representantes de los organismos de derechos humanos que se opusieron a la propuesta.

Tate, Morandini, Emilio García Méndez del ARI, la peronista federal Nora Chiacchio y el CTA Claudio Lozano propusieron que el proyecto vuelva a la comisión de origen, una solución elegante para evitar el archivo. El oficialismo aceptó. A esa hora no sólo estaba con falta de quórum para aprobarlo sino que se hallaba dividido para generar un acuerdo. Lo mismo sucedió con la oposición.