“Para mí, Héctor estuvo secuestrado en lo que debe ser un ex centro clandestino de detención. Lo tenían en una habitación chiquita donde le ponían la comida en el piso, lo llevaban a la sala de tortura donde tenían picana y elementos calientes con los que lo quemaban y cuando llovía lo dejaban todo el tiempo al aire libre en un pequeño patio”, dijo a Página/12 Nélida Caseri, la madre del militante social de Venado Tuerto, Héctor Darío Bustos, que denunció haber sido secuestrado y torturado a mediados de diciembre pasado. La madre de Bustos dijo que su hijo no puede declarar ante el juez de Instrucción, Hugo Perassi, porque “tiene temor, ya que su secretario está relacionado con la gente que le hizo esto”. Ella se refiere a Juan Vidal, así lo nombra, como integrante del gabinete del intendente Roberto Scott y de quien dice que durante la dictadura “participó en la desaparición de personas y que así lo denunció su hijo ante la Conadep”. Bustos declaró el viernes durante más de tres horas en la oficina de Rosario de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia.

Bustos, de 36 años, llegó a la sede en Rosario de la Secretaría de Derechos Humanos y allí estuvo por más de tres horas. Fue atendido por el subsecretario Alfredo Vivono y los profesionales del área jurídica. Hasta ahora, y después de lo ocurrido el 13 de diciembre pasado alrededor de las 10 y media de la noche, el momento que señaló como el de su secuestro, no quiso declarar ante la Justicia.

En Rosario hizo un relato de las circunstancias a partir de las que estuvo desaparecido durante 13 días y de los tormentos por los que pasó –golpes, picana, quemaduras varias, entre ellas la de una cruz esvástica en su pecho–, elementos que Vivono presentará hoy ante la Justicia que resulte competente.

El juez provincial de Venado Tuerto, Hugo Perassi, que había dicho a este diario que en doce años de carrera “no había visto un caso así”, caratuló el expediente como “torturas”, pero luego se declaró incompetente y pasó la causa al fuero federal de Rosario, que deberá decidir si interviene en la investigación.

El juez Perassi citó a declarar a Bustos en varias oportunidades, pero el hombre se negó a concurrir a la sede del juzgado y ayer solicitó asistencia psicológica y patrocinio legal ante la Secretaría de Derechos Humanos.

Una de las hipótesis sobre lo sucedido tiene relación con la pertenencia de Bustos al sector que lidera el secretario general de la CGT de Venado Tuerto, Juan Viano, enfrentado con el intendente Scott.

Nélida Caseri, madre de Bustos, lo acompañó en todo momento, aunque los dichos de ambos no coinciden en todo. Ella dijo que exigirá que el Estado investigue por qué “en la mesa de torturas se trató de obtener información de Presidencia de la Nación y de la organización Abuelas (de Plaza de Mayo). Ellos (por los secuestradores) tenían la sospecha, ya que mi hijo viajaba y frecuentaba Presidencia de la Nación, más precisamente la Secretaría General, que él tenía información. Le preguntaban sobre la forma de investigación para la búsqueda de bebés, ya que él pertenece a la red relacionada con Abuelas. La tortura no fue la venganza de una esposa enojada o de una crisis, es evidentemente política”.

La falta de declaración de Bustos ante la Justicia complica el panorama por la cantidad de elementos y datos que menciona en distintas oportunidades junto a su madre, pero no hay todavía investigación alguna sobre un hecho que aparece con las formas y señas del terror.

En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos se insiste en la importancia de que se presente a declarar. Este militante político y social había denunciado amenazas y persecuciones ante el Ministerio Público en Venado Tuerto y ante la Secretaría de Derechos Humanos. Todo antes de su secuestro y posterior aparición, cuando fue encontrado por un remisero en la Ruta 94 cerca de la localidad de María Teresa.