Esta vez, María Estela Martínez de Perón, Isabel o Isabelita, no contará con muchos argumentos jurídicos para intentar evadir el reclamo de la Justicia argentina. El juez federal de Mendoza Raúl Héctor Acosta libró la orden de captura internacional contra la ex presidenta, radicada en España, por el secuestro y desaparición de dos ciudadanos mendocinos durante el “gobierno constitucional” en el que la viuda de Juan Perón continuó el mandato del general hasta el golpe militar de marzo del ’76. El juez de San Rafael, que había anunciado la medida a fines del año pasado, confirmó ayer a Página/12 que ya elevó la solicitud a Interpol y que evalúa el momento para citar a declaración indagatoria a los ex ministros de Isabel, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf. El abogado de Isabel, Atilio Carlos Neira, se mostró “sorprendido” por la decisión del magistrado mendocino, aunque admitió que estaba pendiente de una posible citación del juez Norberto Oyarbide –que investiga los crímenes de la Triple A– y sugirió que su defendida podría declarar “voluntariamente”. Pero igual presentará un pedido de eximición de prisión.

–¿Usted ya pidió la captura internacional de Isabel Perón? –preguntó Página/12 al juez Raúl Acosta.

–Sí, es verdad, pero no voy a dar más detalles –respondió el juez federal desde la ciudad mendocina de San Rafael.

A media tarde de ayer, Acosta había cumplido con todos los trámites procesales e Interpol ya tenía en sus manos la orden de captura contra la ex presidenta. “Es por las dos causas de desaparición de personas durante el gobierno constitucional de la señora de Perón que investiga mi juzgado. Tomamos parte de la feria para ajustar los detalles y ya he firmado la orden”, dijo el juez a este diario. Luego, aclaró que los expedientes abiertos en Mendoza “nada tienen que ver con la causa que lleva Oyarbide por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)”, para despejar cualquier duda sobre su competencia judicial.

La decisión que tomó el juez mendocino está vinculada a la desaparición forzada del militante peronista Héctor Aldo Fagetti Gallego el 10 de marzo del ’76 y de un entonces menor de edad, que fue secuestrado, torturado en una comisaría, enviado a una cárcel mendocina y liberado después de cumplir la mayoría de edad, también durante el gobierno de Isabel. Ambas causas, fueron iniciadas de oficio por la propia Justicia mendocina, aunque –según el juez– “existen más de 600 denuncias sobre desaparición de personas” durante la última etapa de aquel gobierno peronista.

La resolución abre por primera vez la posibilidad de investigar la responsabilidad de Isabel Martínez de Perón y sus ministros en los decretos 2070/71/72 del 6 de octubre del ’75, que dieron rienda suelta a la participación de las Fuerzas Armadas en “el aniquilamiento del accionar de la subversión” como antesala del terrorismo del Estado. Un tema sobre el que la Justicia nunca había avanzado desde el retorno de la democracia.

El escrito que el juez federal de San Rafael redactó a fines del año pasado ordenaba “la inmediata detención de quienes resulten indicados por los informes que se solicitan a efectos de recibirles declaración indagatoria como presuntos coautores prima facie del delito previsto y penado por el artículo 142 (privación ilegal de personas) del Código Penal”. La nota dirigida al ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza –con carácter de “urgente despacho”– solicitaba “la identidad de las personas y sus domicilios actualizados de quienes suscribieron o dispusieron poner las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación”.

Una medida que alcanza no sólo a la ex presidenta María Martínez de Perón, sino a todos los miembros de su gabinete que rubricaron los decretos de “aniquilamiento”. La lista abarca al ex presidente provisional del Senado Italo Luder, y los entonces “ministros del Poder Ejecutivo Aráuz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero, y Robledo”. De todos ellos, sólo están con vida Luder (que padece una enfermedad psiquiátrica) y los ex titulares de Economía, Antonio Cafiero, y de Trabajo, Carlos Ruckauf. A Cafiero el juez ya le concedió la eximición de prisión y Ruckauf goza de fueros parlamentarios como actual diputado.

“Voy a evaluar el momento de citarlos a indagatoria”, contestó el juez mendocino cuando Página/12 le preguntó ayer por la situación procesal de los dirigentes peronistas que formaron parte del gabinete de Isabel Perón. El primer paso, por ahora, fue el pedido de captura de la ex presidenta que llegó a identificarse como “la mujer del látigo” para mostrar la mano dura de su gobierno y que ahora lleva décadas alejada de la actividad política, en el retiro en su mansión madrileña de la que sólo sale para hacer compras y tomar té con las amigas.

Neira, el abogado de Isabel, pasó ayer por todos los estados emocionales durante sus declaraciones periodísticas. Se mostró “sorprendido” por la decisión que Acosta anunció hace dos meses; admitió que esperaban una citación judicial, pero de Oyarbide; dijo que Isabel podía presentarse “voluntariamente”; y luego afirmó que pedirá la eximición de prisión para su defendida. También que los decretos firmados durante la administración de Isabel Perón, “no hablaban de aniquilar subversivos, sino de aniquilar el accionar de la subversión” y que “hubo muchos decretos reglamentarios, que determinaban cómo había que hacer las detenciones y poner a los arrestados a disposición de la Justicia federal”. Ahora, parece haber llegado el turno para que la propia Isabel hable ante el juez.