Después de muchas especulaciones sobre cuándo y cómo le notificarían su segundo pedido de captura, Isabel Perón se presentó ayer en la Audiencia Nacional de Madrid silbando bajito, cuando todo el mundo estaba pendiente de si la Justicia excarcelaría o no a un etarra que lleva 112 días de huelga de hambre. La ex presidenta entró a los tribunales conducida por la policía local. Allí, el juez Juan del Olmo le informó oficialmente que su par argentino Norberto Oyarbide había pedido su arresto por considerarla responsable de los crímenes cometidos por la Triple A. A la vez, le dio permiso para seguir con el régimen de libertad provisional que le concedió cuando el mendocino Héctor Acosta libró el primer pedido de detención en su contra por un secuestro y una desaparición previos al golpe militar.

María Estela Martínez de Perón seguirá obligada a presentarse en el juzgado de Del Olmo cada quince días como condición para mantener el beneficio de la libertad vigilada. El juez le impuso ese requisito al darle la excarcelación en el caso mendocino. Ayer la mujer volvió a decir que no quiere ser juzgada en la Argentina, y por eso enfrentará en España un proceso de extradición que comenzará en cuanto lleguen los pedidos formales de Oyarbide y Acosta, pero podrá prolongarse por varios meses.

La viuda de Perón enfrenta dos juicios distintos. Oyarbide la procesó por considerar que no podía ignorar, como Presidenta, los asesinatos, atentados y secuestros que cometía la Triple A, la organización terrorista que lideraba José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. El magistrado la responsabilizó por la “política criminal y terrorista, institucionalmente implementada” en su gobierno. Precisó reuniones de gabinete en las que se hablaba de los candidatos a ser asesinados y sugirió que ella protegió a López Rega. El expediente que impulsa el juez de Mendoza, en cambio, alude a un secuestro y una desaparición ocurridos en febrero de 1976 y basa la acusación a Isabel Perón en los “decretos de aniquilamiento del accionar subversivo” que suscribió.

La ex presidenta tenía tiempo hasta hoy para presentarse ante Del Olmo para demostrar su voluntad de no escabullirse y, de paso, recibir la notificación de su orden de captura por los crímenes de las Tres A. Pero eligió adelantarse un día para evitar la presión mediática, que ayer estaría concentrada en el caso del militante de ETA José Ignacio Juana Chaos, preso y en huelga de hambre, quien –dicho sea de paso– no consiguió la excarcelación.

Con el correr de los días, además, se fue aplacando el alboroto por los pedidos de captura e Isabel Martínez empezó a cosechar expresiones de respaldo de más de un dirigente. El ex presidente Eduardo Duhalde se comunicó con uno de los abogados de la mujer, Humberto Linares Fontaine, para ofrecerle apoyo. El letrado confirmó que la comunicación existió y aclaró que fue un gesto político, no un ofrecimiento de asesoramiento legal. Recordó que el ex gobernador bonaerense “ya había hecho público su agradecimiento a Isabel” por haber “aceptado en duras condiciones” el traslado de los restos de Perón a la quinta de San Vicente.

Roberto Lavagna fue uno de los primeros en salir a respaldar a la viuda de Perón, al acusar al Gobierno de querer llevar al peronismo “a juicio político”. Algo similar advirtió el dirigente del PJ Lorenzo Pepe, y se sumaron en esa línea Carlos Menem, el intendente Hugo Curto y el gremio de La Fraternidad, que pegó carteles que decían “No jodan con Perón”.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que el Gobierno “no tiene nada que opinar ni a favor ni en contra” porque “las decisiones judiciales son de los jueces”. Acusó al lavagnismo de querer hacer un uso electoral del tema. Y dijo que las investigaciones sobre los crímenes previos al golpe militar de 1976 tienen “un condicionamiento político evidente”, señaló. Cada uno tendrá su visión y su forma de ver el pasado, y todo es legítimo, está bien que se expresen”, intentó minimizar.

El puntapié que reavivó el mes pasado la causa sobre la Triple A fue un artículo del diario español El Mundo, que descubrió que cerca de Valencia vivía lo más tranquilo el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, un ex jefe de la banda terrorista de López Rega. Ahora, por orden de Oyarbide está preso en España, a la espera del proceso de extradición. En Buenos Aires fueron detenidos otros dos jerarcas de la organización, Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, con arresto domiciliario. Y todavía está prófugo Felipe Romeo, que dirigía la revista El Caudillo, órgano de difusión de las Tres A. El juez está a punto de dictar los primeros procesamientos.