La chicana no pasó inadvertida. El miércoles pasado Alfredo Astiz había pedido ser liberado del secreto militar para poder declarar en la causa en la que se investiga la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ayer, la ministra de Defensa, Nilda Garré, anunció que el Presidente había firmado un decreto que releva del secreto de Estado que impone la Ley de Inteligencia Militar a “quienes integren o hayan integrado organismos de inteligencia, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales o hayan sido funcionarios o personas alcanzadas por la obligación de guardar secreto”, para casos vinculados a las violaciones a los derechos humanos. La única excepción en que se mantiene la obligación de guardar el secreto es en los casos de información vinculada con la “inteligencia estratégica militar”.

Garré se presentó ayer en la sala de conferencias de Casa Rosada, luego de reunirse con el presidente Néstor Kirchner, con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Todos ellos pusieron su firma al pie del decreto número 44.

La ministra señaló que el objetivo es “que no haya ningún tipo de impedimento” para que los jueces investiguen los crímenes de la dictadura. Sostuvo también que “la colisión que pueda haber entre razones de seguridad de la Nación y la búsqueda de justicia no debe transformarse en un obstáculo para el esclarecimiento de la verdad”.

Desde su título, el decreto deja en claro que se libera el secreto exclusivamente en los casos de violación a los derechos humanos. El único impedimento explícito figura en el artículo 3. Allí se define que “en ningún caso las personas estarán autorizadas a revelar información de inteligencia estratégica militar”.

La ministra de Defensa aseguró, desde la mesa que suelen ocupar los funcionarios para presentar las iniciativas de gobierno, que “la medida contribuirá a esclarecer las investigaciones por causas relacionadas con el terrorismo de Estado” y que se trata de “una demostración más del compromiso profundo que tiene este gobierno de luchar contra la impunidad”.

Andrea Pochak, subdirectora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que se trata de un hecho “positivo” ya que va en la línea de “allanar el camino a la Justicia”. Pero no se mostró tan exultante como Garré. “No fue la existencia del secreto la razón por la que los militares no aportaron datos en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos”, explicó Pochak.

La subdirectora del CELS recordó que el secreto no era una excusa válida para ocultar o negar información sobre hechos aberrantes ya que hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo señalan.

El decreto presentado ayer en la Rosada, que es una reforma a la Ley de Inteligencia Militar 25.520, retoma este punto ya que, en los fundamentos, destaca que ampararse en el secreto de Estado “puede ser considerado como un intento de perpetuar la impunidad”.

Pochak rescató que esta medida puede servir para que oficiales jóvenes, que no fueron actores directos de los hechos, pero que pueden contar con información, se sientan en mejores condiciones para colaborar con la Justicia. Como sucedió el año pasado cuando un “arrepentido” reveló que desde la base Almirante Zar, que la marina tiene en Trelew, se estaban realizando tareas de espionaje interior.

En el artículo primero del decreto se destaca que también son liberados de la obligación de guardar secreto “los funcionarios o personas alcanzadas por la Ley de Inteligencia Militar”. Allí se está poniendo el acento en testigos y también en hechos ocurridos antes del golpe militar del 24 de marzo. Concretamente en la represión ilegal impulsada por la organización parapolicial Triple A, compuesta básicamente por agentes de inteligencia y personal que contaba con la protección del Estado. De hecho, el decreto señala que no sólo alcanza a los casos ocurridos durante la dictadura, sino también “a los hechos que de cualquier manera se vincularen con el terrorismo de Estado”. Seguramente el tema no pasará inadvertido en la interna peronista. No fueron pocos los sectores que desde el peronismo le endilgaron al Gobierno alentar las causas en las que se solicitó la detención de Isabel Perón, cuyo procesamiento formalizó ayer el juez federal Norberto Oyarbide (ver aparte). Este magistrado ya había calificado esos crímenes como imprescriptibles.

En su artículo 2, el decreto explicita que no sólo están liberados del secreto de Estado los acusados sino también los testigos. Es decir “aquellos casos en que fueren llamados a prestar declaración testimonial cuando están obligados a decir verdad”.

El miércoles pasado, cuando fue citado a ampliar su declaración por las desapariciones y asesinatos de las religiosas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Astiz le dijo al juez federal Sergio Torres que pidiera al jefe de la Armada, Jorge Godoy, y al presidente de la Nación que lo liberaran de guardar el secreto. Fue sólo una de las chicanas que presentó el represor, que fue echado de la Marina después de declarar que era “el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista”, pero que sigue arrestado en dependencias de esa fuerza.

Astiz también solicitó una pericia hidrográfica para desacreditar el hallazgo de los cuerpos de las Madres de Plaza de Mayo, que fue ratificado a través de un análisis de ADN. Y, en su primera declaración a la Justicia por estos hechos, descargó su culpa por los secuestros en supuestos agentes franceses infiltrados. El represor, que fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua, intentó usar como justificación un documental de una periodista de ese país que rastreó el adoctrinamiento y entrenamiento que las tropas francesas dieron a los militares argentinos.

La chicana de Astiz tuvo poco vuelo.

Aunque posiblemente la respuesta del Gobierno no genere una catarata de declaraciones, deja sin una excusa a los represores que mantienen el pacto de silencio en torno de los crímenes que cometieron durante el terrorismo de Estado.