El juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva contra María Estela Martínez de Perón y procesó a tres ex policías federales en el marco de la causa por los crímenes de la Triple A. A Isabelita le imputó haber prestado una “colaboración esencial” para que la organización comandada por José López Rega actuara al “amparo de la estructura gubernamental”. Los otros procesados son Juan Ramón Morales, Miguel Angel Rovira y Rodolfo Almirón, todos ex custodios del Brujo. Los tres están inculpados de delitos graves: Oyarbide los acusó de ser instigadores y partícipes necesarios de al menos diez homicidios. Con esta resolución, el juez pretende acelerar la extradición de la ex presidenta. Isabelita sigue viviendo en su casa madrileña de Villafranca del Castillo aunque debe presentarse cada quince días a la Justicia. Ayer, mientras se conocía el fallo, en las paredes de Buenos Aires todavía se podían ver los afiches de la Unión Ferroviaria con la frase “No jodan con Perón”.

La resolución de Oyarbide tiene 42 carillas y unos cuantos párrafos dedicados a la viuda de Perón. “Existen una serie de indicios que razonablemente permiten sospechar que la ex presidente estaba en conocimiento de la situación y que pese a su posición no articuló los recursos con los que contaba por su condición para evitar que la agrupación continúe con su accionar delictivo. Tampoco evitó que por lo menos esos crímenes no se cometieran desde las estructuras del Estado ni con los medios que el Estado proveía para la seguridad. Si permitió que (la Triple A) continuara actuando desde donde lo hacía, no es irrazonable sospechar que contaba al menos con su consentimiento para la realización de sus actos”, argumentó el juez.

A partir de esos argumentos, Oyarbide consideró que existe “semiplena prueba” de que Isabel participó de alguna manera de la Triple A. Sin embargo, el juez aclaró que no le imputó en forma directa a la ex presidenta los homicidios cometidos por la banda. Entre las pruebas que mencionó en la resolución, citó las declaraciones de testigos que hablaron de “reuniones de Gabinete” en las que “se proyectaban las fotografías de aquellos que habrían de ser eliminados”. Luego explicó que su objetivo, al decretarle la prisión preventiva, era cumplir con los requisitos que exige el Tratado de Extradición con España, suscripto por ambos países el 3 de marzo de 1987. “Por existir sospecha de que la nombrada habría prestado una colaboración esencial a los hechos bajo investigación en este sumario, es que habrá de solicitarle su extradición al reino de España”, afirmó. Oyarbide ya declaró imprescriptibles los delitos cometidos por la Triple A y los calificó de lesa humanidad.

Instigadores y partícipes

Morales, Rovira y Almirón, los otros imputados mencionados en el escrito, fueron procesados por integrar una asociación ilícita y como instigadores y partícipes necesarios de los crímenes de las Tres A. El juez aseguró que “existe semiplena prueba” de que los tres tuvieron una “activa y decisiva participación” al haber sido miembros de la custodia personal del ex ministro de Bienestar Social. Ex comisario mayor de la Federal, Morales es el que más responsabilidad tuvo en aquellos años. “Se encargó personalmente de la organización y transmitía las órdenes que recibía de López Rega, proporcionando los medios para realizarlas y asegurándoles su impunidad”, puntualizó Oyarbide sobre Morales.

Actualmente con arresto domiciliario en su departamento de Palermo, Morales fue imputado por los homicidios de Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza, del hijo de Raúl Laguzzi y los de Daniel Banfi y Luis Latrónica. Rovira fue acusado por los mismos asesinatos. Oyarbide aseguró que aunque no hay pruebas de que sean los autores materiales, ambos participaron como “cooperadores necesarios e instigadores”. Tras enumerar esos cargos, el juez ordenó que se trabe un embargo de 500 mil pesos sobre los bienes de Morales y Rovira. Como su ex socio, Rovira está preso con prisión domiciliaria en su vivienda de Pasco al 1000.

Ex jefe de guardaespaldas de Bienestar Social, Almirón viajó a España en 1975 acompañando a López Rega. En aquel momento Isabelita había designado al Brujo como embajador ante los Estados Europeos, una figura que habilitaba su salida del país. Se había ganado la enemistad de la UOM y Lorenzo Miguel. Tras el golpe militar en la Argentina, Almirón se reconvirtió como “culata” del dirigente neofranquista español Manuel Fraga Iribarne. Hace dos meses, una investigación del diario madrileño El Mundo lo ubicó en las afueras de Valencia. Los vecinos pensaban que era un viejito inofensivo. Su detención terminó reactivando la causa por los crímenes de la Triple A que estaba dormida en los tribunales porteños.

Desde su captura, Almirón está preso a la espera de que Oyarbide cumpla con los pasos previstos en el trámite de extradición. El magistrado le imputa más homicidios que a los otros dos pesados de la Triple A: lo considera instigador y partícipe necesario de los asesinatos de Ortega Peña, Curutchet, Troxler, Frondizi, Mendiburu, Laham, Barraza, Laguzzi, Borghi, Betemps, Banfi y Latrónica. Para reclamar su extradición, Oyarbide enviará a la Justicia española una copia de su resolución describiendo con detalle los crímenes que imputa al (sólo) aparente jubilado de Valencia.