La extradición del represor Ricardo Miguel Cavallo a la Argentina para ser juzgado por crímenes cometidos durante la última dictadura militar está en manos del Tribunal Supremo español, que debe confirmar o rechazar la decisión de la Audiencia Nacional de no someterlo a proceso en ese país.

El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar sobre un recurso de casación presentado por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid, contra la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar a Cavallo en España. Si la Justicia española confirma que rechazará su propia jurisdicción, faltará para completar el trámite que México dé el visto bueno, ya que fue allí donde se detuvo a Cavallo el 24 de agosto de 2000 cuando intentaba huir a la Argentina.

El marino fue extraditado tres años después a España por orden del juez español Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina. Desde entonces, Cavallo está detenido en el penal madrileño de Soto del Real, en una celda común, al igual que el ex marino Adolfo Scilingo, quien en el marco de la misma causa cumple una pena de 640 años por delitos de lesa humanidad.

La sala III de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió el 20 de diciembre inhibirse a favor de la jurisdicción argentina, al entender que tras haberse derogado las leyes de obediencia debida y punto final en el país, el marino debía ser juzgado en el lugar donde se cometieron los delitos que se le imputan.