Como sea, por una u otra razón, siempre vuelven. Durante todo el mes de marzo buena parte del gabinete menemista tendrá que desfilar por los tribunales federales para dar explicaciones por el pago y cobro de sobresueldos en los noventa. El juez Jorge Ballestero fijaría esta semana la fecha de las indagatorias de los ex ministros Domingo Cavallo, Raúl Granillo Ocampo, Elías Jassán y José Armando Caro Figueroa, del ex jefe de gabinete Jorge Rodríguez y de la ex secretaria ambiental María Julia Alsogaray, además de otra decena de funcionarios de aquellos tiempos.

Todos están señalados como sospechosos del delito de peculado, que prevé hasta diez años de prisión para quienes se apropian o desvían dinero público. Las citaciones habían sido impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción (OA), que el año pasado ganaron una pulseada en la Cámara Federal, que descartó la prescripción del expediente y señaló criterios para responsabilizar a quienes administraban, distribuían y cobraban grandes sumas de fondos reservados sin control.

En abril se cumplirán tres años desde que Roberto Martínez Medina, el ex secretario privado de Granillo Ocampo en el Ministerio de Justicia, apareció en medio del juicio que condenó por enriquecimiento ilícito a Alsogaray y dijo que solía retirar 50 mil pesos por mes para su jefe en la Jefatura de Gabinete. Lo hizo, contó, durante casi dos años. En base a esa revelación, el abogado Ricardo Monner Sans hizo una denuncia y se abrió el famoso expediente, a cargo de Ballestero.

En rigor, la ex secretaria ambiental fue la primera en reconocer que recibía un plus proveniente de fondos reservados al intentar justificar el aumento de su patrimonio. Lo repitió en la causa de los sobresueldos, pero se le volvió en contra. El mismo boomerang recibió la ex titular del banco Hipotecario, Adelina Dalesio de Viola, quien, como testigo, dijo que recibía el “adicional” y ahora integra la lista de citados en marzo. Figuran también ex colaboradores de Alsogaray, como Mabel Behal y Santiago Lozano, y su amigo de los tiempos de la Ucedé Jorge Pereyra de Olazábal.

Otro de los indagados será Enrique N’Haux, un ex asesor del directorio del Banco Nación que escribió el libro Maquiavelo no conocía a los argentinos, en el que reveló cómo funcionaba el reparto de sobresueldos en su lugar de trabajo cuando Cavallo era titular de Economía. N’Haux entregó el material a la Justicia e hizo su relato. Dijo que Luis Murina, un colaborador del ex ministro, repartía los sobres en el Nación junto con un formulario que señalaba que ese dinero debía ser declarado ante la DGI invocando la ley secreta de fondos reservados 18.302, vigente desde la dictadura de Juan Carlos Onganía. En 1994 Cavallo blanqueó los sobresueldos como gastos protocolares. El ex titular del organismo tributario, Ricardo Co-ssio, también será indagado.

Allegados a la causa señalan que uno de los imputados con el escenario más adverso sería Rodríguez, “ya que como jefe de Gabinete disponía el manejo de partidas” secretas. El caso de Granillo Ocampo, añaden, tiene la particularidad de que aparece una dudosa triangulación de dinero entre la cartera de Justicia y la SIDE y, en algunos casos, iba hacia otras ministerios.

La investigación de Ballestero tuvo avances y retrocesos. Una primera tanda de indagatorias había sido anulada por la Cámara Federal, el juez dictó faltas de mérito, pero luego los camaristas le señalaron que debía reimpulsar la causa. En octubre de 2006 volvió a llamar a indagatoria a 27 ex funcionarios, interrogó a la mitad, pero los grandes protagonistas quedaron postergados. Les tocará el turno durante marzo y quizá comienzos de abril. La fecha exacta será fijada en los próximos días.

La pesquisa llegó a tener más de 40 implicados, pero por ahora hay sólo dos procesados que irían a juicio oral: el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión y Rodolfo Aiello, el pagador de los sobres en negro desde la Jefatura de Gabinete.