Fuegos de artificio y petardos afuera. Lluvia de papelitos en el recinto. Apenas pasadas las 22.30, el oficialismo celebró la aprobación en general del proyecto que convierte en ley la reforma previsional, aprobada con 209 votos a favor y 10 en contra. No fue un debate más. El proyecto que garantiza la libertad de opción entre el sistema de jubilación privada y el estatal de reparto produjo cruces discursivos que pocas veces la política entrega. La única oposición la entregaron los bloques enrolados en la derecha. Otros bloques, como el del ARI, el diputado de la CTA Claudio Lozano y Jorge Sarghini, del duhaldismo, apoyaron en general pero con fuertes críticas al proyecto. El oficialismo destacó la libertad de opción. La oposición señaló que se desfinanciaba el sistema y se alentaba la especulación de aquellos que tienen altos aportes. Decían que esto producirá un sistema estatal con solidaridad entre pobres y uno privado fortalecido gracias al Estado. A los que habían votado la privatización, en 1993, no se los escuchó. Tantos diputados dijeron haber presentado proyectos similares a éste, que no se entiende cómo una medida similar no fue sancionada con anterioridad.

Los miembros del oficialismo no dejaban de mirar el reloj. Por la demora en los vuelos por el fuerte temporal, el quórum llegó cinco horas más tarde de lo previsto. Cuando el tablero, con sus letras rojas, marcó el tan deseado número de 129 presentes, la defensa del proyecto la comenzó a hacer el kirchnerista mendocino Enrique Thomas, titular de la Comisión de Previsión. Adelantó que con el proyecto se busca bajar los costos del sistema de capitalización, mejorar el rol del Estado y revertir lo que produjo la ley 24.241, que buscó convencer a los argentinos de que era redituable incorporarse al sistema de la jubilación privada. Subrayó que el 89 por ciento de los activos está inscripto en el sistema de capitalización. También destacó que de esos 12 millones de afiliados, más de la mitad no ejerció la opción. Como al pasar recordó que se pretendía generar un mercado de capitales que finalmente nunca existió.

Libertad es la principal virtud que el oficialismo reivindicó en la iniciativa. A diferencia del Senado, donde los debates no suelen tener la sorpresa que da un entramado heterogéneo como el que tiene Diputados, la discusión de la reforma previsional tuvo como punto destacado la revisión de las políticas de los ’90. Y como las políticas las llevan adelante hombres con nombre y apellido, no fueron pocos los legisladores que recordaron a quienes defendieron, en 1993, la creación de las AFJP y de la ley 24.241.

Luego de anunciar el respaldo del bloque radical, el jujeño Alejandro Nievas recordó la defensa de la jubilación privada que habían hecho en el recinto el actual secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el actual superintendente de las AFJP, Juan González Gaviola. El liberal Federico Pinedo fue al diario de sesiones de la época y destacó que al defender la creación de las jubilaciones privadas, Parrilli había dicho: “No estamos arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos, ni tampoco pedimos perdón por lo que estamos haciendo”.

Pinedo expresó su crítica al proyecto y adelantó el voto negativo de los bloques del PRO, de López Murphy y de partidos provinciales. Reivindicó la libertad de opción para los trabajadores pero señaló que se trataba de una nueva estafa para los jubilados. El principal recelo de estos bloques se asentaba en el probable uso que el Ejecutivo pudiera hacer de los mayores fondos que recibirá el Estado, por lo que se espera sea un retorno masivo de aportantes del sistema privado al estatal. La redacción de una cláusula de intangibilidad no les alcanzaba a despejar las dudas.

Luego de adelantar que votaría a favor en general, pero compartiendo algunas de las dudas de Pinedo, el bonaerense Jorge Sarghini, del bloque Justicialismo Nacional, criticó la iniciativa por tener “una mirada cortoplacista”. Puso el acento el uso que el oficialismo hace del superávit de la Anses, de 15 millones de pesos, que el organismo coloca al 2 o 3 por ciento, y que “no paga deudas a los jubilados que representan gastos del 10 por ciento”. Según su diagnóstico, “la Anses se está comiendo la plata de los jubilados”. El debate recién comenzaba, casi todos los oradores destacaban haber presentado iniciativas similares a la que estaba en debate y ninguno de los que habían sido actores destacados de la privatización del sistema decía esta boca es mía.

Tanto Sarghini como posteriormente Lozano repararon que les resultaba llamativo que “las AFJP no hubieran dicho nada”. Para los dos legisladores, el silencio tan solo se entendía porque serán los principales beneficiarias de la denominada reforma previsional. Especulan que en las AFJP quedarán aquellos trabajadores con altos salarios que les generarán buenos recursos y que con la opción de pasar a la jubilación solidaria, especularán en los últimos años de su vida laboral para incorporarse al sistema estatal. Concluyen que esto producirá un sistema de reparto pobre y uno de capitalización fortalecido por los grandes aportes.

El debate crecía, y en las escaleras del Congreso se agolpaban los jubilados que habían llegado en micros desde el Gran Buenos Aires y que comentaban que habían sido convocados por la Anses. “Si hubiera sabido que había que subir tantas escaleras no venía”, comentó a este diario una jubilada que pidió ayuda para descender algunos peldaños. Otros trabajadores comentaban que a partir de las 13 horas, la Anses liberó a sus empleados para que pudieran llegar hasta el Congreso para participar de la discusión del proyecto.

Los jubilados ocupaban los palcos de la segunda y tercera bandeja del recinto cuando la diputada del ARI María América González destacó que “todos sabemos que las administradoras son un negocio. No puedo decirle a un trabajador que deje su futuro en la ruleta rusa. No podemos hacerle caso a Patricia Bullrich, que vendía el sistema de reparto con la Alianza porque lo pedía el FMI porque aumentaba la edad jubilatoria”.

La crítica de María América González a Bullrich, una incorporación que Elisa Carrió espera sumar a sus listas, no es una novedad. Lozano estaba denunciando que se pretendía comparar dos sistemas incomparables que no podían competir entre sí, cuando el ministro Carlos Tomada y el titular de la Anses, Sergio Massa, enfrentaban a los medios que seguían el debate. “No está demostrado que sea así”, respondió Tomada cuando este diario lo consultó por los dichos de Lozano, Sarghini y María América González, que vaticinaban un sistema de reparto pobre y uno de capitalización enriquecido por el Estado.

A las 19.20, Mauricio Macri ingresó en el recinto. No era el mismo que el de la foto de Villa Lugano. Una hora fue el tiempo que le dedicó a la sesión. A las 20.30 ya se perdía escaleras abajo.