Con el proclamado propósito de evitar “un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias”, el Gobierno prorrogó por decreto el recorte de aportes patronales de los establecimientos educativos privados. Pero este esfuerzo oficial podría neutralizarse apenas se precise cómo se va a instrumentar la suba de los salarios iniciales a 1040 pesos que acaba de anunciar la Nación y que impacta en una estructura de costos donde el rubro personal representa entre 70 y 80 por ciento. El tema será discutido en la mesa de diálogo que los responsables de instituciones privadas integran con Guillermo Moreno.

El decreto 151, publicado ayer en el Boletín Oficial, extiende hasta el 31 de diciembre del 2008 una serie de rebajas en los aportes patronales que tributan los empleadores de los docentes y cuya proporción aumenta más cuanto más alejado está el colegio del área metropolitana. Este régimen excluye a los maestros de la provincia de Buenos Aires –donde se concentra el grueso del staff docente del país–, que aportan al local Instituto de Previsión Social, con una contribución especial del 16 por ciento a cargo del trabajador y del 11 a cargo del empleador.

La baja de aportes se suma a la subvención que cada provincia paga a un núcleo de instituciones privadas que lo solicitan y consiguen superar la evaluación de necesidad, definida, entre otros factores, por el arancel que cobran. Las que imponen una tarifa por encima de los 300 o 400 pesos difícilmente califiquen para esa ayuda oficial, que cubre una diferente proporción de la nómina salarial.

Valga de ejemplo que el 66 por ciento de las 4850 entidades privadas del territorio bonaerense recibe ayuda de la gobernación de Felipe Solá para pagar los sueldos. Más de la mitad de ellas cubre íntegramente este costo con los recursos públicos y el 27 por ciento llega al 80 por ciento de esas remuneraciones.

La suba del salario inicial desde 840 a 1040 pesos que dispuso días atrás el ministro Daniel Filmus implica un mayor drenaje de dinero fiscal por varias vías. Las provincias son las que pagan los sueldos del plantel público así como parte de los de las instituciones privadas, a través del subsidio. La Nación, en tanto, ayuda a varias jurisdicciones (la bonaerense, entre ellas) a completar la cobertura de sueldos de los docentes de escuelas estatales.

Según la normativa vigente, los colegios privados que no reciben subvención pueden modificar libremente los aranceles una vez por año, al inicio del ciclo lectivo (algo que muchas de estas entidades hicieron en enero). Pero los que tienen subsidios no pueden corregir sus precios sin la anuencia oficial y por ello resultan los prioritariamente comprometidos con lo que surge de la mesa de diálogo capitaneada por Moreno.

Néstor Barallobres, uno de los conductores de Adepa (Asociación de Entidades Educativas de la República Argentina), aseguró a este diario que los aranceles de marzo se mantendrán, pero que luego habrá que juzgar el impacto real que tiene para cada institución aquella mejora en el salario inicial, lo que entraña el riesgo de fundar un aumento de cuota, adicional a la suba de subsidio que recibe cada uno.

De acuerdo con lo que surgió de las negociaciones en diciembre pasado, los aranceles vigentes hoy, monitoreados por la Secretaría de Comercio Interior, cubren íntegramente los incrementos salariales del 2006 y las subas no salariales que se produzcan durante este año, pero no los nuevos ajustes en remuneraciones. Como este rubro tiene una gran importancia relativa en la estructura de costos, el planteo ante Moreno parece inevitable. El secretario de Comercio seguramente estará también atento a cómo impactará luego esa eventual corrección en el índice de precios al consumidor, en el que hoy los gastos en Educación (servicios y útiles) representan el 4,2 por ciento.