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“Lo que queda claro con el procesamiento en mi contra es que hay una intención de criminalizar los conflictos sociales.” Marina Schifrin, de 41 años, docente desde hace 20, tuvo dos fallos en contra por haber participado en 1997 en el corte de un puente en el acceso a Bariloche en defensa de la escuela pública. Ayer la CTA, la Ctera y varios organismos de derechos humanos anunciaron que la respaldarán en una presentación que hará después de la feria judicial ante la Corte Suprema.
Las instituciones que se reunieron ayer alertaron sobre la existencia de 3000 procesados en el país por su participación en diferentes protestas y repudiaron los fallos contra Schifrin, tanto el del juez federal de Bariloche Leónidas Moldes –que la condenó a tres meses de prisión en suspenso, además de concurrir a manifestaciones públicas– como el de la Sala I de la Cámara de Casación Penal.
“Temo que, según las advertencias que ha hecho el fiscal que actuó en mi causa, (Juan) Romero Victorica, que la quieran usar como jurisprudencia para acusar a la gente que está en lucha”, dijo Schifrin, que es profesora de Matemática de la Universidad Nacional del Comahüe, el Instituto de Formación Docente de Bariloche e integra la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter). En el encuentro de ayer estuvieron presentes el líder de la CTA Víctor De Gennaro, el diputado Alfredo Bravo, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Aurelio Vázquez de Unter y Eduardo Macaluse de Ctera, entre otros.
Schifrin llamó a “articular la resistencia en las organizaciones sociales, y que ningún caso como el mío quede suelto, tenemos que buscar coordinar las luchas”. “A la Corte –dijo– vamos a ir pero no con una idea ingenua, sabemos quiénes son, lo desacreditados que están, y al igual que las asambleas barriales queremos que se vayan.” Por último explicó cuál ha sido y sigue siendo el eje de sus protestas: “No queremos chicos con hambre, ni escuelas destruidas, ningún hombre ni mujer sin trabajo, ni piqueteros muertos por las balas policiales”.