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Los detenidos Enrique Mathov y Rubén Santos ya palpitan su liberación. La Cámara Federal está a punto de resolver la situación procesal del ex secretario de Seguridad y del ex jefe de la Policía Federal, presos en la causa sobre represión del 20 de diciembre, cuando la Alianza abandonó el poder tras una rebelión popular. Y se pronunciará a favor de la excarcelación de ambos ex funcionarios. Página/12 también pudo saber que los camaristas de la sala I estudian seriamente el planteo de los fiscales del caso y de la Correpi, quienes vienen sosteniendo que el ex presidente Fernando de la Rúa y su ex ministro del Interior Ramón Mestre deben ser llamados a indagatoria para ser interrogados por los cinco asesinatos ocurridos aquel día. El fallo podría conocerse hoy mismo o la semana próxima, al término de la feria judicial.
Mathov admitió que el 20 de diciembre ordenó despejar la Plaza de Mayo. La noche anterior la policía había reprimido a los manifestantes que pedían la renuncia de De la Rúa. Pero antes que la vallaran volvieron a la plaza. Mathov estaba preocupado porque el entonces presidente tenía que ingresar a la Casa Rosada y la protesta estaba demasiado cerca. Transmitió la orden al comisario Rubén Santos. La represión se extendió hasta el Obelisco y sus hombres usaron balas de plomo. Así mataron a Fernando “Petete” Almirón, Gustavo Benedetto, Gastón Riva, Diego Lamagna y Alberto Márquez.
Al indagarlos, la jueza María Servini de Cubría les imputó, entre otros hechos, lesiones y muertes. Pero al resolver sendas situaciones procesales, no se expidió sobre esos sucesos. Al ex jefe policía lo procesó por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, y al ex funcionario delarruista por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de dar cuenta a la autoridad competente sobre detenciones ilegales. Nada dijo respecto a los homicidios. Cuando la Cámara le ordenó que lo hiciera optó por la falta de mérito. A Santos le amplió un mes más tarde el procesamiento por homicidio, pero hasta ese momento ambos habían estado presos a pesar de que los delitos que se les imputaban eran excarcelables. Sin embargo, Servini los encarceló porque consideró que esos ilícitos estuvieron “agravados por las circunstancias sociales de la represión del 20 de diciembre”. La Cámara revocará ese razonamiento y así Santos y Mathov podrán salir de sus celdas en la Gendarmería. Fuentes judiciales que trabajan en el quinto piso de los tribunales federales especularon con la posibilidad de que los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani ordenen la detención del jefe policial que dirigió la represión aquella jornada.
Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers plantearon reiteradas veces a la jueza María Servini de Cubría que De la Rúa y Mestre debían ser interrogados sobre las muertes porque consideran que incurrieron en una omisión en el debido control de sus subordinados durante la represión. La magistrada nunca accedió, los indagó por 29 detenciones ilegales realizadas bajo el estado de sitio y finalmente les dictó la falta de mérito. Los abogados de la Correpi, que representan a algunas de las víctimas de la masacre de Plaza de Mayo, expresaron en su apelación ante la Cámara que el mismo razonamiento que Servini aplicó al analizar la responsabilidad de Santos sobre los asesinatos debía aplicarse a los otros tres ex funcionarios imputados. La abogada María del Carmen Verdú había indicado que “en esta compleja causa debe ser analizada la responsabilidad material del policía que apretó el gatillo y la responsabilidad política de toda la cadena de mando, hasta (Fernando) De la Rúa”. La defensa del ex presidente y del ex secretario de Seguridad sostuvieron en su momento que las decisiones políticas nada tenían que ver con la implementación concreta de las órdenes emitidas. Si los camaristas siguen la líneatrazada por los querellantes de la Correpi, y más precisamente por los fiscales, podrían emitir un fallo histórico en el que por primera vez esas decisiones políticas sean juzgadas como responsabilidades penales.