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Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Esos son los dos delitos en que, a criterio del fiscal de instrucción Pablo Lanusse, habrían incurrido el presidente Eduardo Duhalde y todos sus ministros al firmar el decreto que suspendió por 120 días la devolución de los depósitos atrapados en el corralito y por esa razón pidió que sean investigados por la Justicia. La denuncia del representante del Ministerio Público no es el único problema que se le planteó al Gobierno en el frente judicial: la jueza Liliana Heiland dictó también ayer la inconstitucionalidad parcial del decreto y el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó un recurso de amparo para que no sea aplicado hasta tanto se resuelva si es válido o no.
En el escrito que presentó ante la Cámara Federal y que recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadío después del sorteo de rigor, Lanusse también cuestionó la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia al que apeló Duhalde para frenar el drenaje de depósitos bancarios. “Se dictó una norma contraria a la Constitución nacional por medio de la cual se pone en peligro su propia vigencia”, destacó el fiscal en su presentación y agregó que “tampoco llega a comprenderse si realmente con su dictado se intenta preservar el interés público y los derechos patrimoniales de los ahorristas o los deseos de organismos internacionales como de bancos locales que parecieran encontrarse en los antípodas de los primeros”.
El decreto firmado por Duhalde el último martes ordena la suspensión del cumplimiento y ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias definitivas en favor de ahorristas que reclaman la liberación de sus depósitos atrapados en el corralito. En sus fundamentos se dijo que la situación del sistema financiero “pone en grave peligro la continuidad de sus prestaciones” y públicamente los funcionarios del Gobierno argumentaron que había sido dictado para “proteger” a los ahorristas.
Lanusse consideró que “se vulneró el principio de la ‘cosa juzgada’ al establecerse por medio de esta norma que las sentencias definitivas no serán tales, sino que se suspenden en el tiempo por decisión del Ejecutivo”, pero agregó que “más grave es el contexto en que se dicta esta nueva norma que no es otro que el proceso de juicio político que en el Congreso se sustancia contra los integrantes de la Corte Suprema”. En el marco de un análisis más político, el fiscal especuló que el decreto “podría tener por fin dar oxígeno al Alto Tribunal que habría dicho que no se expediría sobre el fondo de la cuestión que preocupa al Ejecutivo (ley denominada Tapón) y recordó que “casualmente el juicio político a la Corte está ‘demorado’ en Diputados”.
Mondino también recurrió a la Justicia por considerar que el decreto “resulta absolutamente arbitrario, no razonable y sin ninguna duda afectando los intereses de los ahorristas, en cuanto reiteradamente violenta derechos y garantías constitucionalmente reconocidos: el de propiedad, el de acceso a la jurisdicción y la división de poderes”. El defensor del Pueblo reflexionó que “pareciera que estamos frente a un caos que vulnera principios y derechos constitucionales, dictando normas que sólo favorecen a una de las partes (es decir, al Ejecutivo y el sistema financiero) y no, como se pretende hacer creer a los habitantes de nuestro país”.
La presentación de Mondino quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Marta Emilia García y apunta a conseguir una nueva declaración de inconstitucionalidad del decreto. Al respecto, el Colegio Público de Abogados porteño fijó ayer su posición: “Es –dijo– claramente inconstitucional”.