Los asesinatos cometidos el 19 y 20 de diciembre de 2001 ya tienen su primera condena. Un tribunal oral de La Matanza sentenció al empresario Luis Mazzi y a su custodio, el prefecto retirado Bernardo Joulie, a quince y seis años de cárcel respectivamente, por los homicidios de Damián Ramírez y Ariel Salas, ocurridos durante el intento de saqueo a un pequeño centro comercial de Ciudad Evita. Al grito de “¡asesinos, asesinos!” estalló en la sala de audiencias la bronca de los familiares, que habían esperado el veredicto con ansiedad contenida, tomados de las manos. En los pasillos y en la calle se sucedieron incidentes que plasmaron esta indignación. Pero más allá del descontento de los allegados a las víctimas, los abogados coincidieron en rescatar que el fallo no convalidó la “legítima defensa” ni el accionar de cualquier parapolicial o persona que se arme en defensa de sus bienes. La sentencia, que contuvo citas del historiador Eric Hobsbawm, indicó que las víctimas “ni saqueaban ni apoyaban a los saqueadores” y hubo, además, una “escandalosa desproporción” entre la amenaza invocada y la reacción de los agresores. Así culminó el primer juicio oral por la crisis de 2001, que se cobró la vida de 39 personas en todo el país. Aunque en este caso los responsables son un civil y un ex miembro de una fuerza de seguridad, casi todos los demás se produjeron por la represión policial (ver aparte).

Frente a los tribunales de San Justo, en Almafuerte y Mendoza, los familiares y amigos de Salas y Ramírez instalaron una carpa y carteles para seguir las jornadas del juicio oral. Organizados en la Asociación Madres de La Matanza contra la Impunidad, acompañaron también ayer los momentos previos a la sentencia. “Ariel, Damián, presentes, ahora y siempre”, era el canto que llegaba hasta adentro del edificio, mezclado con sonido de bombos. El mate dejó paso a las bebidas frescas en el “aguante”, porque la temperatura comenzaba a subir, incluso adentro del tribunal oral criminal 3.

Una hora y media más tarde de lo previsto, el secretario de los jueces Jorge Van Estaden, Diana Volpicina y Liliana Logroño empezó a leer parte de la sentencia. En el banquillo estaba el ex agente de la Prefectura Bernardo Alonso Joulie y el comerciante César Maguincha, que resultó absuelto. Hay otros tres imputados cuya situación está pendiente en la Cámara de Casación. Los fiscales de instrucción, Eduardo Castelli, y de juicio oral, Sergio Antín, los habían acusado también por tentativa de homicidio contra Juan Oviedo y por las lesiones que sufrió Néstor Galván. Mazzi decidió no estar presente, pero entre el público se hizo oír su esposa, Adriana. “Me adherí como madre desde el principio por la verdad, pero ahora nosotros estamos perseguidos, mi marido es un hombre de bien, nadie está exento de una situación así”, dijo a quien quisiera escucharla con enorme indignación.

“El Tano” Mazzi es dueño de siete locales ubicados en Cristianía y Maciel, del barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita. A las siete de la tarde del 19 de diciembre empezó a los tiros, con su custodio Joulie y otros tres comerciantes. Se habían enterado de los saqueos y fueron en un colectivo a buscar armas de todo tipo de calibre. Mazzi usó una Itaka y su guardaespaldas el arma de puño, una 9 milímetros. Según la defensa de los imputados, ejercida por los abogados Miguel Angel Pierri e Isabel Cantero, actuaron en “legítima defensa” ante la “actitud ilícita de los saqueadores, y “los que no saqueaban estaban apoyándolos”. Pero los jueces consideraron que Ramírez –un adolescente de 14 años que cursaba el octavo grado– no tenía palos ni piedras y que “estaba curioseando” junto a las demás personas.

Morir por nada

El cuerpo sin vida de Damián Ramírez cayó a los pies de su mamá Raquel y de su hermana Rosana. “Mi hijo salió a mirar como tanta gente, jamás imaginé que me lo iban a matar. La bala le entró por debajo de una oreja y le salió por la otra”, describió ante Página/12. “A los locales de Mazzi no los saquearon”, agregó. Este diario quiso saber si el empresario pudo haber gozado de alguna protección por sus supuestos vínculos con políticos, pero la mujer sólo pudo expresar que “es altanero y tiene cara de mafia”.

Ariel Salas –30 años, empleado en una joyería de Almagro– había podido salir antes de su trabajo porque el dueño lo autorizó, dado el estado de rebelión popular y represión policial que se vivía aquella jornada, que marcó el sangriento final del gobierno de la Alianza. Lo mataron de un escopetazo cuando bajaba del colectivo 180. Su padre, Juan Domingo Salas, bajó la mirada cuando escuchó el veredicto. Y al rato expresó: “No estoy conforme. Mi hijo no tuvo nada que ver con los saqueos, bajaba del colectivo y ligó un itakazo de Mazzi, por eso 15 años no es nada”. Los abogados querellantes habían pedido 25 años para Mazzi y 18 para Joulie.

Roxana Ramírez se paró sobre las sillas y comenzó a insultar a los imputados. Mientras la sacaban de la sala, en medio de una crisis de nervios, gritó: “¡¿Esta es la Justicia argentina...? Mi hermano tenía 14 años...!”. Con la misma desesperación y en medio del llanto, David Salas recordó que su hermano recibió “47 perdigones en la cara” y que “era un laburante, no un saqueador”. Ya desencajado, mostró a las cámaras la foto de su sobrina, “una nena de seis años que el asesino dejó sin padre”. Mientras tanto, la mamá de Damián se desvanecía en las escaleras. Un psicólogo y un abogado del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, del gobierno bonaerense, intentaron contener tanto dolor. “(Joulie) estuvo cinco años con la prisión domiciliaria, con salidas recreativas y todo. Mi hijo estaba a quince metros, se da vuelta y lo mata por la espalda. La condena no fue justa, correspondía la misma para los dos. Con la condicional, ya casi está en la calle”, dijo Carlos Ramírez mientras sostenía a su esposa, que se reponía del desmayo.

Según la Justicia, Mazzi fue el autor de la muerte de Salas, mientras que Joulie fue encontrado culpable por la de Ramírez, aunque obtuvo una pena inferior dado que el delito que le adjudicaron fue homicidio “en riña”. Durante el proceso, ambos gozaron de la prisión domiciliaria, a pesar de que estuvieron prófugos durante varios meses. Ahora los condenaron a cárcel efectiva, de modo que Joulie volvió a la Unidad 29 de Melchor Romero. Sin embargo, como lleva cuatro años y medio con prisión preventiva, estará en condiciones de salir muy pronto. En cambio, Mazzi deberá esperar cinco años y medio para pedir la libertad condicional. Probablemente ese cálculo haya desatado la ira de los familiares. Durante el juicio quedó asentado que Joulie tuvo un expediente psiquiátrico en Prefectura por el cual le llegaron a retirar la portación del arma. También se comprobó que el empresario amagó a disparar incluso a quienes intentaron ayudar a Salas. La defensa alegó que hubo una zona liberada y por eso tuvieron que defenderse ellos mismos. La querella replicó que pudieron buscar una manera disuasiva, como algunos comerciantes, que usaron gases lacrimógenos.

El calor del mediodía empezaba a sofocar y la tensión seguía instalada en la vereda del tribunal. Los manifestantes corrieron al abogado Pierri cuando salía, pero enseguida la policía lo protegió. Asimismo, intentaron ingresar por el garaje por donde sacarían a los imputados y en ese momento la madre y la hermana de Damián Ramírez terminaron en el suelo, llorando abrazadas y desconsoladas.