En silencio, con meticulosidad, la investigación sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura avanza en una nueva línea. El fiscal Federico Delgado analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios: los tres lugares fueron destinados para uso de la SIDE. Son sólo algunos ejemplos de lo que Delgado llama, en un dictamen preliminar, “la mercantilización del terror” o “la dimensión económica” del plan represivo.

Hasta ahora, sólo la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA había avanzado en el esclarecimiento de varios casos de robo y desapoderamiento de bienes de desaparecidos. Siete marinos e incluso el hijo del dictador Emilio Massera fueron responsabilizados hace más de cinco años por la apropiación –a través de una cadena de sociedades ficticias– de valiosas tierras de Chacras de Coria que pertenecían al empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez. Tiempo después, el juez Sergio Torres abrió directamente una nueva causa sobre el despojo de sus pertenencias a las víctimas de la dictadura. Algunos detenidos fueron obligados a transferir su casa o a firmar poderes para entregar departamentos.

El expediente sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Delgado, abarca los secuestros y desapariciones en varios campos de concentración como Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo, incluye casos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay 63 imputados en todas estas causas, de los cuales cerca de 40 están detenidos, y hay 14 excarcelados.

Cuando pidió, algunos meses atrás, ampliar esta investigación a su faceta económica, Delgado planteó un esquema teórico como punto de partida. Señaló que mientras en un “nivel macro” se desplegó un plan criminal “con el objetivo de despolitizar” y sentar “un nuevo patrón de acumulación”, a “nivel micro el terror se tradujo en una licencia para delinquir para quienes eran parte del régimen de manera concomitante con la represión”.

Plata, joyas, inmuebles

El fiscal sostiene que con sólo mirar algunas causas que tramitaron como delitos comunes se llega a advertir –por empezar– un entramado de agencias de seguridad que operaron durante la dictadura, con participación en muchos casos de agentes de inteligencia, de diferentes maneras: hacían inteligencia “paralela”, investigaciones financieras, implementaban secuestros, se encargaban del arrebato de bienes de los desaparecidos y servían de fachada para hacer distintos negocios con el dinero o las cosas que sustraían.

Una de las hipótesis de la fiscalía es que la empresa Magister Seguridad Integral SRL fue creada para “incorporar el dinero producido de los bienes de los que fueron despojadas las víctimas” de Orletti, que se repartía bajo supervisión del ex agente Aníbal Gordon y con ayuda de un contador de apellido Benítez. El general Otto Paladino, jefe de la SIDE y de aquel centro clandestino de Flores, dirigía Magister. Mientras estuvo en la central de espías evitó aparecer oficialmente en la sociedad, pero figuraban su esposa, su hija y varios miembros de la banda de Gordon, entre ellos Eduardo Ruffo, detenido el año pasado por 65 secuestros y desapariciones en Orletti, y César Enciso (yerno de Paladino).

Magister, en los papeles, ofrecía estudios económicos y de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, seguridad y espionaje industrial. En la práctica, habría recibido y canalizado “el botín de guerra” –joyas, dinero, inmuebles– de Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Buena parte de lo robado habría pertenecido, según investiga Delgado, a un grupo de uruguayos detenidos allí, que pertenecían al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).

Aquí es donde la pesquisa de la fiscalía se topa con la apropiación de inmuebles para uso de la SIDE. Ya recogió testimonios que indican que un grupo de detenidos de Orletti fue obligado a concretar una venta, con nombres falsos, de propiedades que había comprado el PVP en Buenos Aires. Ya se habría verificado que un edificio en la calle Juana Azurduy que utilizó la central de espías era de los militantes uruguayos. En otros casos, se habría utilizado dinero de esas personas para comprar una sede para la SIDE en la avenida Coronel Díaz y otra en La Plata, cuyos anteriores propietarios fallecieron. Al analizar las operaciones de compra-venta los investigadores encontraron como patrón común los tres inmuebles que el primer asiento de compra es de 1976. En dos de ellos la adquisición la realiza Osgra SRL, una empresa pantalla usada por la SIDE, que luego transfiere el bien a Timayu SA, que a la vez en 2003 le hace una donación al Estado.

Hay un cuarto edificio en la mira, en la calle Rawson: la SIDE le dice a la Justicia que no le pertenece, pero en el Registro de la Propiedad está a nombre del Estado nacional. Hay testimonios que indican que allí, con la fachada de una supuesta Agencia Noticiosa Argentina, funcionaba el GTE (Grupo de Tareas Exterior) del Batallón 601 de Inteligencia, que hacía tareas de inteligencia sobre extranjeros. A Gordon, de hecho, se le encontró una credencial de esa falsa agencia de noticias. Son indicios de que las actividades de inteligencia de todo tipo, incluso financiera, también se habrían plasmado por una vía estatal.

Delgado sospecha que en secuestros extorsivos que fueron juzgados como casos aislados, también pudieron estar detrás Magister y otras empresas. El mapa, que está en pleno estudio, incluye cerca de diez agencias. Una de ellas, llamada Sidip, pertenecía al ex agente de inteligencia luego vicecomodoro de la Fueza Aérea Schillizzi Moreno y tuvo entre sus miembros a Jorge Rizzaro, sobrino de Aníbal Gordon. Estaba instalada enfrente de la ESMA. En los inicios de la causa sobre la Triple A, fue allanada y se encontró un arsenal y algunas armas de lo más sofisticadas: por ejemplo, un cinturón que disparaba. Otra de las compañías del ramo bajo sospecha se llamaba Scorpio SA y, en teoría, estaba ligada al propio jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Paradójicamente, Scorpio fue allanada en plena dictadura en el marco de un hábeas corpus. Se secuestraron armas y uniformes militares, pero ahí quedó todo.

Venta de armas

Uno de los primeros datos que salió a la luz de la investigación de Delgado el año pasado fue la participación del ex titular del PAMI del menemismo, Víctor Alderete, como síndico de una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas, algo que había revelado Página/12 en 1997. El emprendimiento, llamado SMC, pertenecía a Suárez Mason y al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. También aparecían como socios al vocero de Alfredo Yabrán, Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge y su socio y futuro proveedor de la obra social de jubilados, Roberto de Filippis. SMC tenía un registro amplio, difuso, de actividades. Entre ellas aparecía la compra y venta de frutos y de bienes de la industria metalúrgica. Todo apuntaría, sin embargo, a que se habría dedicado a la venta de armas.

El fiscal planteó profundizar la investigación sobre tráfico de armamento durante la dictadura y planteó, como una hipótesis en ese sentido, la relación entre secuestros extorsivos a grandes empresarios ya sea “con fines de enriquecimiento particular” como con posibles “intentos de solventar incursiones bélicas en el exterior y/o el acopio de armamentos” en Argentina. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur. En ambos casos intervino el ex agente Leandro Sánchez Reisse, del GTE, quien (para evitar su extradición) reveló detalles ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 1987. Sánchez Reisse dijo también que junto con su socio Raúl Guglielminetti tenían en Miami dos firmas para triangular dinero y proveer armas: Argenshaw y Silver Dollar SA La segunda, también figuraría en Argentina.

Atajos del saqueo

Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.

Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo. Esto provocó que hubiera una avalancha de juicios al Estado. Una comisión liquidadora en el ámbito del ministerio de Economía debió encargarse del tema. Llegó a destinar más de 200 millones de dólares en indemnizaciones. Entre los bienes devueltos figuran la Casa de Gaspar Campos y la Residencia de Puerta de Hierro en Madrid, que fueron de Juan Domingo Perón y luego de Isabel. La fiscalía hace meses que pide los expedientes de la Conarepa, pero hasta ahora les dicen que nadie saben dónde están.

La reconstrucción de las piezas claves de la “mercantilización del terror” parece ser una tarea ardua y compleja. El fiscal, en principio, cree que a los delitos económicos del régimen dictatorial no se los puede equiparar con crímenes de lesa humanidad, pero se los puede perseguir penalmente. Busca establecer responsabilidades individuales, pero también institucionales. Habrá que ver si el paso del tiempo permite aplicar penas, y cuántos de los responsables todavía viven para ese entonces.

“Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos”, asegura la fiscalía. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas “para asegurarse el éxito de sus acciones criminales”.