Lejos de representar un hecho aislado, la muerte del profesor neuquino Carlos Fuentealba no hizo más que consolidar un dato estadístico desde el retorno a la democracia: día por medio una persona pierde la vida producto de la represión estatal.

“Esto demuestra que después de la dictadura se mantuvo una política de Estado donde unos pocos tienen que ejercer la dominación sobre muchos. Y la manera de ejercer esa dominación es reprimiendo”, señaló a Página/12 María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

La Correpi actualiza permanentemente un archivo de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. El informe del año pasado –en rigor desde el 10 de diciembre de 2005 al 9 de diciembre de 2006– reveló 174 nuevas muertes. La búsqueda y el procesamiento de datos de lo sucedido desde entonces hasta la fecha aún no han concluido. No obstante, la Correpi informó a este diario el registro de 27 nuevos casos de víctimas de la represión estatal. Así, con el asesinato de Fuentealba en manos de las fuerzas a cargo del gobernador Jorge Sobisch, la Correpi contempla un total de 662 casos desde el 25 de mayo de 2003, día de inicio de la gestión de Néstor Kirchner.

Si bien el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que la muerte del profesor neuquino fue resultado de la política de “mano dura” de Sobisch, y que ésta no condice con el lineamiento “disuasivo” que pregona el Gobierno, para la Correpi no existe tal distinción.

“Kirchner y Sobisch son contrincantes electorales y se diferencian en el marco de esa puja electoral. Pero lo que está sucediendo en todo el país es producto de una política de Estado, independientemente del color político. De hecho, los efectivos de Gendarmería que ocuparon las escuelas de Santa Cruz dependen del gobierno nacional”, cuestionó Verdú.

En ese sentido, resalta que la represión no es patrimonio de un distrito en particular. Según la Correpi, en 2006 la Policía Bonaerense intervino en la mayoría de los casos (el 47,44 por ciento) y le siguieron en orden las de Santa Fe (11,93) y Córdoba (8,85). Pero si se distribuyen los episodios en proporción a la población de cada provincia, se descubre que el fenómeno represivo se extiende de manera homogénea a lo largo y a lo ancho del país. “Este es otro dato que demuestra que no importa de qué partido es el gobernador de turno. Ninguno muestra problemas de conciencia a la hora de reprimir”, atiza Verdú.

La Correpi asegura que los jóvenes, sobre todo los de bajos recursos, son el blanco favorito de una forma de represión que se denomina “preventiva”. ¿Su objetivo? “Controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.” ¿Qué pasa con los grupos organizados, como es el caso de los docentes que protestaron en Neuquén? Verdú contesta: “Aunque en menor proporción, estos sectores también empiezan a ser víctimas de la represión a partir del crecimiento de las luchas salariales. Y no sólo de la fuerzas del Estado sino también de patotas oficiales y oficiosas, como sucedió en el Hospital Francés”.

Si de muertes por represión se trata, la evolución de los números de la última década es escalofriante. En 1996 se registraron 262 casos, llegando a un total de 2114 para fines de 2006. La curva fue marcadamente ascendente durante la crisis de 2001 y, si bien a un ritmo menor, siguió creciendo durante la administración kirchnerista. Un dato para no pasar por alto. Es marcado durante el período 2003-2006 el aumento de muertes en cárceles y comisarías (42,04 por ciento del total). Muchos de esos casos corresponden a hechos de tortura seguidas de muerte. En cambio, las pérdidas de vida durante el desarrollo de protestas sociales representan un 0,15 por ciento.

En las 174 muertes ocurridas durante 2006, las distintas policías de todo el país tuvieron intervención en el 68,13 por ciento de los casos. El resto se distribuye entre los servicios penitenciarios (15,58), Policía Federal (9,63), seguridad privada (2,03), Gendarmería (1,61) y Prefectura Naval (1,09).

Correpi es una organización de derechos humanos que se constituyó en 1992 con la confluencia de abogados y familiares de víctimas de la represión policial, a partir de la caracterización del fenómeno represivo como “funcional e inherente al sistema”. Esa convergencia fue el fruto de la síntesis entre diversas experiencias anteriores, en particular las respuestas populares frente a la denominada “masacre de Budge”, en 1987, y el asesinato del militante cristiano Agustín Ramírez en San Francisco Solano, en 1988 –ambos en la provincia de Buenos Aires– además del homicidio de Walter Bulacio en la Capital.

Según la Correpi, no se puede atribuir la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura” o “desbordes individuales”, como argumentó Sobisch para explicar el accionar del sargento primero Darío Poblete. Por el contrario, la organización considera que aquellos que creen posible desmantelar el aparato represivo sin cambiar al Estado “son como la rana que confió en que el escorpión dejaría de lado su naturaleza, lo subió sobre su lomo, y terminó en el fondo del río”.