Desde que a fines de los noventa una investigación desnudó cómo la Policía Federal fraguaba causas de drogas, no se registraba entre jueces y fiscales de la ciudad de Buenos Aires la desconfianza de los últimos meses. Así lo contaron a Página/12 una decena de fuentes del más alto nivel en la justicia federal y en la justicia en lo criminal de la Capital. Esta vez ya no se trata de la vieja práctica de “hacer estadística”, sino de la casi nula tarea de investigación policial sobre las bandas de narcotraficantes peruanos que gobiernan el comercio de cocaína en la ciudad. Este diario confirmó que la Federal fue apartada de por lo menos tres causas judiciales por las sospechas sobre su inacción. “Nunca se hicieron las tareas de inteligencia que se solicitaban desde la fiscalía. Y cada vez que se ordenó una escucha telefónica era obvio que los traficantes eran avisados porque inmediatamente se caían esas líneas”, dijo uno de los investigadores que intentan avanzar en la pesquisa más compleja que se lleva adelante en las oficinas de Retiro pero con investigadores de Gendarmería Nacional.

Sobre la balanza de los funcionarios judiciales pesa que:

- La principal causa en la que se intenta desbaratar una red de distribución de droga en la Capital pasó poco más de un año en una sorprendente inmovilidad. En el Juzgado Federal 2, a cargo de Jorge Ballesteros, fuentes judiciales aseguraron a Página/12 que a lo largo de ese tiempo “solo se volvían a ordenar la tareas de inteligencia a la Federal, y nunca dieron resultado”.

- Los investigadores del juzgado apuntan a la ineficacia no solo policial sino también del fiscal federal Miguel Osorio, quien tuvo a su cargo la pesquisa hasta que la asumió personalmente Ballesteros. “Es difícil que consiguiéramos algo cuando en las testimoniales de los propios policías dicen que tienen uno o dos en terreno y diez desgrabando conversaciones de las que no surgen elementos”, se excusó un funcionario de la fiscalía.

- Ballesteros decidió apartar a la Federal de la investigación, un golpe duro para la División Drogas Peligrosas, a cargo del comisario mayor Carlos Gorocito. Y en su lugar convocó a la Gendarmería.

- La actuación de la Gendarmería no garantiza, según coinciden las fuentes, que se prospere. No solo se trata de un problema territorial, al ser los gendarmes ajenos a las zonas de conflicto, sino que deben lidiar con las artimañas de los federales. Históricamente, se desprecian. “Hubo una agarrada entre Policía Federal y Gendarmería. Los gendarmes que estaban haciendo inteligencia de civil se cruzaban con el personal de la Brigada. En una oportunidad le cruzaron el patrullero, y luego intentaron detenerlos. No pararon hasta que los gendarmes sacaron el fierro”, contó una fuente de Comodoro Py.

- Cuando Ballesteros apartó a la Federal, hombres de todas las brigadas y divisiones montaron un operativo contra la zona investigada. “Saturaron la villa de policías. Eso no hizo más que aumentar los procedimientos por consumo y trabar al juzgado que investiga, alertar a los narcos, llevar todo a cero”, se quejó un fiscal de Comodoro Py.

- “El megaoperativo que lanzaron en el barrio solamente sirvió para agarrar a pendejos con paco. No hubo procedimientos serios. Salvo dos excepciones, todo es consumo”, contó un investigador de Ballesteros.

Bruta, ciega, sordomuda

A la inacción en el expediente federal que investiga a los narcos peruanos se le suma una serie de acciones policiales sospechosas en las causas del fuero criminal porteño que investigan delitos relacionados con la disputa territorial por el tráfico de drogas.

- El caso paradigmático es el de los enfrentamientos armados que provocaron el terror de los vecinos del barrio Rivadavia I y II, del Bajo Flores, a mediados de octubre del 2006. Cuando Página/12 consultó a la fiscalía de turno con la comisaría 38ª sobre la muerte de Brian Vigiano, un chico de 17 años asesinado por un clan narco, la funcionaria a cargo nada sabía de lo ocurrido.

- “El comisario (Guillermo) Sodini no nos había comunicado nada grave. Era demasiado extraño. ‘No pasó nada’, me dijo cuando lo consulté. ‘Pero tenemos un muerto y hubo 45 minutos de tiroteo’, le respondí”, le contó la fiscal Cristina Caamaño, a Página/12. Luego se demostró que hubo una comunicación entre las dos comisarías a las 5.35 de la mañana, de manera que era imposible que los comisarios de la zona no tuvieran toda la información. “Al rato Sodini me reconoció que sí, habían matado a un joven, pero como había entrado al hospital Piñero, lo llevaba la comisaría 36ª”, explica Caamaño.

- Otro de los hechos que llamaron la atención de la fiscal fue que por teléfono Sodini le informó que habían detenido a Antonio Gabriel Sánchez Silveira, un joven que habría participado de los enfrentamientos entre narcos. Luego sólo apareció un revólver de uso civil que derivó la causa a la justicia contravencional. “De manera que nos dejaron fuera del caso gracias a que no se iniciaron actuaciones por los tiroteos que por varios testigos supimos que hubo”, explicó Caamaño.

- Otra de las fiscalías que apartaron a la Federal de las investigaciones sobre crímenes relacionados con el narcotráfico fue la Criminal de Instrucción 13. Su titular, Marcelo Roma, explicó a Página/12: “En torno al homicidio de Brian Vigiano descubrimos varios tiroteos. Era extraño porque no encontrábamos víctimas ni actuaciones policiales que dieran cuenta de esos enfrentamientos. Luego los heridos de esos tiroteos aparecían en el hospital Piñero”.

- “Para dar un ejemplo –dice el fiscal Roma–, nosotros estábamos investigando otro delito, citábamos a un testigo y nos contaba que no sabía nada del hecho por el que lo convocábamos sino que había visto otro, un tiroteo entre veinte personas armadas de un lado y diez del otro. Así supimos que había enfrentamientos de entre quince minutos y una hora con muchos testigos, y sin embargo no había habido intervención ni actuación de la policía”.

Lo pasado pisado

Otro de los funcionarios judiciales que se percataron de que la Federal le estaba mintiendo fue el titular del juzgado en lo Criminal de Instrucción 10. Cireruello detectó contradicciones reiteradas en las declaraciones testimoniales de los policías de la 36ª y la 38ª la noche que mataron a Brian Vigiano. El juez los hizo declarar en su despacho y como los agentes no se pusieron de acuerdo inició un expediente por falso testimonio.

Ante la atomización de los hechos violentos relacionados con las guerras de narcos, los fiscales Mónica Cuñarro, de la fiscalía 16, y Carlos Rívolo, de la Fiscalía Federal 3, presentaron una denuncia ante la Cámara Penal porteña. La denuncia no prosperó porque tanto el juzgado sorteado como la fiscalía a cargo de Martín Sansone dijeron que la posible complicidad policial con los narcos debía ser investigada en las causas que se tramitan en el fuero federal, al que le corresponden los delitos de drogas. Por su parte, en la investigación del homicidio de Brian Vigiano, apenas vio una sospechosa actuación de la 38ª, la secretaria de la fiscalía 18, Angela Pagano, hizo que el expediente judicial fuera instruido por la División Homicidios. Pero luego trabajó en colaboración con otros fiscales que, como Roma, preferían a la Gendarmería para investigar. Con las pruebas reunidas en varias fiscalías al mismo tiempo, los pesquisas del homicidio del joven concluyeron que se trataba de un crimen cometido por error en el medio de una guerra territorial de narcotraficantes. Por eso la causa fue derivada también al fuero Federal, donde también sería investigada por los gendarmes.

En el balance que los consultados en esta investigación hacen de la Federal, se destaca la figura polémica del hombre que conduce Drogas Peligrosas desde comienzos de 2005: Carlos Gorocito. Las fuentes señalan que este comisario mayor fue uno de los investigados por el armado de causas de drogas inventadas por la policía para “fabricar estadística”. Gorocito fue acusado e imputado en una de esas investigaciones, por ser presuntamente responsable de los operativos cuando era subcomisario. Entre 1996 y el año 2001 Gorocito fue investigado en un caso en el que se le había plantado cocaína a un adicto. El juez federal Norberto Oyarbide le inició una causa que se cerró en el 2001, cuando lo sobreseyeron por falta de pruebas.

“Nunca pudimos llegar a probar la participación del núcleo duro. La policía plantaba droga, autos robados, eso significa que tenía relación con narcos, con ladrones de autos”, le dijo a Página/12 un magistrado federal. Si se hace historia sobre las redes narcos en la ciudad, lo cierto es que entre 1996 y 2000 las grandes bandas de peruanos construyeron su poder. Mataron a decenas de personas, entre ellas a sus competidores paraguayos. Quemaron casas. Expulsaron familias de la villa. ¿Que hacía entonces la Federal? Estadística, dicen. El chiste que circula en los pasillos judiciales lo explica.